La reforma de la malversación abre la puerta electoral a los condenados por el 'procés'

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sostiene que la reforma de la malversación está pensada para «futuros hechos». Pero el futuro puede estar más cerca de lo que parece. A la vuelta de la esquina. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE sostienen que los cambios en el Código Penal motivarán un aluvión de solicitudes al Tribunal Supremo para revisar condenas. Los principales beneficiados serán los implicados en el procés. Las penas de los independentistas podrían verse reducidas considerablemente, lo que les abre la puerta a participar en el ciclo electoral que comienza el próximo año.

El nuevo delito de malversación pactado por PSOE y ERC deja las acciones del procés a un paso de la impunidad. El desvío de fondos públicos cuando exista enriquecimiento personal mantendrá las penas de prisión actuales, de dos a 12 años de prisión y de seis a 20 de inhabilitación. Pero la enmienda transaccional aprobada el lunes en la Comisión de Justicia crea dos tipos penales nuevos, con los que los independentistas podrían reducirse más de la mitad de sus penas.

El primer tipo, la malversación sin ánimo de lucro para «usos privados», conllevará de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación de uno a cuatro años. El segundo tipo, cuando el dinero malversado se dedique a un fin distinto al previsto, será penado de uno a cuatro años de cárcel y de dos a seis de inhabilitación. Los expertos sostienen que tanto el ánimo de lucro como «los usos privados» serán conceptos susceptibles de interpretación por parte de los jueces.

Malversación en concurso medial

«La reforma permitirá reducir las penas de los condenados, entre ellos Oriol Junqueras, y aplicar castigos menores a los huidos», reconoce Alfredo Arrien, penalista en Paredes & Asociados. De los 12 condenados por el procés en octubre de 2019, cuatro lo fueron por sedición y malversación (el citado Junqueras, a 13 años; Raül Romeva; Jordi Turull y Dolors Bassa, a 12). Otros cinco solo fueron castigados por sedición con penas que fluctúan entre los nueve y los 11 años y medio.

El indulto que les concedió el Gobierno en junio del año pasado les permitió abandonar la cárcel, pero no les liberó de las sanciones, por lo que siguen inhabilitados para cargo público. Eso significa que no pueden ser incluidos en una lista electoral. La derogación del delito de sedición prevista no bastaba, pero con el retoque de la malversación se dan todos los ingredientes para que los políticos independentistas condenados puedan concurrir a unos comicios.

Si Junqueras quería enfrentarse al escrutinio de las urnas era necesario rebajar la condena de inhabilitación por malversación. Un delito que se produjo de manera instrumental, pero que se antojó necesario para cometer la sedición. La sentencia del procés no concretó el castigo que se impuso por malversación. Los magistrados consideraron que se realizó en concurso medial (cuando un delito es necesario para la comisión de otro) con la sedición, un supuesto que favoreció a los condenados en el cómputo final de la condena.

La resolución judicial sí especificó que a los cuatro condenados por ambos delitos se les atribuía la modalidad agravada, lo que obliga a imponer la pena prevista en su mitad superior. «Entramos en un terreno de simulación, pero aplicando los nuevos tipos, a Junqueras se le quedaría una condena de dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta», admite Arrien. El prestigioso penalista afirma que el castigo contaría desde el momento en que la sentencia del Supremo se convirtió en firme.

Acelerar los plazos

En ese escenario, el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y los otros condenados por el delito de sedición y malversación en concurso medial podrían ser parte de la partida en las próximas elecciones generales, previstas a finales de año. Incluso llegarían a tiempo para los comicios municipales si, tras acelerar los plazos legislativos, el alto tribunal hace lo propio con la revisión de pena.

Arrien explica que cualquier reforma penal susceptible a beneficiar a un reo debe aplicarse en virtud al principio de retroactividad previsto en el artículo 2.2 del Código Penal. Una vez aprobada su reforma, Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, huidos pero reclamados por el instructor del procés por los delitos de sedición y malversación, tendrían que ser juzgados con los nuevos tipos penales, por lo que «se verían notablemente beneficiados».

Varios especialistas consultados por este diario sostienen que si el expresidente catalán y el resto de huidos regresan a España tras la reforma del Código Penal se enfrentarían al menos a cuatro años de condena, ya que el delito de malversación que se les atribuye continúa siendo delito, aunque inferior a las penas vigentes. No obstante, tendrían que esperar ese tiempo para formar parte de una lista electoral.

Otros expertos consideran que, si se elimina la condena por sedición, a los condenados del procés no se les podría atribuir la nueva modalidad agravada por desórdenes públicos, que prevé penas de entre tres y cinco años de cárcel y de seis a ocho de inhabilitación. Una circunstancia que impediría mantener la condena por malversación, ya que dicho delito era un medio para cometer la acción principal.

Hay juristas que discrepan. Creen que los nuevos supuestos, tanto para la sedición como la malversación, son igualmente aplicables. En ese caso, Junqueras sería condenado a un máximo de nueve años (cinco por desórdenes públicos y cuatro por desvío de dinero). Otros penalistas ven una cifra excesiva y defienden que si el Gobierno ha dado el paso, que supondrá una considerable erosión, es «porque está seguro de que las rebajas de las penas son considerables».