PSOE y Podemos quieren eliminar la norma que permite al TC bloquear al exministro Campo

Los partidos que forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han decidido presentar dos enmiendas este viernes que suponen un verdadero empujón a su intento de forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional (TC). De acuerdo con las información adelantada por ‘El Diario’, los partidos del Ejecutivo quieren tramitar dos enmiendas a la reforma del Código Penal, que se tramita actualmente en el Congreso, para lograr cuanto antes los nombramiento de los dos candidatos designados por el Consejo de Ministros, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. La primera obliga al CGPJ a elegir cuanto antes a sus dos candidatos, mientras que la segunda afecta de lleno al propio tribunal de garantías.

En concreto, el objetivo de esta segunda enmienda del PSOE y Unidas Podemos es modificar la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional para suprimir la verificación por parte del órgano de los nuevos magistrados. Es decir, que el TC perderá su capacidad actual de examinar en solitario la idoneidad de los aspirantes propuestos por el Gobierno de Sánchez.

Hasta el momento, el TC procede cada vez que se producen nombramientos a un examen de idoneidad con el que comprueban que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional: ser español y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Pero, a partir de ahora, se añade un nuevo apartado al artículo 19 de la ley del Constitucional para que sean los órganos proponentes que prevé la Constitución –Congreso, Senado, CGPJ y Gobierno– los únicos que tendrán la obligación de comprobar que los magistrados designados cumplen con los requisitos exigidos. Y además se incluye una nueva causa de cese «por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución».

Por otro lado, la enmienda prevista por los dos partidos de Gobierno apunta también según el citado medio que, si transcurridos los nueve años y tres meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, «uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional«.

De esta manera, se pretende acabar con la idea de que la renovación por tercios, en este caso, dos de ellos elegidos por el Ejecutivo y otros dos por el máximo órgano de gobierno de los jueces, debe hacerse conjuntamente. Una medida que, sin embargo, no debería tener especial impacto ya que la otra enmienda propuesta por PSOE y Podemos obliga sin ambages al CGPJ a realizar sus nominaciones cuanto antes, ya que se elimina la mayoría de dos tercios y se pasa a una simple. Además, de no elegir a un candidato, a los vocales o al presidente del Consejo que persistan en el bloqueo tras la aprobación de la reforma, se les podrá imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva.

Puentear al Constitucional

La actual renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado mes de junio corresponde a partes iguales al CGPJ y al Gobierno. Nunca ha ocurrido que el Pleno del TC se enfrente a una disyuntiva como la actual, con la que Moncloa pretende que sean nombrados dos y no cuatro magistrados al mismo tiempo. Una maniobra de difícil encaje constitucional, según diversos juristas consultados.

Sin embargo, el movimiento del Gobierno sirve para puentear la decisión del tribunal de garantías de no tomar por ahora en consideración los nombramientos de Sánchez. Hasta ahora, la designación unilateral de Campo y Díez por parte del Ejecutivo dejaba en manos del TC la patata caliente de avalar o rechazar la posibilidad de que los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo puedan tomar posesión de su cargo en sustitución de los dos magistrados nombrados hace nueve años por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, que sustituyó en el cargo a Enrique López tras su renuncia en el año 2014.

A finales de noviembre, cuando el Constitucional recibió el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez como candidatos, lo puso en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez procediese a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías. Es decir que, de momento, el tribunal de garantías había optado por no examinar en solitario y de forma inmediata la idoneidad de los aspirantes propuestos por el Gobierno de Sánchez. Algo que ahora cambia de forma radical.