Un fiscal afín al PSOE supervisará en la UE el caso 'Tito Berni' y el fraude de las mascarillas

El hasta ahora número dos de la Fiscalía Antidroga, Ignacio de Lucas, hermano de un exsenador del PSOE por la Comunidad Valenciana, será el representante de España a partir del 29 de julio en el Colegio de Fiscales Europeos. Y lo hará durante un periodo de tres años, ocurra lo que ocurra en las elecciones generales del próximo domingo. Compuesto por 22 fiscales de otras tantas naciones de la UE, y con sede en Luxemburgo, es uno de los principales órganos de la Fiscalía Europea. Entre otras funciones, es el organismo encargado de supervisar las investigaciones y las diligencias que realizan a escala nacional los fiscales europeos delegados en las causas sobre presunta malversación de fondos europeos.

En el caso de España, entre otras, la Fiscalía Europea investiga actualmente la pieza separada del caso Mediador que afecta a la Guardia Civil y a una fundación cuyo patronato presidió la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. También los casos de presunta corrupción en la compra de material sanitario con fondos europeos durante la pandemia, como el caso Mascarillas de Canarias, en el que están imputados dos exaltos cargos del Gobierno del PSOE en esa comunidad autónoma por la adjudicación irregular de contratos a empresas que no tenían nada que ver con el sector de la Salud hasta la crisis de la covid-19.

A cuatro días de las elecciones generales, el Consejo de Europa anunció este jueves el nombramiento de Ignacio de Lucas y del portugués José António Lopes Ranito. Ambos nombramientos, por un mandato de tres años, se producen en el contexto de la renovación parcial de un tercio del Colegio de la Fiscalía Europea. Esa renovación se determinó por sorteo y le tocó a los fiscales de Austria, Chipre, Grecia, Italia, Lituania, los Países Bajos, Portugal y España. Cinco de ellos ya fueron nombrados el pasado 27 de junio. Quedaban pendientes de designación los representantes de los dos países ibéricos. Serán finalmente De Lucas y Lopes Ranito.

El fiscal Antidroga pasa a la UE

El nombramiento de Ignacio de Lucas, hasta ahora número dos de la Fiscalía Antidroga, ha sido una sorpresa para algunos miembros del Ministerio Público en España consultados por THE OBJECTIVE. «Normalmente el Consejo de Europa suele preferir para ese organismo a fiscales que ya estén dentro de la Fiscalía Europea. Y en este caso, en la terna de candidatos presentada por España había una fiscal que ya estaba trabajando en la casa desde hace años», indican fuentes de la Fiscalía.

No obstante, las mismas fuentes agregan que la candidatura de Ignacio de Lucas había recibido la mayor puntuación entre los candidatos presentados por el Gobierno español al Consejo de Europa. La decisión final no la ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un panel compuesto por fiscales de 12 países europeos ha sido encargado de decidir entre la terna de candidatos propuestos por España. Fuentes comunitarias confirman que De Lucas había recibido la mayor puntuación entre los aspirantes españoles a esa plaza.

Los candidatos a la Fiscalía Europea tienen que ser propuestos por los Estados de origen, ser miembros activos del Ministerio Público o del Poder Judicial, que su independencia esté fuera de toda duda y tener una experiencia práctica relevante en investigaciones financieras y de cooperación judicial internacional en asuntos penales. En el caso de Ignacio de Lucas, la militancia política en el PSOE de su hermano Francisco Javier hace que algunos compañeros del Ministerio Público se muestren sorprendidos por su elección. Lo mismo ocurrió en marzo del pasado año, cuando la entonces fiscal general del Estado Dolores Delgado le nombró a dedo como teniente de la Fiscalía antidroga.

Elegido de Dolores Delgado

Ocupaba el número 847 en el escalafón general, un baremo objetivo que le situaba en la undécima posición de entre un total de 13 candidatos que optaban a ser nombrados para ese puesto. Sin embargo, y con el voto a favor de los siete fiscales progresistas que conformaban entonces del Consejo Fiscal, Dolores Delgado propuso al Gobierno la designación como número dos de la unidad Antidroga al fiscal Ignacio de Lucas. Es hermano del exsenador del PSOE Francisco Javier de Lucas, representante por la Comunidad Valenciana en la Cámara Alta entre el año 2019 y el 15 de marzo de 2023. En esa fecha renunció a su puesto en el Senado tras ser designado por la Generalitat valenciana como representante del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Su escaño en la Cámara Alta lo ocupó una concejal del PSOE valenciano próxima al exministro José Luis Ábalos, según informó el diario Levante.

