Dos formas de medir la pobreza, no de combatirla

A un lado del Atlántico, Javier Milei publica en sus redes un mensaje triunfal: «La pobreza sigue bajando. Dato, no relato». Su Gobierno celebra que la pobreza en Argentina ha caído del 52,9% al 28,2%, más de 11 millones de personas que han salido de ella. Al otro lado, Pedro Sánchez celebra que España ha reducido «la tasa de pobreza y la desigualdad a mínimos históricos» gracias al ingreso mínimo vital, saldando, dice, «una deuda histórica».

Un libertario capitalista y un socialista, los dos presumiendo de lo mismo. Uno podría pensar que existen dos caminos distintos para bajar la pobreza, el del mercado y el del Estado, y que ambos funcionan. Pero no es eso lo que muestran los datos. Lo que separa a estos dos titulares no son dos formas de combatir la pobreza: son dos formas de medirla. Y solo una de ellas mide algo real.

Dos varas de medir distintas

Argentina mide la pobreza con una canasta básica. El INDEC calcula cuánto cuesta de verdad comer, vestirse, moverse y vivir, y considera pobre a quien no puede pagarlo con sus ingresos. Es un umbral absoluto, anclado en necesidades concretas. Por eso la cifra argentina reacciona a la realidad: cuando la devaluación de principios de 2024 disparó los precios, la pobreza saltó por encima del 50%; cuando la inflación se calmó y los ingresos recuperaron terreno, bajó. De hecho, el último descenso se explica con una precisión casi quirúrgica: el ingreso familiar creció más rápido que la canasta, y por eso más hogares quedaron por encima de la línea. Sube cuando la gente vive peor y baja cuando vive mejor. Mide, en definitiva, lo que se supone que debe medir.

España hace lo contrario. Su indicador estrella no calcula lo que cuesta vivir: traza una línea en el 60% de la renta mediana del país y llama pobre a quien gana menos que esa referencia. No es una medida de necesidad, sino de distancia respecto al ciudadano del medio. Y eso tiene una consecuencia absurda: si toda España se empobrece a la vez —si bajan los sueldos, suben los alquileres y se encarece la vida para todos por igual—, la mediana baja con ellos y el número de pobres relativos no aumenta. Estadísticamente, nadie cae en la pobreza, aunque todos vivan peor. El indicador español está diseñado, literalmente, para no reaccionar a la realidad material de la gente.

Conviene ser justo: la canasta argentina dista de ser perfecta. No incluye el gasto de alquiler y arrastra cestas de consumo desactualizadas, de modo que comete, en parte, el mismo pecado de ignorar la vivienda que aquí denunciaremos. Y la baja de Milei parte de un pico que él mismo provocó con su ajuste inicial, por lo que la caída es más modesta si se compara con antes de su llegada. Pero el principio de fondo se sostiene: el método argentino, con todos sus defectos, al menos se mueve cuando la vida de la gente se mueve. El español, no. Uno mide; el otro disimula.

Cómo lo miden los países serios

Y no es Argentina la única que mide así. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, también ancla su medición en lo que cuesta vivir, no en la comparación con el vecino. La Oficina del Censo define la pobreza comparando los ingresos de cada familia con un umbral que representa el coste de cubrir las necesidades básicas, ajustado por el tamaño del hogar y actualizado cada año según la inflación real. Es un umbral absoluto: no sube automáticamente porque el país se enriquezca, ni deja de reflejar un empobrecimiento generalizado. Si la gente vive peor, la cifra lo recoge.

Y aquí viene lo relevante para España. Conscientes de que su umbral más antiguo se quedaba corto porque no pesaba bien el coste de la vivienda, los estadounidenses crearon una segunda medida, la Supplemental Poverty Measure, que corrige justamente eso: tiene en cuenta el coste real de la vivienda en cada zona del país, las ayudas públicas recibidas, los impuestos y los gastos médicos. Es decir, cuando Estados Unidos quiso una cifra más fiel a la realidad, no la hizo más relativa, como Europa: la hizo más absoluta, metiendo dentro el alquiler. Y el resultado confirma la tesis de este artículo: esa medida que sí mira la vivienda arroja una pobreza mayor que la oficial —un 12,9% frente a un 10,6% en 2024—. El mismo país, dos indicadores, y el que cuenta el coste del techo encuentra más pobres.

El mapa queda así. Argentina, al sur, mide con canasta básica. Estados Unidos, al norte, mide con umbral absoluto y, cuando quiere afinar, añade la vivienda. Europa —y España con ella— es la rareza que mide la distancia con el vecino en lugar de la necesidad. Las grandes economías de referencia se preguntan si el ciudadano puede pagar lo que cuesta vivir. España se pregunta solo si gana menos que la media. Y, a partir de aquí, el problema es enteramente español.

