Sánchez pierde el apoyo de los progresistas del CGPJ: reprobarán los ataques contra los jueces

Pedro Sánchez recibirá el lunes un nuevo varapalo. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General (CGPJ) tiene previsto aprobar una declaración institucional para reprobar los ataques del presidente del Gobierno y varios ministros contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez. Progresistas y conservadores consensuarán el texto, un escenario que difiere de lo que sucedió en los dos pronunciamientos del Pleno contra los ataques de los independentistas a la carrera judicial por supuesto lawfare. Entonces, los comunicados salieron adelante gracias a la mayoría conservadora del órgano. En esta ocasión, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE apuntan a que lo hará por unanimidad.

La Comisión Permanente del CGPJ acordó el jueves reunirse este lunes «a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial». La razón, la nueva carta a la ciudadanía que publicó Sánchez el pasado martes y las alusiones de algunos de sus ministros contra la citación de Begoña Gómez. La reunión estaba fijada el mismo jueves, pero tanto los vocales conservadores como los progresistas decidieron aplazarla unos días para no interferir en la campaña de las elecciones europeas, que se celebran este domingo.

La declaración institucional será la respuesta del CGPJ a Sánchez, que en su última carta a la ciudadanía insinuó que el juez citaba a su esposa a declarar en plena campaña electoral para interferir en las elecciones. Begoña Gómez tendrá que personarse en el juzgado el próximo 5 de julio. Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, abrió diligencias contra Begoña Gómez a mediados de abril por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Nueva carta de Sánchez

«Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», escribió Sánchez en sus redes sociales el pasado 4 de junio.

Los vocales del CGPJ consultados por este diario sostienen que no existe tal acuerdo. Explican que los jueces tienen independencia para desarrollar los procedimientos en curso y que no es la primera vez que se publican resoluciones con alta carga política durante una campaña electoral. Insisten en que la justicia tiene sus propios tiempos y que no puede ni debe seguir el ritmo de la política, especialmente en un año en el que, con la de este domingo, se han celebrado cuatro elecciones en nuestro país.

Sánchez no ha sido el único que ha pronunciado sobre la decisión del juez Peinado. La vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, aseguró que el magistrado se saltó la pauta habitual de no tomar decisiones que puedan interferir en una campaña electoral. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sostuvo que la citación de Begoña Gómez «claramente interfiere» en las elecciones y señaló que la decisión «carece de lógica procesal». La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reconoció que el proceso era «extraño y burdo».

«Una declaración institucional no va contra nadie, tan solo trata de expresar el malestar por los ataques recibidos», sostiene un vocal del CGPJ en referencia a la última carta de Sánchez y las palabras de varios ministros. En su opinión, el presidente del Gobierno ha incluido este tipo de agresiones verbales a la campaña electoral con la intención de sacar rédito político en detrimento de los jueces. «Ha incurrido en un claro ejercicio de lawfare», lamenta otro vocal. E insiste: «Los jueces no nos adecuamos a ninguna agenda».

Consensuar el texto

Los representantes de ambas sensibilidades consensúan estos días la respuesta a Sánchez. Un detalle que celebran especialmente los conservadores, conscientes de la dificultad de lograr unanimidad en un CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces suele dividirse en los asuntos de calado. Así sucedió en los dos pronunciamientos que aprobó el Pleno contra los ataques por lawfare que recibieron algunos jueces desde el Congreso a través de dirigentes independentistas y de Podemos.

Los dos comunicados salieron adelante gracias a la mayoría conservadora del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018. Tampoco hubo unanimidad en el acuerdo de la Comisión Permanente, que se reunió de urgencia el pasado 9 de noviembre, tras conocerse el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Sánchez.

«Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al lawfare, contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts (…) y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan responsabilidades derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de lawfare, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas», defendió la mayoría de miembros de la Comisión Permanente del CGPJ, pero no todos.

«No deberán comparecer en ellas y el CGPJ tampoco autorizará comisiones de servicio por tal motivo», subrayó en su declaración el pasado diciembre el Pleno del órgano de gobierno de los jueces a propósito de crear comisiones de investigación parlamentarias por lawfare. El documento fue presentado por la mayoría conservadora del Consejo, la misma que pidió a su presidente, Vicente Guilarte, incluir en la reunión. El Gobierno acabó desactivando la bomba al defender que ningún fiscal tendría que comparecer.

La cuerda volvió a tensarse en abril, cuando la comisión de investigación del caso Koldo incluyó a tres fiscales para declarar a petición de los partidos nacionalistas, socios de Sánchez. La Mesa de este órgano debió rectificar el planteamiento inicial para excluirles de cualquier citación. Todos los grupos estuvieron de acuerdo, excepto ERC y Junts, que votaron en contra, y Bildu, que se ausentó. La decisión se tomó apenas una semana después de conformarse la comisión y tras las quejas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.