Por escalafón, en marzo de 2022, Ignacio de Lucas ocupaba el puesto 11 de entre los 13 aspirantes a teniente de la Fiscalía antidroga. La lista para esa plaza la encabezaba el fiscal Javier Moltó (189 en el escalafón total), seguido de Manuel Pérez Veiga (212) y Carmen Ballester (246). De Lucas estaba muy lejos de ellos en el escalafón total, ocupaba el puesto 847. Al proponer su nombramiento, en una nota de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) destacó los méritos de De Lucas.

Forma parte de Antidroga desde 2007, tiene una amplia experiencia en el plano internacional y ha sido coordinador de la Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado (REFCO) en Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También que es experto en el proyecto EU-ACT en la lucha contra las rutas de la heroína y el crimen organizado. Es asesor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del FMI en evaluaciones mutuas en materia de blanqueo de capitales, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Dirigió el caso contra ‘Sito Miñanco’

De Lucas es el fiscal que llevó la investigación contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón le procesó a él y a otras 45 personas en diciembre de 2020. Además de ocuparse de la investigación a Miñanco y su entramado criminal, también acabó procesado por presunto blanqueo de capitales su abogado, Gonzalo Boye. El letrado de Carles Puigdemont se sentará en el banquillo junto a Sito Miñanco. La Fiscalía pide para él 10 años de cárcel por su presunta implicación en la trama.

Fuentes de la Audiencia Nacional describen a De Lucas como un fiscal de trayectoria intachable y plenamente independiente. «Él no tiene la culpa de que su hermano sea senador por el PSOE. Es un hombre respetado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil», añaden desde la Audiencia Nacional.

Precisamente la Guardia Civil está en el foco de una de las principales tramas de presunta corrupción que la Fiscalía Europea investiga en España. Se trata de la pieza separada del caso Tito Berni que afecta al general Francisco Espinosa Navas y a un empresario dedicado a la venta de drones, José Santiago Suárez Estévez, alias Pepe Drones. Se investiga la presunta malversación de fondos de la Unión Europea (UE) en los contratos adjudicados a ese empresario en el marco de un proyecto de cooperación internacional en África que el propio general Espinosa dirigió entre 2017 y 2021.

Fiscalía Europea y el caso ‘Tito Berni’

Se trata del proyecto GAR-SI Sahel, en el que estuvieron involucrados tanto la fundación FIIAP (dependiente del Gobierno) como el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil de La Rioja. Dotado con un presupuesto de 74 millones de euros del Ministerio del Interior para el periodo 2016-2023, el objetivo de ese proyecto con fondos europeos es contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización de los países beneficiarios: Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad.

Fuentes conocedoras del caso aseguran a este diario que la investigación salpica a varios miembros de la Guardia Civil, además de Espinosa. Como parte del proyecto GAR-SI Sahel, el Instituto Armado ha estado formando a las fuerzas de seguridad de esos países africanos para conformar Unidades de Acción Rápida y de Intervención para luchar contra el terrorismo y las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes en los países del Sahel. Los agentes de esas naciones africanas recibían formación en el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales (PEFE) de la Guardia Civil en Logroño.

Como nuevo miembro del Colegio de Fiscales Europeos, De Lucas supervisará junto a los otros 21 integrantes del organismo comunitario todos los procedimientos e investigaciones sobre presunta malversación de fondos europeos en España y el resto de países miembros. Incluidos algunos que afectan al PSOE actualmente y también los que pudieran implicar en el futuro a miembros del partido en el que milita su hermano durante los próximos tres años.

‘Caso Mascarillas’ y el proveedor de Ábalos

Una de las investigaciones más destacadas de la Fiscalía Europea en España es el caso Mascarillas de Canarias. El principal imputado es el exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez. Se trata del hombre al que Antonio Navarro, alias El Mediador, describió como su verdadero jefe ante la juez que investiga el caso Tito Berni en Tenerife. Es el exalto cargo al que el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres puso al frente del comité de emergencias contra la covid-19 al inicio de la pandemia, a pesar de que entonces Domínguez trabajaba en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario.  

Se encuentra imputado por la presunta adjudicación irregular de al menos un contrato de cuatro millones de euros a una empresa de coches «para beneficiar a un amigo», según Anticorrupción. Entre otros contratos sospechosos, adjudicados después de ser nombrado como director general del SCS en septiembre de 2020, se investiga también si Conrado Domínguez aprobó casi 12 millones de euros del gobierno autonómico de Canarias para el proveedor favorito de mascarillas del exministro de Transportes José Luis Ábalos, la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL.

Además de supervisar las investigaciones y diligencias que la Fiscalía Europea realiza a escala nacional en cada uno de los países miembros, el Colegio de Fiscales Europeos se encarga de definir la estrategia y las normas internas de la Fiscalía Europea y de garantizar la coherencia de la acción penal entre los asuntos de los que conoce y en cada uno de ellos. Está compuesto por la fiscal general europea, Laura Codruţa Kövesi, y los fiscales de 22 de los Estados miembros participantes.