Guerra en el cine: una juez investiga el robo de datos y revelación de secretos a una empresa
Aluzine advirtió que, tras la fuga de empleados a la competencia, perdía trabajos, clientes y proveedores
Un técnico de iluminación realiza pruebas de luz. | Aluzine
Una disputa empresarial amenaza con apagar las luces en el sector del cine. Aluzine Rentals, una compañía puntera en la iluminación del mercado audiovisual, se ha querellado contra cuatro antiguos trabajadores y la firma que les contrató, Kinolux. Los querellantes advirtieron que, tras la fuga de empleados a la competencia, perdían trabajos, clientes y proveedores, lo que activó todas las alarmas. Un análisis pericial confirmó sus sospechas: les habían sustraído información confidencial. El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles ya investiga delitos de robo de datos y revelación de secretos.
Aluzine, que lleva siete décadas dedicadas a la iluminación en el cine y la publicidad, registró la querella el 15 marzo. En el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE relata que a mediados de diciembre causaron baja de forma voluntaria cinco empleados. Todos ellos fueron contratados de forma inmediata por Kinolux, su competencia directa. Los querellantes alegan que, antes de dejar la empresa, cuatro trabajadores se habrían apoderado de información confidencial.
La compañía en la que han desembarcado sus antiguos empleados se habría aprovechado «de todos los datos, documentación, información ilegalmente en su beneficio y el perjuicio de Aluzine». Para más inri, Kinolux había presentado en agosto de 2022 una oferta para comprarles por 14 millones de euros, aunque la propuesta fue desestimada. Los perjudicados explican en la querella que han perdido al menos cuatro clientes habituales del sector del cine y que se han cancelado trabajos cercanos al millón de euros.
Iluminar el cine
La dirección de la empresa afectada decidió entonces iniciar una investigación sobre lo ocurrido y encargó una auditoría de los ordenadores que habían utilizado sus antiguos empleados. El análisis realizado por los peritos informáticos confirmó sus sospechas: todos los usuarios habían copiado a unidades externas información relevante de Aluzine entre el 22 de noviembre y el 5 de diciembre, días antes de que los trabajadores cambiaran de compañía.
Entre el material clonado de forma «masiva» se encuentran correos electrónicos, listados con los mejores clientes, propuestas, facturas, información de materiales empleados y hasta movimientos de cuentas. Los forenses también se percataron de que habían usado el programa de control remoto Anydesk, aunque no se han encontrado evidencias de su uso, que no se descarta. La información ha sido precintada y sellada para garantizar que las autoridades judiciales puedan disponer de ella.
Los querellantes sostienen que esta forma de proceder vulnera el secreto comercial. Acusa a sus antiguos empleados de haber incurrido en un delito de descubrimiento y revelación de secretos recogido en el artículo 278 y siguientes del Código Penal. La norma establece penas privativas de libertad de hasta tres años y multa de 12 meses a cada uno de los infractores.
Aluzine, que en la actualidad cuenta con una plantilla de 26 personas, pide en su querella que se tomen una serie de medidas cautelares. Entre ellas, que se prohíba a los querellados revelar y información «obtenida de forma fraudulenta», tener relaciones comerciales con sus clientes y que se adopten medidas para asegurar que se atienden las responsabilidades civiles «que pudieren exigirse», entre ellas el embargo de sus bienes.
«Un ataque desleal»
La empresa afectada ha participado en numerosas producciones cinematográficas, entre las que se encuentran películas oscarizadas como Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago, y producciones actuales de éxito como Juego de Tronos o As bestas, que se alzó con nueve premios Goya el año pasado. Gregorio Sacristán, presidente del Consejo de Administración de Aluzine, explica que han registrado la querella para defenderse de lo que consideran un «ataque desleal» a su posición de mercado.
«Son cosas que nunca te esperas tener que hacer. En concreto, hay dos antiguos empleados que eran como de la familia. Entraron a trabajar en la empresa hace 20 años y ahora ocupaban puestos de máxima confianza», lamenta Sacristán a este diario. Los próximos pasos dependen de la juez que instruye el caso, Susana González de la Varga. Los querellados aún disponen de un plazo para interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación.
