Bolaños irrita a los secretarios judiciales al plantear una reforma de las oposiciones
Las asociaciones muestran su preocupación por el posible cambio en la distribución de las plazas de acceso
Félix Bolaños el martes en Bruselas, tras el acuerdo para renovar el CGPJ. | Comisión Europea
Félix Bolaños cierra un frente, pero abre otro. Apenas 48 horas después de consumar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, han enviado este jueves una carta al ministro para mostrar su preocupación ante la posible reforma de las oposiciones. La misiva llega un día después de que las asociaciones profesionales mantuvieran una reunión con la número tres del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, en la que constataron que el Gobierno planea alterar el porcentaje de distribución de las plazas de acceso, de forma que aquellas de promoción interna que acaben vacantes no pasen al turno libre, como sucede ahora.
Las asociaciones consideran que esa maniobra de Bolaños significaría «una evidente disminución de plazas cubiertas en cada convocatoria» y el consiguiente perjuicio para el sector público. En estos momentos, hay dos caminos para convertirse en funcionario de este Cuerpo. Por un lado, la promoción interna, para la que se reserva un 30% de las plazas a través de la prueba de Gestión Procesal. Aquellas que quedan sin cubrir se suman a la convocatoria por turno libre, que aglutina el 70% de la oferta.
«La idea es modificar el reparto y destinar el 50% de la oferta a cada grupo. Separan las oposiciones, por lo que se perderán plazas, ya que las vacantes de promoción interna no pasarían al turno libre», lamenta Juan José Yáñez, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Su organización y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) denuncian que el cambio se proyecta de espalda a los afectados.
Carta a Bolaños
Los secretarios judiciales califican de «inaceptable» que Bolaños pretenda realizar una modificación tan «sensible y trascendental» obviándoles. Recuerdan que existe una exigencia legal de audiencia a las asociaciones y que el compromiso asumido en marzo del año pasado, que puso fin a una huelga de dos meses, la reforzó. Los perjudicados insisten en que no han recibido ningún documento que les permita conocer las pretensiones del Ministerio de Justicia y las consecuencias que puede acarrear.
«La solución a la deficiente gestión ministerial de las oposiciones no está, ni mucho menos, en modificar el porcentaje de plazas de los distintos turnos, ni por supuesto en abaratarla, sino en establecer un calendario que aporte regularidad en las convocatorias y seguridad a los aspirantes, tanto a los de turno restringido, como a los miles de jóvenes que concurren por el turno libre», insisten los letrados de la Administración a THE OBJECTIVE.
El CGPJ cifró el año pasado en 3.449 el número de letrados de la Administración de Justicia que ejercen como titulares y en 640 los sustitutos. La plantilla está estimada en 4.462 empleados públicos, por lo que existirían 621 vacantes. Sin embargo, los últimos datos aportados por el Gobierno revelan que hay 871 secretarios judiciales en régimen de interinidad, lo que supone el 20% del total.
Hace dos meses se incorporaron 184 nuevos secretarios judiciales. Existe un proceso en curso de 144 plazas y todavía está pendiente la convocatoria del año pasado, con un total de 254. Aun así, las asociaciones califican de «insuficiente» la cifra. Un estudio reciente elaborado por el CNLAJ revela que es necesario convocar 1.704 plazas en los próximos años, lo que supondría 340 al año. Yáñez explica que, además de eso, las convocatorias salen cada tres años, lo que «afecta» al ánimo de los aspirantes.
Nuevo conflicto
Los afectados sostienen que la transformación de las oposiciones se está negociando con los sindicatos de justicia. «Tenemos la seguridad de que lo único que se pretende es contentarles utilizando, una vez más, a los letrados de la Administración de Justicia como moneda de cambio ante sus exigencias y chantajes en el proceso de negociación que se mantiene con ocasión del proyecto de leyes de eficiencia», lamentan los damnificados.
«Consideramos incomprensible y altamente temerario que [Bolaños] esté dispuesto a reavivar un conflicto con los letrados de la Administración de Justicia que tan indeseables consecuencias de todo orden tuvo en el pasado, cuando existe un compromiso para que seamos nosotros, como directores de las oficinas judiciales, quienes lideremos el cambio de modelo de cultura judicial que implican las leyes de eficiencia (en plena tramitación parlamentaria)», denuncian las asociaciones en un comunicado.
Los antiguos secretarios judiciales arrancaron al Gobierno un aumento salarial de 450 euros en marzo del año pasado, tras una huelga de dos meses. El incremento quedó aplazado por el adelanto de las elecciones generales. Los profesionales amenazaron con retomar las protestas y llevar el asunto a los tribunales si no se cumplía. El compromiso comenzó a aplicarse en octubre. Ahora amagan con reanudar el conflicto si Bolaños no adopta «de inmediato las medidas oportunas» que zanjen la modificación de las oposiciones y mantenga el papel relevante de los secretarios judiciales en el cambio de modelo.
«Las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia reafirmamos nuestro compromiso con el colectivo al que representamos. Cueste lo que cueste, no permitiremos más intromisiones sindicales en nuestras condiciones profesionales y estatutarias que solo buscan perjudicarnos», insisten los representantes de los antiguos secretarios judiciales. En su opinión, las recientes resoluciones judiciales ya evidencian «la absoluta anomalía democrática» que padecen.
