La Audiencia de Barcelona rechaza investigar el blanqueo de capitales en el 'caso Negreira'
Los magistrados descartan abrir una pieza separada porque, de momento, no encuentran indicios de este ilícito penal
Can Barça respira tranquilo. La Audiencia Provincial de Barcelona descarta que exista un delito de blanqueo de capitales en el caso Negreira, por lo que rechaza abrir una pieza separada como pretendía el juez que instruye la causa que investiga los pagos millonarios que realizó el club azulgrana al dirigente arbitral. La Sección 21 ha admitido los recursos presentados por el FC Barcelona, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez.
Los magistrados concluyen que, por el momento, no se encuentran indicios de que alguno de los investigados «haya adquirido, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva». El auto adelantado por El Mundo subraya que «a falta de elementos indicativos que justifiquen la investigación del delito de blanqueo, no procede la formación de pieza separada».
Con esta decisión, la Audiencia Provincial de Barcelona cierra una de las vías de investigación abiertas por el juez Joaquín Aguirre, que acordó hace un año incoar una pieza separada para rastrear el presunto blanqueo de fondos orquestado por Negreira y la participación de las sociedades de Josep Contreras, directivo del club azulgrana fallecido en 2022.
Pagos a Negreira
Negreira y el FC Barcelona argumentaron que ya están siendo investigados por los delitos de administración desleal y corrupción deportiva, por lo que no tenía sentido abrir una pieza nueva para investigar las mismas operaciones por un delito distinto. La defensa de ambos subrayaron que la Fiscalía no aludió al delito de blanqueo de capitales en su denuncia original y que la actuación planteada por el instructor duplicaría las pesquisas. El Ministerio Público, en cambio, defendió el criterio del juez.
La investigación del caso Negreira comenzó tras un requerimiento de la Agencia Tributaria para conocer los pagos que recibió el vicepresidente del CTA entre 2016 y 2018 en concepto de asesoría. Las pesquisas apuntan a que el club azulgrana le abonó más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018, año en el que dejó el puesto. La siguiente temporada entraría en acción el sistema de videoarbitraje conocido como VAR.
El destino final del dinero cobrado por Negreira continúa siendo un misterio. La mayor parte se extrajo en metálico de las entidades bancarias. Los investigadores sostienen que el exvicepresidente del CTA retiró más de 3 millones de euros de las cuentas de las empresas en las que recibía el dinero y que lo hizo en pequeñas cantidades. Las sospechas se circunscriben al entorno del ex número dos de los árbitros, que utilizaba actores secundarios para sus acciones.
La Guardia Civil señala concretamente a Concepción Díaz, que fue su secretaria entre 1995 y 2018, y José Martínez, un murciano jubilado de 78 años que le acompañó como linier cuando aún era árbitro en activo. Los agentes también apuntan a otros dos hijos de Negreira. El informe que remitió al juez sobre los pagos que realizó el FC Barcelona no descarta que María Luisa y José María Enríquez Romero «pudiesen ser también destinatarios de los fondos económicos detraídos».
Las pesquisas ahora tratan de averiguar a quién entregó el exdirigente arbitral las cantidades en efectivo que sacaba de sus cuentas. El juez que instruye el caso sostiene que los pagos del club azulgrana a Negreira han destapado la existencia de «una corrupción sistémica» en el estamento arbitral que pretendía favorecer al Barça. En su opinión, el Real Madrid y «cualquier otro equipo de Primera División» pueden considerarse víctimas de la supuesta trama.
Hace un año, el juez Aguirre decidió abrir una pieza de blanqueo para agilizar la investigación principal y rastrear en paralelo «otros grupos de delitos». En el auto recalcó que lo esencial de la causa son los más de 7 millones que pagó el Barça a Negreira durante casi dos décadas para intentar influir en los resultados deportivos y que el destino final del dinero debía ser investigado de manera independiente.