El Congreso avala la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y el asalto al TC

El Congreso de los Diputados da luz verde a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno, a través de la que se deroga, por un lado, el delito de sedición, al tiempo que se aprueban por la vía de enmiendas cambios en la malversación que beneficiarán a los líderes del procés y un nuevo sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para forzar un vuelco progresista en este órgano. Es la forma escogida para tramitar estas últimas medidas lo que ha desatado un choque inédito entre el Ejecutivo y la oposición tras el recurso presentado por el Partido Popular ante el Constitucional, en el que solicitaba que se paralizara el pleno en la Cámara Baja, lo que finalmente no ha sucedido tras la decisión del órgano de garantías de aplazar hasta el lunes una decisión al respecto.

La votación, en la que PP y Ciudadanos han decidido no participar en señal de protesta, ha salido adelante con 184 votos a favor -de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios-, 64 en contra y una abstención. Se pone fin así a una jornada de vértigo y nervios, que ha arrancado con la convocatoria por la mañana de un pleno extraordinario del Constitucional para debatir si admitía las medidas cautelarísimas solicitadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo, en las que pedía suspender la tramitación parlamentaria de las enmiendas introducidas por PSOE y Podemos. Su decisión de aplazar la reunión al lunes ante la complejidad de la cuestión daba vía libre al Congreso para votar las enmiendas, si bien todavía tienen que ser aprobadas por el Senado, por lo que el Gobierno no las tiene todas consigo, ya que su entrada en vigor aún dependerá en último término del dictamen que emita el tribunal.

La decisión del PP y Ciudadanos de no participar en la votación en señal de protesta ha provocado, además, otra división de opiniones en la oposición sobre cómo actuar ante la maniobra del Gobierno. Según relatan fuentes de Cs a THE OBJECTIVE, el partido naranja ha intentado que PP y Vox hicieran lo mismo que ellos y ni siquiera se presentaran en el hemiciclo para la votación, con el objetivo de repetir la imagen del hemiciclo vacío que se produjo en 2017 en una votación del Parlament de Cataluña que también había sido impugnada ante el tribunal de garantías.

Sin embargo, los de Feijóo han optado por permanecer en sus escaños aunque sin votar, mientras que los de Abascal se han inclinado directamente por el no. El motivo: sus dudas de que un movimiento como el que proponía Ciudadanos pudiera tener repercusiones en la decisión que debe tomar el Constitucional el próximo lunes.

En cualquier caso, el debate en el pleno ha estado dominado por el cruce de acusaciones de golpismo entre Gobierno y oposición, que ha tenido su momento más tenso con las declaraciones del portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, comparando la maniobra del PP para frenar esa votación con el intento de golpe de Estado del 23-F. «Hace 41 años, la derecha quiso parar con tricornios un pleno del Congreso y parar también la democracia. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar…», ha afirmado el diputado socialista con la voz levemente temblorosa, lo que desatado las críticas de la bancada popular, que ha protestado con insistencia al grito de «vergüenza».

Las enmiendas de PSOE y Podemos

En las dos enmiendas impulsadas por PSOE y Unidas Podemos para acelerar la renovación del Constitucional, se modifica el sistema de elección de los magistrados del TC, se reducen las atribuciones de ese órgano para examinar la idoneidad de los candidatos y se rebajan las mayorías necesarias para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos magistrados de la corte de garantías que le corresponde nombrar.

Por un lado, la enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial suprimiría la necesidad de que el CGPJ nombre a sus candidatos para el TC con una mayoría de tres quintos. Bastaría con una mayoría simple. Además, se establecería un mecanismo exprés que permitirá que en apenas 11 días estén elegidos sus dos nombres.

Moncloa trata así de acelerar el vuelco progresista en el TC y lograr cuanto antes los nombramiento de los dos candidatos designados por el Consejo de Ministros, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Y lo hace por la vía de presentación de enmiendas a una reforma de la derogación de la sedición, que ha acabado convirtiéndose en un cajón de sastre donde se ha incluido, además, la malversación y una reforma a las leyes que regulan al CGPJ y al TC. Una reforma con la que, al ser tramitada como Proposición de Ley Orgánica en el Congreso y no como Anteproyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros, el Gobierno pretendía eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ.

Fractura interna por la malversación

El otro foco de la polémica se ha centrado en la reforma del delito de malversación, que ha provocado críticas en las propias filas del PSOE. El que ha mostrado un tono más duro es el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, que denunció que el Gobierno reforma el Código Penal «a medida de los culpables» y amenazó incluso con acudir al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo permite la celebración de un referéndum en Cataluña. Este miércoles se sumó a las críticas otro destacado dirigente del PSOE, Javier Lambán. El presidente de Aragón aseguró que no está conforme con las reformas de la malversación y sedición, al tiempo que valoró la posibilidad de estudiar normas que endurezcan casos de robos del erario público.

Lo cierto es que los principales beneficiados de la reforma de este delito, pactada con ERC, serán los implicados en el procés. Las penas de los independentistas podrían verse reducidas considerablemente, lo que les abre la puerta a participar en el ciclo electoral que comienza el próximo año.

El desvío de fondos públicos cuando exista enriquecimiento personal mantendrá las penas de prisión actuales, de dos a 12 años de prisión y de seis a 20 de inhabilitación. Pero la enmienda transaccional aprobada el lunes en la Comisión de Justicia crea dos tipos penales nuevos, con los que los independentistas podrían reducirse más de la mitad de sus penas.

El primer tipo, la malversación sin ánimo de lucro para «usos privados», conllevará de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de uno a cuatro años. El segundo tipo, cuando el dinero malversado se dedique a un fin distinto al previsto, será penado de uno a cuatro años de cárcel y de dos a seis de inhabilitación. Los expertos sostienen que tanto el ánimo de lucro como «los usos privados» serán conceptos susceptibles de interpretación por parte de los jueces.