El Gobierno calcula que la ley de amnistía dejará sin efecto 359 causas judiciales
Los procedimientos vinculados se encuentran en diferentes ámbitos, tanto territoriales como jurisdiccionales
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno calcula que la ley de amnistía puede afectar a 359 causas. Se trata de una cifra provisional aportada por la Fiscalía, explican a THE OBJECTIVE las fuentes consultadas. Los procedimientos vinculados se encuentran en diferentes ámbitos, tanto territoriales como jurisdiccionales. La entrada en vigor de la norma este martes, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha desencadenado una oleada de peticiones para que se aplique. Órganos como el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han solicitado a las partes que se pronuncien. Algunas de ellas pedirán elevar la cuestión a la justicia europea o acudir al Tribunal Constitucional para dificultar su aplicación.
La mayoría de estas causas, 118, se encuentran en la provincia de Tarragona. En los juzgados de Instrucción y de lo Penal de Gerona se dirimen 105, mientras que en la Audiencia Provincial se abrieron otros 15 procedimientos que pueden verse afectados por la amnistía. En los juzgados de Barcelona la cantidad es de 63 procesos, a los que hay que sumar otros tres en la Audiencia Provincial. En Lérida las diligencias abiertas alcanzaron las 26. A esos asuntos hay que sumar dos en el Tribunal Supremo, 17 en la Audiencia Nacional y otros 10 en el TSJC.
Las fuentes consultadas por este diario sostienen que la ley de amnistía, consensuada por el Gobierno y los independentistas, puede beneficiar a un millar de personas. Hay causas con diferentes encausados, aunque hay algunos que aparecen en más de un procedimiento. La norma obliga a los jueces a dejar sin castigo los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el pasado 13 de noviembre «en el contexto del denominado proceso independentista catalán», incluidas las dos consultas ilegales celebradas.
Las excepciones de la amnistía
La ley de amnistía borrará los efectos penales de desórdenes públicos agravados (tipificado como sedición antes de que el Gobierno reformara el Código Penal), desobediencia, malversación agravada, prevaricación, falsedad documental o revelación de secretos cometidos por los independentistas. Eso supone que los dirigentes condenados por el Supremo en octubre de 2019 por el procés también quedarán limpios. Incluso los de aquellos procesados que abandonaron España para regatear la justicia: Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira.
El juez instructor del próces en el Supremo, Pablo Llarena, dictó este martes una providencia en la que da un plazo de cinco días a las partes (acusaciones y defensa) para que informen si consideran que cabe aplicar la norma a los hechos que se atribuyen a los cuatro procesados huidos de la justicia. El magistrado también ha preguntado si debe mantener las medidas cautelares y ordenado comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, de momento, continúan vigentes las órdenes nacionales de detención.
El presidente del tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó el procés, Manuel Marchena, y la magistrada Susana Polo, como instructora del caso Tsunami, también han dictado providencias encaminadas para decidir cómo aplicar la ley de amnistía. Los 37 encausados de ERC por el procés, incluido Oriol Junqueras, han reclamado este martes que se les aplique. Lo mismo que ha hecho Òmnium Cultural para Oleguer Serra, entre otros potenciales beneficiarios.
Los fiscales del procés, en cambio, amenazan con abrir un cisma después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, les haya solicitado un nuevo informe procesal. Los representantes del Ministerio Público ya entregaron un documento el 30 de mayo en el que se negaban a amnistiar los delitos de malversación al entender que hacerlo choca con el Derecho europeo.
La controversia del terrorismo
La amnistía tiene excepciones, ya que quedan fuera los actos que puedan ser calificados de terrorismo, como dispone una directiva comunitaria de 2017. El requisito que establece la ley de amnistía es que estos hayan causado «de forma intencionada» graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se trata de unos preceptos que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura. Tampoco se perdonarán actos que hubiese producido muertes o graves lesiones, por lo que la norma puede esquivar a los encausados en el caso Tsunami Democràtic.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputa a una docena de independentistas un delito de terrorismo por los disturbios que causó los actos organizados por dicha plataforma tras la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019. El magistrado incluye en la causa a los aforados Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, cuya investigación derivó al Alto Tribunal tras emitir una exposición razonada.
Es el asunto que más controversia genera y que puede echar para atrás el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en caso de que se planteen cuestiones de prejudicialidad. El Tribunal de Cuentas ya ha iniciado el camino para hacerlo. La consejera Elena Hernáez ha dado un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien. Además, ha suspendido la sentencia por el supuesto desvío de fondos que ocasionó la consulta celebrada en 2017. El procedimiento cuenta con 35 encausados, entre ellos Puigdemont. Sociedad Civil Catalana reclama el reintegro de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones.
