El juez insta a Francia a agilizar la entrega de cuatro exjefes de ETA investigados
Investigados por la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002
Un agente de Policía Nacional camina frente a la Audiencia Nacional, a 8 de enero de 2024, en Madrid (España). | Diego Radamés - Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha instado a Francia a «agilizar» la entrega de cuatro exjefes de la banda terrorista ETA que se encuentran investigados por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002.
En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 emite un recordatorio a las autoridades galas «a fin de que valoren la procedencia de agilizar las gestiones llamadas a resolver sobre la entrega de los investigados respecto de los que queda pendiente la materialización de las Órdenes de Detención y Entrega expedidas en su día».
La entrega de María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’ –que ya se encuentra en prisión–; Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Juanvi’; Félix Ignacio Esparza, ‘Navarro’, y Ainhoa Múgica, ‘Olga’, «dejaría expedita la finalización del presente procedimiento en su fase actual», según el magistrado.
En esta causa, García Castellón ha investigado la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002, un ataque que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego, de 57.
El juez insiste en que «se consideran practicadas todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos». «La continuación del procedimiento queda exclusivamente a expensas de la decisión de las autoridades francesas», repite.
En ese escrito, García Castellón apunta a los cuatro exjefes, «en tanto que miembros del máximo órgano director y coordinador de la banda terrorista ETA, al cual se considera encargado, a través de las estructuras que los investigados referidos dirigían, de proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados».
El mismo ejercería «un control total sobre los actos de sus militantes, concretando dónde, cómo, cuándo, y con quién realizaría sus funciones o viviría, afectando a todos los miembros de la organización, también a los presos, los huidos en terceros países y, por supuesto, a los que estaban en activo».
Cabe recordar que, en este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias ‘Iosu’, y Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores del atentado.
