Los independentistas quieren denunciar a España en Europa por los atentados del 17-A
Creen que el caso puede tener recorrido ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Manifestante contra el Estado por los atentados del 17-A | Europa Press
Una parte del independentismo desconfía de la versión ofrecida por las autoridades sobre los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils del 17 de agosto de 2017. ERC y Junts forzaron la creación de una comisión de investigación en el Congreso -que aún no ha arrancado- para analizar al detalle la «conexión» entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerado el jefe de la célula terrorista y que falleció en la explosión de la casa de Alcanar donde el grupo preparaba explosivos. Ahora el abogado Jaime Alonso-Cuevillas estudia elevar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, a su juicio, España vulnera el derecho «a saber la verdad» que reconoce la justicia comunitaria.
Como representante legal de la familia de uno de los menores que murió en el atentado de Barcelona, Alonso-Cuevillas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se reabriera el caso e indagar la muerte del imán de Ripoll ante la conjeturas de que siguiera con vida. El letrado, que hasta 2021 fue diputado por Junts en el Parlament, puso en el foco una posible inacción o negligencia de los servicios secretos del Estado en la evitación de los atentados, dados los vínculos que el CNI mantenía con Es Satty. En su último recurso, pedía «intentar aclarar puntos oscuros», pero el Constitucional lo ha inadmitido.
En su providencia, la Sala Segunda del órgano de garantías se decanta por no admitir a trámite el asunto «por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, se requiere». De este modo, se agota la vía judicial en España y ahora pueden llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se pronuncie al respecto. Alonso-Cuevillas cree que su estrategia judicial puede tener recorrido en Estrasburgo, y tiene «pendiente una reunión» con su cliente para tomar una decisión, explica a THE OBJECTIVE .
A la espera de que la familia, quien recoge fondos a través de una web donde reivindican «querer saber la verdad del 17-A», se decida a llevarlo ante Estrasburgo, el independentismo empuja hacia esta dirección. Fuentes jurídicas apuntan a que el recurso de Alonso-Cuevillas hace especial hincapié sobre aquellos puntos que podrían prosperar en el tribunal comunitario, como es la vulneración del «derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y a un proceso público con todas las garantías», así como el «derecho de las víctimas a saber la verdad».
Teoría de la conspiración
Alonso-Cuevillas, en un apunte en su red social X, se ha mostrado muy crítico con que el Tribunal Constitucional haya «despachado en tres líneas» el debate sobre el «derecho a saber la verdad». En su escrito, el letrado abordaba ampliamente dos aspectos de este derecho: el subjetivo, «consistente en el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos mediante al debido proceso con todas las garantías»; y el objetivo o colectivo, «que se configura en el derecho que tiene la sociedad en
saber la verdad en temas que les concierne o que la colectividad ha sufrido como propio, como puede tratase de un ataque terrorista, y del que se espera una respuesta judicial».
Después de los atentados, y en pleno auge del procés, varias voces de los tres principales partidos independentistas se sumaron a esta teoría de que el Estado podía estar detrás de los atentados, ya fuera directamente para desarticular el plan separatista o, por su negligencia en no tener debidamente vigilado al imán. Alonso-Cuevillas es el rostro más visible en defender alguna de estas teorías, pero no el único. La dirigente de la CUP, Mireia Boya, y que el Govern de ERC fichó en 2022 como directora general de Cambio Climático, también abonaba la tesis de que el Estado «eligió un atentado para frenar el referéndum». Y ERC y Junts también piden investigarlo en la Cámara baja.
«Conocer la verdad»
El recurrente ante el Constitucional veía pertinente esclarecer los motivos de que no se encontrara el dispositivo móvil del Imán en la casa de Alcanar así como que nadie hubiera reclamado su cadáver. En su recurso pide «intentar aclarar puntos oscuros que se han vuelto esenciales para el devenir de la resolución de la totalidad de estos atentados terroristas, al margen de los hechos ya sentenciados».
Cabe recordar que, en noviembre de 2023, el Tribunal Supremo también desestimó los recursos de casación interpuestos por varias acusaciones contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Driss Oukabir a 36 años de cárcel y a Mohamed Houli Chemlal a 43 años de cárcel como autores de los delitos de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos y lesiones imprudentes, y a Said Ben Iazza como cooperador en el delito de organización criminal.
El tribunal descartó que se hubiera vulnerado el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Según el Supremo, el no hallazgo del teléfono de Es Satty entre las ruinas de la casa puede explicarse por «la excepcional intensidad de la deflagración y de su poder destructivo». «Los cuerpos de los ocupantes del inmueble quedaron absolutamente destrozados, hasta el punto de que se recogieron 14 kilos de restos humanos de las dos personas fallecidas, tal como constan en las actas levantadas».
En la misma línea, el Supremo abrazaba la teoría de la Audiencia Nacional de que el hecho que nadie reclamase su cuerpo puedo responder a varias razones incluso de tipo emocional, o económico, por la imposibilidad de asumir los costosos gastos de un traslado mortuorio internacional, o un motivo religioso dados los ritos funerarios musulmanes que prohíben el embalsamamiento del cadáver y la prolongación en el tiempo del enterramiento. Tanto la Audiencia como el Supremo cuestionaban el derecho a saber la verdad material más allá de la verdad judicial.
Comisión en el Congreso
La comisión de investigación de los atentados es una de las tres que el PSOE acordó crear con sus socios para la investidura, todas ellas vinculadas a Cataluña. Junto a esta, está tambiém la ‘Operación Cataluña’, que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy, y el ‘Caso Pegasus’, sobre el presunto espionaje a los líderes independentistas.
De momento, no obstante, la comisión lleva más de un mes de demora. Desde el grupo socialista en la Cámara baja ya se indicó la necesidad de estudiar con detenimiento y rigor las peticiones que supongan acceder a información clasificada.
En los atentados de 2017 en Barcelona se produjeron 15 muertos -entre ellos dos niños de tres y siete años- y 131 heridos. Horas después del ataque en Barcelona, en Cambrils se produjo otro atentado. Cinco terroristas fueron abatidos tras intentar saltarse un control policial de los Mossos d’Esquadra y atropellar a seis personas. Uno de los terroristas logró recorrer unos metros antes de ser abatido y apuñaló a una mujer, que murió horas después.
