Un depósito a los inmigrantes
«España puede ser generosa con la inmigración legal y exigente con la irregular. No son posiciones contradictorias»
Imagen creada por inteligencia artificial.
Estados Unidos exige desde agosto de 2025 un depósito de entre 5.000 y 15.000 dólares a los solicitantes de visado de turismo y negocios procedentes de países con altas tasas de incumplimiento de salida. El depósito es totalmente reembolsable si se cumplen todas las condiciones; si no, se pierde íntegramente. El programa ya se aplica a 50 países y el Departamento de Estado reporta un 97% de tasa de cumplimiento entre quienes lo han pasado. No es una ocurrencia de la derecha populista. Es la política migratoria de la mayor democracia occidental, aplicada con datos y resultados medibles. España debería hacer lo mismo.
Entre los 50 países de la lista americana figuran Cuba y Venezuela, y, desde abril de 2026, también Nicaragua. No es casualidad. Son exactamente los tres países hispanoamericanos con mayores tasas de incumplimiento de visado y, no por coincidencia, tres de las principales fuentes de migración irregular hacia España por vía aérea. Washington exige a un cubano o a un venezolano un depósito de entre 5.000 y 15.000 dólares para entrar como turista. España, que recibe a esos mismos ciudadanos con muchos menos controles, no les exige nada. La pregunta se formula sola.
El propio Ministerio del Interior español prevé la llegada masiva de inmigrantes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el colapso de las infraestructuras existentes. En 2024 llegaron a España 64.019 personas por vía irregular, la cifra más alta registrada desde que existen datos oficiales. El debate político oscila entre la denuncia y la parálisis. Hay una tercera vía que merece discutirse: el depósito de retorno.
La propuesta es sencilla: un depósito de 4.000 euros por persona como garantía de retorno. Si regresa, lo recupera íntegramente. Si no, el Estado lo retiene.
Toda persona que llegue a España solicitando entrada temporal o asilo deposita 4.000 euros por persona o por familia como garantía de que, si su solicitud es denegada, cumplirá con la orden de retorno. Al demostrar que ha regresado a su país, el depósito le es devuelto íntegramente. Si no regresa, el Estado retiene la garantía.
La cifra que propongo, 4.000 euros, es más generosa y moderada que el modelo americano, que arranca en 5.000 dólares y llega a 15.000. Nadie podrá decir que España está siendo más dura que Washington.
El argumento económico es el más sólido. El depósito crea tres incentivos simultáneos que hoy no existen. Primero, filtra desde el origen: quien no puede reunir 4.000 euros con su red familiar o comunitaria tiene menos probabilidades de ser un migrante con red de apoyo real en destino. Segundo, reduce el coste del retorno para el Estado: en lugar de perseguir, localizar y deportar a quien tiene una orden de expulsión, el sistema convierte al propio interesado en actor del cumplimiento. Tercero, genera un fondo recaudado de quienes no cumplen, que puede financiar parcialmente el sistema de gestión migratoria.
Los números hablan solos. España expulsa aproximadamente al 8% de los inmigrantes irregulares que llegan al país. El 92% restante se queda. Si aplicamos el depósito de 4.000 euros a las llegadas por vía aérea, el cálculo es directo: con 30.000 llegadas irregulares anuales por Barajas como referencia conservadora, y asumiendo que incluso con el sistema un 20% incumpliera la orden de retorno, el Estado recaudaría unos 24 millones de euros anuales en depósitos no devueltos. Con 50.000 llegadas, la cifra supera los 40 millones.
El objetivo es que vengan muchos menos
El depósito de 4.000 euros no existe para recaudar, sino para disuadir. Si el programa americano logra un 97% de cumplimiento con depósitos de 15.000 dólares, un depósito español de 4.000 euros reduciría drásticamente el número de personas que llegan sin intención real de cumplir los plazos. El fondo recaudado de quienes incumplan es un subproducto útil. El éxito real del sistema se mide por lo contrario: por lo poco que se recauda, porque eso significa que casi nadie se ha quedado ilegalmente.
La objeción más habitual es que discrimina a quien no tiene dinero. Es una objeción legítima, pero parcial. El sistema no cierra la puerta a nadie: una familia que llega a España con 4.000 euros de garantía y una solicitud legítima los recupera intactos. No es una tasa ni un pago. Es una fianza, igual que la que exige cualquier arrendador a cualquier inquilino para protegerse del incumplimiento. Lo que el depósito elimina no es la posibilidad de migrar. Elimina el incentivo de desaparecer una vez denegada la solicitud.
El delegado del Gobierno en Aragón reconoció que la mayoría de los irregulares en esa comunidad llegan desde Barajas, no en patera. Esto es importante. El debate público sobre inmigración irregular se centra casi exclusivamente en Canarias y en las rutas marítimas. Pero la vía aérea, más invisible y más difícil de fotografiar, tiene un volumen propio que no se gestiona con el mismo rigor. Un sistema de depósito aplicado en los aeropuertos atacaría precisamente esa vía.
Los infractores costean su propia expulsión
El programa americano merece una lectura honesta. El depósito redujo drásticamente las tasas de incumplimiento, pero el 3% que sigue quedándose ilegalmente representa, sobre un volumen de millones de visados anuales, centenares de miles de personas. Estados Unidos lo sabe y no trata el depósito como solución única. Lo combina con deportaciones activas: quienes incumplen pierden el depósito y son expulsados. Y aquí está la parte más elegante del sistema: el dinero confiscado financia precisamente las deportaciones de quienes no pagaron. Los infractores costean su propia expulsión. Es un mecanismo que se autofinancia. España podría replicarlo exactamente: el depósito de 4.000 euros disuade, la deportación ejecuta lo que la disuasión no logró evitar, y el dinero retenido paga la factura. Sin ese círculo completo, el sistema cojea. Con él, se cierra solo.
España puede ser generosa con la inmigración legal y exigente con la irregular. No son posiciones contradictorias. Si Washington lo hace con 15.000 dólares, Madrid puede hacerlo con 4.000 euros. La pregunta no es si el instrumento funciona. La pregunta es por qué España sigue sin aplicarlo.