El juez del 'caso Koldo' rechaza ceder la causa a la Fiscalía Europea
El magistrado planteará una cuestión de competencia al Tribunal Supremo en caso de que continúe la discrepancia
El exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. | Ilustración de Alejandra Svriz
El caso Koldo no llegará a Europa de momento. El juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechaza cederla a la Fiscalía Europea, tal y como sostenía el Ministerio Público y algunas de las acusaciones populares (la primera en manifestarse fue la asociación Liberum). En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado sostiene que «no ha lugar a acceder a la avocación de la presente causa». Además, avisa de que, en caso de discrepancia, planteará una cuestión de competencia al Tribunal Supremo, que será quien resuelva en última instancia.
Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, afirma en el escrito que «no ha lugar a acceder a la avocación de la presente causa», tal y como solicitó la Fiscalía Europea el pasado 30 de mayo. El juez del caso Koldo insiste en que también investigará los contratos de mascarillas que suscribieron al inicio de la pandemia los gobiernos de Canarias y Baleares, en paralelo a las pesquisas que abrió en marzo el órgano europeo, que mantendrá «exclusivamente» las competencias que afecten a los intereses de la UE.
El magistrado advierte de que, en caso de que persista la discrepancia, planteará la cuestión al Alto Tribunal. La intención de Moreno es mantener la mayor parte del caso Koldo y, en caso necesario, solicitará a la Sala de lo Penal del Supremo que dirima qué organismo tiene «competencias para determinar la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE». El juez instructor considera que los delitos que originaron las diligencias (cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal) «no perjudican los intereses de la UE».
Koldo y las mascarillas
Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción consideró que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar el caso Koldo. El fiscal Luis Pastor instó al juez instructor a que elevara el asunto al Supremo para que resolviera quién debe analizar las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas por parte de varios ministerios y los gobiernos regionales de Canarias y Baleares durante el principio de la pandemia.
«No hay duda de que existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la UE. En primer lugar, porque la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos», insistía Pastor en su respuesta a la Fiscalía Europea. El representante del Ministerio Público aludía a que el importe de los fondos europeos empleados en la adquisición del material sanitario ascendió a 13,9 millones de euros, mientras que los fondos nacionales suman 38 millones.
La Fiscalía Europea considera que el caso Koldo es competencia suya. La institución comunitaria investiga desde marzo un posible fraude en los contratos públicos adjudicados en Canarias y Baleares durante la pandemia. Ahora defiende que debe asumir toda la causa al tratarse de la misma trama. El 30 de mayo reclamó al juez de la Audiencia Nacional hacerse cargo de la instrucción. Los fiscales y juristas consultados por THE OBJECTIVE lo califican como una maniobra para «cerrarla en falso», ya que el coordinador español, Ignacio de Lucas, es afín al PSOE.
Soluciones de Gestión se hizo con una docena de contratos en 2020 por 53 millones, algunos incluso antes de que fuesen adjudicados. Las fiscales delegadas Olga Muñoz y Laura Pellón remitieron a finales de mayo un oficio al juez Moreno para reclamar la investigación del caso Koldo. Los expertos ya mostraron sus reservas a ceder el caso. Creen que la maniobra puede cerrarlo «en falso», como sostienen que sucedió con el caso de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
Los contratos de Red.es
La Fiscalía Europea lo archivó hace un año al considerar que el precio de los tapabocas no fue desproporcionado. Estos expertos ponen el foco en el coordinador de los fiscales españoles, Ignacio de Lucas, afín al PSOE. Su nombramiento se produjo el pasado julio, apenas unos días antes de las elecciones generales. El Gobierno de Pedro Sánchez lo incluyó en una terna junto a otros fiscales que ya trabajaban en la institución comunitaria, pero el Consejo de Europa suele preferir a candidatos externos, como finalmente ocurrió.
La decisión del juez del caso Koldo contrasta con la que tomó Juan Carlos Peinado hace varias semanas, cuando cedió al organismo comunitario la parte de la causa sobre Begoña Gómez que investigaba los contratos de Red.es. El ente público adjudicó tres contratos por valor de 10,6 millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés tras la recomendación de la esposa del presidente del Gobierno.
