Un error de la Fiscalía obliga a dejar en libertad a un capo de la mafia holandesa en España

Se fugó a Países Bajos en 2021 tras pasar quince meses en prisión provisional en España. La Fiscalía cree que hay riesgo de que vuelva a esfumarse. Es uno de los 18 integrantes de una presunta organización criminal holandesa que están a la espera de juicio en España por tráfico de drogas y armas en la Costa del Sol. Sin embargo, en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Audiencia Nacional ha acordado pedir a las autoridades holandesas su puesta en libertad con medidas cautelares. La Sala de lo Penal entiende que ha rebasado el plazo máximo permitido en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público admite desconocer cuánto tiempo lleva encarcelado en Países Bajos.

Mohamed Lazaar es uno de los 18 integrantes de una red dedicada al narcotráfico entre España y Países Bajos que fue desmantelada en 2018 en Málaga en una operación en la que fueron incautados al menos 4.800 kilogramos de cocaína, además de fusiles de asalto y otras armas y drogas. En su escrito de acusación, la Fiscalía antidrogas solicita para él once años de cárcel y una multa equivalente al cuádruple del valor de la cocaína intervenida, casi 4.000 millones de euros. El Ministerio Público cifra en 934 millones el precio del alijo en el mercado.

El fiscal que lleva el caso ha recurrido la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de decretar la puesta en libertad de Lazaar en Países Bajos, según un escrito remitido el pasado 31 de enero. Cree que «persiste el riesgo de fuga». Y discrepa del cómputo efectuado por la Sala de lo Penal. Afirma que no se han excedido los 24 meses máximos en prisión provisional que contempla la ley, pero al mismo tiempo admite desconocer exactamente cuánto tiempo ha pasado en prisión provisional el acusado. Pide mantenerle encarcelado hasta que las autoridades holandesas aclaren este extremo.

Riesgo de fuga

Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal entiende que Lazaar ya ha superado el límite máximo de doce meses contemplado en la orden europea de detención dictada por España. Se fugó de territorio español tras pasar quince meses en la cárcel de Valdemoro (Madrid). Después de que la Audiencia Nacional emitiese una orden europea de detención en su contra, en noviembre de 2021, las autoridades holandesas comunicaron a España que Lazaar estaba bajo su custodia. Allí sigue encarcelado quince meses después.

En su recurso para solicitar que se suspenda la puesta en libertad de Lazaar, el fiscal arremete contra la decisión de la Sala presidida por el magistrado Alfonso Guevara. «No encontramos el mínimo juicio de ponderación acerca de los fundamentos para mantener o dejar sin efecto la medida de prisión provisional, es decir, a la proporcionalidad y necesidad de esta medida cautelar, al riesgo de fuga que se pretendía conjurar con esta medida cautelar», indica el fiscal Ignacio de Lucas en su recurso.

Pone en riesgo el juicio

El número dos de la Fiscalía antidrogas considera «incontestable e indiscutible» que persiste el riesgo de fuga, debido a que Lazaar ya se escapó de la acción de la Justicia. E implícitamente alerta de que una nueva fuga podría paralizar el juicio pendiente contra la organización criminal de origen holandés asentada en la Costa del Sol, que se dedicaba al tráfico internacional de drogas con ramificaciones en Portugal, China y América Latina.

«¿Hasta qué punto son competentes las autoridades españolas, en este caso esta Sala, para modificar una medida cautelar que ha sido adoptada por las autoridades de ejecución de la OED para asegurar su efectividad? ¿Acaso se está dejando sin efecto la OED?», cuestiona el fiscal en su escrito remitido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.

Además de Lazaar, hay otros 17 acusados por delitos de narcotráfico, depósito de armas de guerra y falsedad documental por conformar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. Las penas de cárcel solicitadas para cada uno de ellos varían de 40 a 11 años en función del papel que cada uno de los acusados desempeñaba en esta presunta organización jerarquizada y liderada por conocidos criminales holandeses asentados en Benalmádena (Málaga).

Extradición paralizada

Países Bajos acordó la extradición de Lazaar a España en febrero de 2022, pero informó que lo haría después de un juicio que estaba previsto celebrarse el pasado 9 de junio contra el acusado por delitos cometidos en territorio holandés. A petición del Juzgado de Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía antidrogas, el país europeo acordó entregar a Lazaar junto a Patrick Sarantellis.

Este último es otro de los presuntos narcos holandeses detenidos en octubre de 2018 en Málaga, que también se fugó de España tras ser puesto en libertad condicional y está aún pendiente de juicio en Holanda. La nueva decisión de la Sala de lo Penal, salvo que prospere el recurso de la Fiscalía, hará que Lazaar permanezca en libertad condicional hasta que se produzca el juicio a Sarantellis en Países Bajos.

El juicio a los 18 acusados en España por formar parte de esta organización criminal holandesa no se producirá hasta que ambos sean extraditados. A pesar del persistente riesgo de fuga del que alerta ahora, la Fiscalía no se había interesado en reactivar la extradición de Lazaar a sabiendas de que su juicio en Países Bajos se celebró en junio.

Dilaciones y errores en la causa

Los retrasos en la causa hicieron que el pasado mes de octubre la Audiencia Nacional pusiera en libertad a los otros siete acusados que permanecían en prisión en España, tras vencerse el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva. Y no es la primera vez que la extradición de Lazaar y Sarantellis pone en riesgo la causa.

Como adelantó este diario, fuentes cercanas a los 18 acusados pedirán en las cuestiones previas del juicio la nulidad completa de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 5 y la Fiscalía Antidroga por vulneración al derecho a un juez imparcial y a la igualdad de armas entre las partes. Esto, después de conocerse el contenido de un e-mail que, según fuentes judiciales, «se coló por error» en la segunda página de una providencia firmada por el titular de ese juzgado, Santiago Pedraz, el pasado 2 de marzo.

En el texto se daban instrucciones precisas a la funcionaria encargada de redactar esa providencia, dirigida a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, para pedir a Países Bajos información sobre la extradición de dos de los encausados que actualmente se encuentran detenidos en ese país, Mohamed Lazaar y Patrick Sarantellis, ante el temor a que su entrega dilatase la celebración del juicio.

El mensaje, según las mismas fuentes, fue escrito por la letrada de la administración de Justicia del juzgado y no por el magistrado. Según fuentes cercanas a los acusados, de ese escrito se podría desprender que, para lograr su objetivo, el fiscal De Lucas habría «hablado» con algún juez a espaldas de los abogados de los 18 procesados.

«He vuelto a hablar con el fiscal, me dice que cree que podemos intentar la elevación de Lazaar… (y ha hablado con Guevara y explicado la situación de Sarantellis y de este, cree que lo aceptarán)», empezaba el mensaje. «Poner esto más o menos y elevar la pieza… Si nos la devuelven, bueno, pero De Lucas cree que se la quedarán. Lo intentamos», añadía el e-mail que se habría colado por error en la segunda página de la providencia firmada por Pedraz.