La confesión escondida en la frase de Sánchez

Volvamos a España y fíjese en cómo formuló Sánchez su éxito. No dijo «los españoles ganan más». No dijo «el trabajo paga mejor». Dijo que la pobreza baja gracias al ingreso mínimo vital, es decir, gracias a un cheque que el Estado entrega a quien no llega. No presume de que el español prospere por su esfuerzo, sino de que el Estado le transfiere lo justo para no figurar como pobre en la estadística.

No es un matiz: es toda la cuestión. El propio Gobierno lo admitió por escrito cuando su ministra de Seguridad Social explicó que, si las familias hubieran contado únicamente con sus ingresos reales, sin ayudas públicas, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%; y que es gracias a las transferencias del Estado como baja hasta el 20%. Léase despacio: cuatro de cada diez españoles serían pobres si dependieran de lo que ganan. Lo que ha mejorado no es la prosperidad del ciudadano, sino su dependencia del subsidio. Un país no está mejor porque cada vez más gente necesite una ayuda pública para no caer en la pobreza; eso es exactamente lo contrario de un éxito.

Lo que de verdad ha pasado con la pobreza desde 2018

Vayamos a los números, los suyos. En cifras homologadas, la tasa Arope de riesgo de pobreza o exclusión afectaba al 27,3% de la población en 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Lejos de desplomarse, aumentó medio punto en los tres años siguientes. Hoy ronda el 25,7%. En siete años, con el indicador que él mismo elige para presumir, la mejora es de apenas un par de puntos. Llamar a eso «mínimos históricos» y «deuda histórica saldada» es, siendo generosos, una exageración notable.

Y hay un dato que no aparece en ningún discurso de la Moncloa: la pobreza infantil ha subido con Sánchez. El riesgo de pobreza entre los menores de 18 años ha pasado del 31% en 2018 al 33,8% en 2024. En personas concretas, hay más de 330.000 niños pobres más que cuando llegó: de 2,57 millones a casi 2,9 millones. Mientras el presidente celebra haber saldado una deuda histórica, casi un tercio de los niños españoles vive en hogares pobres, y son más que al principio de su mandato. España tiene, de hecho, una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea.

El índice de la envidia

Ya hemos visto por qué la cifra global parece bajar: porque el indicador no mide lo que usted cree. La filosofía que late debajo no es neutra. Un indicador puramente relativo no se pregunta si usted vive bien; se pregunta si vive mucho peor que los demás. Es, en el fondo, un índice de la envidia: no mide riqueza ni dignidad, mide distancia. Su lógica no aspira a que usted prospere, sino a que nadie sobresalga demasiado del resto. El propio INE lo admite en su documentación: este indicador mide desigualdad, no pobreza absoluta. No pregunta «¿le alcanza para vivir?», sino «¿gana menos que la mayoría?». Por eso resulta tan útil al socialismo: al bajar el listón, el sistema proclama que en España hay muchos menos pobres de los que de verdad hay.

¿Cuánto cuesta de verdad no ser pobre?

El umbral oficial para una persona sola está en torno a los 11.000 euros anuales: poco más de 900 euros al mes. Con eso, en cualquier ciudad española, no se paga ni el alquiler. Hagamos el cálculo que el indicador oficial se niega a hacer: cuánto cuesta, de verdad, cubrir lo mínimo para una vida digna. Y separemos España en dos, porque no cuesta lo mismo vivir en una gran capital que en una ciudad media.

En el conjunto del país, fuera de las grandes capitales, donde el alquiler medio de un piso de 50 m² ronda los 650 euros:

• Alquiler de 50 m²: unos 650 euros.
• Comida: 300 euros.
• Suministros (luz, agua, gas, internet): 150 euros.
• Transporte: 50 euros.
• Ropa, higiene, salud e imprevistos: 200 euros.

Total: alrededor de 1.350 euros netos al mes. Esa es la cifra honesta para no ser pobre en la mayor parte de España, frente a los poco más de 900 que marca el umbral oficial.

En las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Palma, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Málaga—, donde el alquiler medio de un piso similar sube hasta el entorno de los 1.000 euros, la misma cesta asciende a unos 1.700 euros netos al mes. La diferencia entre vivir en una gran capital y en el resto del país, unos 350 euros, es casi en su totalidad alquiler: el gasto que el indicador oficial sencillamente ignora.

El hacinamiento: la prueba que no admite trampa

A quien defienda el indicador oficial siempre le queda una salida: alegar que todo esto es «pobreza relativa», una cuestión de percepción, de comparación con el vecino. Pues bien, hay un dato que cierra esa puerta, porque no mide desigualdad ni distancia: mide metros cuadrados y personas. El hacinamiento —familias apretadas en viviendas demasiado pequeñas para quienes las habitan— es uno de los indicadores más físicos y crudos de pobreza que existen. No depende de la mediana de nadie: o sobra gente en la casa, o no.

