Llarena reclama a la Policía que Puigdemont pase al Supremo en cuanto sea detenido
El juez le tomará declaración ante el Tribunal Supremo y después decidirá si decreta prisión provisional
Puigdemont durante la celebración del cuarto aniversario de Junts el pasado julio en Francia. | Glòria Sánchez (Europa Press)
«He emprendido el viaje de regreso». El anuncio de Carles Puigdemont ha activado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que sobre el expresidente catalán pesa una orden de detención nacional. Su idea es acudir al debate de investidura de Salvador Illa, que comienza este jueves. El líder de Junts huyó de nuestro país tras el referéndum ilegal de 2017 para no tener que responder ante la justicia. A pesar de que la ley de amnistía está en vigor, todo indica que será detenido una vez que pise España. El juez instructor del procés, Pablo Llarena, ha reclamado a los agentes que lo trasladen a Madrid para que preste declaración ante el Tribunal Supremo. Después podría enviarle a prisión provisional.
«No le dejarán llegar hasta el Parlament como pretende Puigdemont», explican las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Para evitarlo, los Mossos d’Esquadra han desplegado un operativo conjunto con Policía Nacional y Guardia Civil. Todos ellos, con la ayuda de la Gendarmería Nacional de Francia, han monotorizado al expresidente para detenerlo en cuanto cruce la frontera. La intención es que la operación sea liderada por los agentes autonómicos para evitar revuelo social, aunque esa estrategia puede variar si la jurisdicción es competencia de otro Cuerpo.
Llarena «está activo» y pendiente de su llegada siete años después de que Puigdemont abandonara España. Será arrestado en cuanto pise suelo español en cumplimiento de la orden detención que pesa sobre el expresidente catalán. Su entorno se muestra confiado en que, si esto ocurre, sea puesto en libertad tras su declaración ante el instructor del procés. Su abogado, Gonzalo Boye, aseguró a finales de julio que su arresto supondría incumplir la ley de amnistía.
El regreso de Puigdemont
Puigdemont ya criticó el miércoles su posible detención asegurando que sería «ilegal y arbitraria». No obstante, las fuentes jurídicas avanzan que el líder de Junts será detenido en cuanto piso suelo español. Ese es el mandato que tiene cualquier juez, ya que existe una orden de detención nacional en vigor.
Esa orden impide que le tome declaración el magistrado Joaquín Aguirre, que mantiene abierta una causa contra el expresidente catalán por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona se encuentra de guardia esta semana. No obstante, las fuentes policiales consultadas aseguran que el líder de Junts no llegará hasta la Ciudad Condal y que será arrestado antes.
En caso de que Puigdemont sea detenido podría invocar ante cualquier juez de guardia el habeas corpus. Se trata de un derecho previsto en aquellos casos en los que los arrestados consideren que no existen motivos para ser retenidos. Eso obligaría al juzgado correspondiente a resolver de manera inmediata sobre su libertad si aprecia que la detención carece de sustento. Otras fuentes señalan que si se admite esa fórmula será un «mero trámite» que se resolverá «muy rápido» y que el expresidente catalán será puesto de inmediato a disposición de Llarena.
El instructor del procés tendrá la decisión definitiva. Llarena ya espera a Puigdemont en Madrid para interrogarle, ya que su traslado a la capital de España se antoja inmediato. Las fuentes judiciales consultadas aseguran que el juez interrogará al expresidente catalán tras su detención. Su situación es muy diferente a la de Clara Ponsatí, la exeurodiputada de Junts para quien el juez decretó libertad provisional en julio del año pasado.
En aquella ocasión, Llarena optó por no tomarle declaración de manera inmediata tras ser arrestada. El juez decidió citarla para que acudiera a declarar un mes más tarde, aunque la exconsejera de Educación no se presentó en el Supremo. La situación del líder de Junts es distinta a la de su compañera Ponsatí, que se enfrentaba a una pena de inhabilitación por un delito de desobediencia, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez derogara el delito de sedición del Código Penal.
En estos momentos, Puigdemont está imputado por un delito de malversación de fondos públicos, cuya pena oscila entre los cuatro y 12 años de prisión, ya que juez el instructor consideró que no era amnistiable. Llarena argumentó que «el comportamiento atribuido en la causa al procesado incurre plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la UE».
El papel de la Fiscalía
Debido a la gravedad de los hechos y a las penas de los delitos que se le imputan, las fuentes consultadas explican que «una vez que sea detenido, Puigdemont será interrogado inmediatamente y el instructor, tras la declaración, decidirá si le envía a prisión o decreta libertad provisional para el prófugo».
Lo más probable es que Llarena le envíe a prisión provisional ante «el evidente riesgo de fuga» que existe. Hay que recordar que el expresidente catalán lleva huido de la justicia casi siete años. Otras fuentes barajan que el juez le dejará en libertad al no contar con el apoyo de la Fiscalía. Para que ingrese en la cárcel, alguna de las partes personadas en la causa debería pedirlo. Vox, que actúa como acusación popular, ya ha anunciado que reclamara que el líder de Junts ingrese de inmediato en prisión.
Una estancia que, en todo caso, las fuentes consultadas califican de «breve», aunque no se aventuran a dar un periodo de tiempo. El retorno de Puigdemont a España marca un capítulo significativo en la prolongada saga política y judicial que ha rodeado su figura desde el referéndum independentista de octubre de 2017. Su regreso, tras permanecer casi siete años prófugo, podría tener importantes repercusiones tanto en el ámbito político catalán como en el nacional.
Las próximas horas serán decisivas para determinar el curso de los acontecimientos, mientras el país sigue con atención el desarrollo de la investidura del socialista Salvador Illa y de la aplicación de la ley de amnistía, que entró en vigor a principios de junio. Puigdemont, que anunció que abandonaría la política si no conseguía convertirse de nuevo en presidente autonómico, mantiene varias causas judiciales abiertas.
Además de la malversación por el 1-O, el juez Aguirre ha solicitado al Supremo (que aún no se ha pronunciado) que le investigue por el caso Voloh por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán. El alto tribunal archivó el mes pasado la causa de la plataforma Tsunami Democrátic, que le investigaba por terrorismo, después de declarar nulo el proceso a partir de 2021 por un error del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
