Una sentencia histórica en EEUU pone en jaque a España por los impagos a las renovables
La Corte del Distrito de Columbia ordena a Rumanía que abone un laudo de 303 millones de euros
Puesta de sol en los humedales Gaomei, en Taiwán. Al fondo, turbinas eólicas. | Wiktor Dabkowski (Zuma Press)
Una sentencia histórica en Estados Unidos ha encendido todas las alarmas en España. La Corte del Distrito de Columbia ha ordenado que Rumanía abone un laudo de 303 millones de euros. La decisión puede sentar jurisprudencia y obligar a nuestro país a abonar las indemnizaciones pendientes por los laudos favorables a las empresas de energías renovables. En estos momentos, la justicia estadounidense mantiene abiertos cuatro procedimientos contra el Gobierno español (NextEra, 9REN, Blasket Renewable Investments y Antin) por un montante cercano a los 500 millones de euros.
La Corte de Distrito de Columbia ordenó el 14 de mayo ejecutar un laudo contra Rumanía en favor de los inversores suecos Micula. Las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables creen que el fallo podría tener «implicaciones significativas» para nuestro país, que adeuda unos 1.800 millones de euros. Los impagos han propiciado que las compañías acudan a los tribunales ordinarios, que han abierto la puerta a embargar activos españoles en el extranjero.
La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
La batalla de las renovables
El fallo emitido contra Rumanía destaca que los tribunales estadounidenses están obligados a cumplir con los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). La resolución subraya su independencia respecto a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El origen de la demanda de Micula se remonta dos décadas atrás. Rumanía firmó un Tratado Bilateral de Inversiones con Suecia en 2003 que consideraba los arbitrajes. Los inversores suecos invocaron la violación del tratado ante el Ciadi dos años más tarde.
La adhesión de Rumanía a la UE en 2004 supuso que el país derogara un decreto que la Unión no consideraba acorde a las políticas comunitarias. Los demandantes solicitaron casi 800 millones de euros en aportaciones de compras o importaciones de maquinaria, materias primas, terrenos, edificios, equipos y medios de transporte para instalaciones de producción de alimentos en regiones desfavorecidas en el país de Europa del Este.
El Ciadi concedió en diciembre de 2013 una indemnización a los Micula de más de 110 millones de euros. Tras un pago parcial de Rumanía, la Comisión Europea consideró esa indemnización como ayuda estatal incompatible con su normativa, por lo que los inversores presentaron diversos recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). En junio de 2019, dicho tribunal anuló la decisión del Ejecutivo comunitario y dictaminó que el laudo no era ayuda de Estado. Poco después, el TJUE resolvió en contra de los inversores.
La Corte del Distrito de Columbia rechaza los argumentos del TJUE y confirma la ejecución del laudo. En la resolución señala que el Convenio del CIADI suscrito por Estados Unidos obliga a reconocer estos laudos como sentencias de «plena fe y crédito». Las empresas afectadas por la retirada de primas a las energías renovables considera que esta decisión es significativa contra España, ya que los tribunales estadounidense podrían utilizar este precedente en los casos de arbitrajes abiertos.
Embargo de activos
La justicia estadounidense considera prioritario resolver el caso de NextEra, al que el Ciadi ha reconocido una indemnización de más de 300 millones. Considera que es la mejor fórmula para abordar el resto de procedimientos pendientes. En estos momentos existen otros tres procedimientos abiertos en el país norteamericano, que ya se ha mostrado partidario de embargar activos españoles si nuestro país sigue negándose a abonar los laudos.
En ese caso seguiría la senda de Reino Unido y Australia, que ya han abierto la puerta a embargar activos españoles para contrarrestar los impagos. Entre esos bienes que podrían ser confiscados se encuentran la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a Cataluña, cuentas bancarias y los activos de Navantia en Oceanía.
España apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que data de septiembre de 2021 para no hacer frente a los laudos. La resolución limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. La Comisión Europea ya anunció en julio su intención de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. Durante una vista celebrada en la Corte del Distrito de Columbia en febrero, varios jueces se mostraron especialmente críticos con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez.
Cornelia Pillard destacó que España había llegado a un acuerdo con los inversores al ofrecer una serie de incentivos determinados y recordó que nuestro país había suscrito el tratado, lo que le obliga a someterse a los tribunales de arbitraje. La magistrada reconoce el derecho a abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, pero subrayó que no pueden eludir sus responsabilidades.
Litigio diplomático
La juez insistió en que las inversiones verdes de las empresas afectadas han beneficiado a nuestro país, por lo que resulta sorprendente que ahora no se reconozcan las obligaciones para compensarles, especialmente existiendo una veintena de laudos condenatorios. «¿Acaso los inversores habrían inyectado dinero en España sin la certeza de que, ante una situación así, podrían solicitar un arbitraje neutral para dirimir la disputa?», preguntó Pillard de forma retórica durante la audiencia.
La causa intranquiliza al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su representante, Sharon Swingle, reconoció en la vista que los litigios que plantean NextEra y 9REN preocupan a su Gobierno a nivel diplomático porque hay un país extranjero involucrado y sus dirigentes «nos han hecho llegar sus quejas». En su opinión, el convenio del Ciadi establece un marco claro para los arbitrajes, por lo que no se puede esgrimir la soberanía nacional como excusa para evitar el cumplimiento de los laudos.