Y aquí los números son demoledores. Entre 2009 y 2024, la tasa de hacinamiento en España se incrementó un 75%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea ese mismo indicador retrocedía. España es uno de los pocos países del continente donde la gente vive cada vez más apiñada, justo en el periodo en que el alquiler se disparaba. No es una construcción estadística ni una sensación: es gente real que ha tenido que renunciar a espacio, compartir habitaciones, volver a casa de sus padres o meter a más personas bajo el mismo techo porque no puede pagar más. Esa es la pobreza que la tasa oficial, obsesionada con comparar rentas, ni siquiera ve.

Cuántos pobres hay de verdad

Apliquemos ese listón de 1.350 euros netos —el más benévolo, el de la España barata— y contemos a todos, no solo a quienes trabajan. Empecemos por los asalariados. Según el INE, alrededor del 30% de ellos —unos 5,5 millones de personas— gana menos de 1.582 euros brutos al mes, que en neto se queda en torno a esos 1.300-1.350 euros. Más de cinco millones de trabajadores, por tanto, no alcanzan el umbral mínimo de una vida digna ni siquiera en la España más asequible.

Sigamos por los pensionistas, que son 9,4 millones. Cerca de 3 millones cobran menos de 1.000 euros al mes y, de hecho, casi el 40% de las pensiones de jubilación son de 1.000 euros o menos. Sumando a quienes cobran entre 1.000 y 1.350, bien por encima de la mitad de los pensionistas españoles vive por debajo del umbral de vida digna. Añadamos a los parados que cobran subsidio —en torno a los 480-560 euros mensuales, menos de la mitad del umbral— y a buena parte de los autónomos de bajos ingresos.

¿Cuántos suman? Aquí conviene ser honesto con la aritmética, porque la pobreza se mide por hogar y no se pueden apilar sin más los colectivos: dos pensionistas de 900 euros que conviven forman un hogar de 1.800 y escapan del umbral. Pero, incluso descontando ese efecto, el resultado es demoledor: muy por encima de 8 millones de adultos en España viven con ingresos individuales por debajo de los 1.350 euros netos que cuesta una vida mínima. Sumados los menores que dependen de ellos, hablamos de una porción de la población que no es el 25% de la estadística oficial, sino bastante mayor; y en las grandes ciudades, donde el listón real no es 1.350 sino 1.700 euros, la proporción de quienes no llegan se dispara aún más.

El espejismo del salario mínimo

El último eslabón del relato es el salario mínimo, hoy en torno a los 16.500 euros brutos anuales —unos 1.180 euros netos al mes en 12 pagas—. El Gobierno presume de haberlo subido más de un 60% desde 2018. Pero hagamos el cruce con lo anterior: 1.180 euros netos no llegan ni al umbral de 1.350 de la España barata, y se quedan muy lejos de los 1.700 que exige una gran ciudad.

Dicho de otro modo: el salario mínimo, ese del que tanto se presume, no saca de la pobreza real a quien lo cobra en ninguna parte del país, y menos aún en Madrid o Barcelona. Solo lo saca de la pobreza estadística, porque supera por poco el umbral ficticio de 900 euros. Unos 2,4 millones de personas cobran ese salario mínimo, y la mayoría, en cuanto pone un techo sobre su cabeza, no llega a fin de mes. Y si ese único sueldo tiene que sostener a una familia, el hogar entero es pobre sin discusión posible.

La cifra equivocada

No hace falta acusar a Sánchez de falsificar un número. El truco es más elegante: consiste en haber convertido en centro del debate un indicador que mide la distancia entre ciudadanos, y en presentarlo como si midiera si esos ciudadanos pueden vivir. Mientras la conversación gire en torno a esa vara de medir, la pobreza siempre parecerá bajar, el ingreso mínimo vital siempre parecerá una hazaña histórica y el presidente siempre tendrá un titular que ofrecer desde un centro de la Seguridad Social.

Pero los datos que él mismo maneja lo desmienten. La pobreza apenas se ha movido desde 2018. La infantil ha aumentado. Su propio Gobierno reconoce que, sin las transferencias del Estado, cuatro de cada diez españoles serían pobres. Y cuando se mide contra lo que de verdad cuesta vivir —1.350 euros en la España barata, 1.700 en las grandes ciudades—, los pobres no son los 12 o 13 millones de la estadística, sino bastantes más.

Argentina, con un método imperfecto pero honesto, al menos sabe cuándo su gente vive mejor y cuándo vive peor, porque mide lo que cuesta vivir. Estados Unidos, cuando quiso afinar, metió la vivienda en la cuenta. España ha elegido un indicador que nunca le dará un mal titular, porque mide la envidia en lugar de la necesidad. Cuando Sánchez dice que ha saldado una deuda histórica, en realidad está confesando algo muy distinto: que el español no está mejor porque gane más, sino que está sostenido por más subsidios para no caerse del todo. Y eso, por mucho que se anuncie con orgullo, no es haber vencido a la pobreza. Es haber aprendido a no verla.