El Gobierno maniobra para evitar que la Justicia una dos causas por los contratos covid de Illa
Vox solicita que un juzgado reúna las pesquisas por los contratos y la distribución de mascarillas sin homologar
Salvador Illa durante una sesión en el Parlament de Cataluña. | Alberto Paredes (Europa Press)
El Gobierno y la Fiscalía se oponen a que la Justicia unifique las dos causas que cercan a Salvador Illa por su gestión como ministro de Sanidad al inicio de la pandemia. En representación de tres ex altos cargos del Ejecutivo investigados por presunta prevaricación, la Abogacía del Estado y el letrado de la Seguridad Social rechazan una petición de Vox, que solicitó que un mismo juzgado reúna las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en los contratos adjudicados por Sanidad a empresas chinas durante la covid-19 y las averiguaciones practicadas en una segunda causa en la que se investiga si el exministro incurrió en un delito contra la seguridad de los trabajadores sanitarios por distribuir mascarillas sin homologar en diversos hospitales públicos.
La formación que dirige Santiago Abascal, que ejerce la acusación popular en la investigación por los contratos millonarios que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó a dedo a proveedores chinos, demandó al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid el pasado diciembre que solicitara copia de las actuaciones practicadas en el caso de las mascarillas fake de Illa.
Esta segunda causa está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid y busca dilucidar si el exministro de Sanidad y actual líder del PSC incurrió en un delito contra la seguridad de los trabajadores sanitarios. La petición se produjo poco después de que la Fiscalía solicitara archivar el caso al considerar que no existían indicios suficientes para continuar con las pesquisas. Vox, sin embargo, aludía a los vínculos mercantiles entre dos de las empresas chinas implicadas en ambas causas.
La gestión de Illa
«No procede por razones de fondo traer a la causa los elementos de convicción documentados en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid por no acreditarse por los querellantes, ni mínimamente, la conexión entre las supuestas infracciones penales perseguidas en cada procedimiento, ni por razón de la identidad de los investigados, ni de los bienes jurídicamente protegidos en los respectivos tipos penales, ni de las contrataciones consideradas en cada uno de ellos», esgrime el abogado de la Seguridad Social en un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El letrado que representa al exdirector del Ingesa, jubilado en la actualidad, sostiene que los expedientes de contratación por el procedimiento de emergencia correspondiente a las contrataciones de material sanitario por parte de ese organismo ya fueron aportados. Entre la documentación, subraya, constaba tanto la información de los proveedores como las características del pedido, que el Ingesa realizó de conformidad, aunque «sin menoscabo de los vicios que una vez puestos en uso pudieran surgir».
La defensa del exdirector del organismo dependiente de Sanidad, investigado como máximo responsable de la docena de contratos adjudicados a empresas chinas de forma presuntamente irregular, afirma que «los defectos que pudieran haberse constatado en la utilización de los dispositivos adquiridos queda restringida a la ejecución de los contratos, no a la adjudicación de los mismos». En su opinión, serían responsabilidad de los contratistas y no de los titulares de los órganos de contratación. Además, considera que Vox no aporta «el más mínimo indicio de que los vicios en el material adquirido fueran evidentes en el momento de su adquisición en términos que convirtieran a esta en irregular».
Un informe del Tribunal de Cuentas afirma que las incidencias en la ejecución de los contratos de Ingesa «podrían indicar una insuficiente verificación por parte de esta entidad de la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia». No obstante, el propio organismo fiscalizador lanza un salvavidas al organismo dependiente de Sanidad y añade que «se trata de adquisiciones realizadas en una situación de emergencia excepcional y en un contexto de desabastecimiento global».
«Sin repercusión incriminatoria»
«Aunque se acreditara que los hechos constatados ante el Juzgado de Instrucción número 14 se refieren a eventuales defectos en los dispositivos adquiridos mediante los contratos a que se refiere la ampliación de la querella, en ningún caso pudiera ello tener repercusión incriminatoria respecto de las personas investigadas en el procedimiento actual. Resultan superfluas e innecesarias, por tanto, las diligencias ampliatorias pretendidas, sin que tenga sentido alargar un procedimiento de casi cuatro años sin aportación de mayores elementos que evidencien su utilidad», argumenta el abogado de la Seguridad Social para desestimar la petición de Vox, pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía también se ha opuesto al recurso interpuesto por la formación que lidera Abascal, impugnación a la que se ha adherido la Abogacía del Estado. Como el letrado de la Seguridad Social, y en representación de las otras dos altos cargos del Gobierno investigadas por los contratos del Ingesa, pide que se desestime la solicitud de la formación verde porque «se reitera la improcedencia de ampliar la investigación en tanto no se revoque el auto de sobreseimiento dictado con la misma fecha de la providencia recurrida» porque, en este momento procesal, «cualquier medida de investigación adicional que se pretenda practicar sería contradictoria con el modo de conclusión de las actuaciones».
Vox, que ejerce como acusación popular en la causa en la que se investigan al menos 13 contratos adjudicados a proveedores chinos durante la primera ola de la pandemia, considera que hay «elementos sanitarios coincidentes» en ambos procedimientos. En las causas aparecen dos empresas ubicadas en Hong Kong, Travis Asia Limited y Hangzou Ruining Trading.
La primera recibió el mayor de los contratos adjudicados por el Ingesa a dedo durante la primera ola de la pandemia: más de 196 millones de euros para traer a España 56 millones de mascarillas FPP2 que no terminaron de llegar hasta enero de 2021. Sucedió 10 meses después de haber cobrado el 100% por adelantado y cuando los tapabocas costaban cuatro veces menos de lo que se pagó por ellos. La segunda empresa entregó dos millones de mascarillas defectuosas FFP2 N95 adquiridas por Sanidad como parte de un contrato de 23,8 millones de euros al inicio de la pandemia.
Mascarillas fake
Ambas compañías compartieron durante meses domicilio fiscal en Hong Kong y al mismo representante legal: Xiaojuan Li. Se trata del apoderado de la empresa que trajo las mascarillas fake que salpican a Illa, Hangzou Ruining Trading. También aparece junto a Xueli Yu como uno de los dos empresarios chinos que fundaron y aportaron el capital inicial de Travis Asia Limited en 2019.
Vox realizó la petición poco después de que la Fiscalía solicitara cerrar el caso de las mascarillas defectuosas de Illa. Pese a la ingente cantidad de documentación requerida por el juez Carlos Valle a Sanidad en esa causa, reabierta en diciembre de 2022 por orden de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público considera que no existen indicios de delito alguno para continuar con el caso.
En la adjudicación a dedo de 196 millones a Travis Asia Limited, uno de los 13 proveedores chinos que investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a raíz de la querella de Vox, se establece la entrega de un cuantioso lote de la marca Garry Galaxy. El mismo modelo que el de las mascarillas defectuosas por las que otro juez de Plaza de Castilla investiga si el exministro incurrió en un presunto delito contra la salud de los trabajadores sanitarios, tal y como denunció la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
