La Unión Progresista de Fiscales respalda a García Ortiz: «Eran publicaciones falsas»
La UPF ha recordado que su lealtad y compromiso es «con el Ministerio Fiscal»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Ep
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reiterado su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidiera elevar al Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos abierta a raíz de la querella de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En una comunicación, la asociación ha expuesto que García Ortiz proporcionó «información veraz a la ciudadanía» y defendió «el desempeño de sus actuaciones ante publicaciones falsas que perseguían como única finalidad desprestigiar las instituciones democráticas de nuestro país».
La UPF ha recordado que no apoyan a una persona en concreto sino que su lealtad y compromiso es «con una institución constitucional de capital importancia como es el Ministerio Fiscal».
«El fiscal general del Estado no sólo tiene el derecho sino también el deber de defender, si es preciso también en los tribunales, que su actuación, así como la de nuestros compañeros de Madrid estuvo guiada únicamente por la defensa del Estado de derecho, del principio de legalidad y de la autonomía del Ministerio Público», ha reivindicado.
Otras asociaciones, en contra
Al contrario de la APF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) pidió la dimisión de García Ortiz al aludir a su «insostenible continuidad». También reclamaban el cese de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández.
«La situación ya ha traspasado todos los límites que puede soportar la institución», protesta esta asociación en un comunicado, donde recuerda una nota anterior advirtiendo de que la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando las gestiones relativas a un pacto de conformidad entre el ministerio público y el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, podía exceder la ley y constituir un delito. Entonces se dirigieron públicamente al fiscal general para que desautorizara esta práctica, pero posteriormente este asumió la responsabilidad última de la nota. «Hoy nos encontramos con que el fiscal general no podía desautorizar lo que él mismo había ordenado: la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid», indican.
«La forma de proceder ha sido en todo momento inapropiada, los tribunales dirán si además es delictiva. El fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid, de considerar que se propagaban noticias que afectaban a la Fiscalía de Madrid, debieron simplemente denunciar la filtración de dichas noticias al Colegio de Abogados y emitir una breve nota dando cuenta de esta actuación», argumenta la asociación de fiscales.
