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David Sánchez pide a la juez que impida la filtración de los emails incautados en Badajoz

El músico considera que el contenido de los correos afecta a ocho ciudadanos que no están imputados

David Sánchez pide a la juez que impida la filtración de los emails incautados en Badajoz

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. | Diputación de Badajoz

David Sánchez quiere impedir que se filtren los emails incautados a ocho empleados de la Diputación de Badajoz. El hermano del presidente del Gobierno ha solicitado a la juez que le investiga que recuerde a las partes que no pueden revelar esos datos. En su opinión, el contenido de los correos afecta a ciudadanos que no están imputados. El músico ya pidió expulsar de la causa a dos acusaciones populares. La magistrada rechazó a principios de agosto apartar a Abogados Cristianos, pero queda pendiente la decisión sobre Liberum. Hazte Oír ha anunciado que pedirá rastrear sus movimientos bancarios en el extranjero.

En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, David Sánchez asegura que los autos que dictó la juez Beatriz Biedma en julio para permitir el volcado de estas cuentas corporativas de la Diputación de Badajoz afectan a ocho personas que no ostentan la condición de investigadas. El hermano del presidente del Gobierno, que trabaja para el ente supramunicipal desde 2017, señala que aunque esas resoluciones han sido recurridas, carecen de efecto suspensivo.

«Esto significa que todas las partes procesales personadas en esta causa pueden tener acceso al contenido de dichos correos (…) afectando a ciudadanos que no ostentan la condición de investigados. Es natural pensar en los miles de mensajes que se habrán generado esos años y por esos funcionarios, por lo que rogamos que por parte de la autoridad judicial se recuerde a las representaciones la obligación de no revelar ninguno de los datos, expresiones u opiniones incautadas», insiste Sánchez.

La preocupación de Sánchez

En opinión del hermano del presidente del Gobierno, «resulta evidente que [la filtración de dichos emails] afecta a derechos subjetivos de los indagados». Especialmente después de la difusión de diferentes cuestiones «por determinados medios de comunicación casi a diario, lo que significa que la información judicial está siendo revelada por alguno o algunos de los intervinientes, incluso la incoación de la pieza secreta».

Las acusaciones populares afean a David Sánchez que les acuse de filtrar información a partir de suposiciones. Las mismas fuentes señalan que el músico pretende coartar su libertad de expresión: «A saber qué barbaridades pueden aparecer en esos correos electrónicos para querer que no salgan». La juez ordenó el pasado julio a la Guardia Civil el volcado de los emails corporativos de nueve trabajadores de la Diputación de Badajoz, incluido el hermano del presidente del Gobierno.

Los mensajes requisados fueron enviados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. Estos correos podrían arrojar luz sobre la contratación del músico. Los investigadores sospechan que se pudieron haber realizado «una serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones» para otorgarle el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social.

David Azagra, como es conocido artísticamente, ingresó en la Diputación de Badajoz en 2017, apenas unas semanas después de que su hermano, Pedro Sánchez, alcanzara por segunda vez la secretaría general del PSOE. Las acusaciones sostienen que habría recibido tratos de favor para lograr la plaza, por lo que percibe un sueldo de 53.890 euros al año. El ente supramunicipal le promocionó el año pasado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Titulares de los correos

Entre los correos corporativos que ordenó volcar la juez destacan los del presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo Miranda. También se permitió requisar mensajes del diputado delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Antonio Garrote, que firmó las bases de la convocatoria por la que concursó David Sánchez.

Garrote, que en marzo se convirtió en parlamentario de la Asamblea de Extremadura, solicitó que se retirara el procedimiento contra él por su condición de aforado, algo que rechazó la juez. La Guardia Civil también hizo copias de las cuentas de Cristina Núñez, diputada provincial que firmó la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo; Francisco Martos, diputado delegado de Cultura y Deportes; y varios directores de área.

«El objeto de la incautación del contenido de las cuentas de correo electrónico referidas no es otro que realizar un análisis de las comunicaciones mantenidas por cada una de las personas que fueron titulares de cada una de las cuentas de correo. Todo ello para profundizar en la investigación de los hechos», insiste la Guardia Civil en el oficio remitido a la juez que investiga al hermano de Sánchez.

Los agentes tuvieron que regresar a la Diputación de Badajoz a mediados de julio, dos semanas después de acudir para copiar los emails de los nueve empleados del ente supramunicipal. El regreso estuvo motivado por «un error informático» en el volcado de los correos electrónicos del hermano de Sánchez, investigado por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Incremento patrimonial

Manos Limpias, que ostenta la representación procesal de la acusación popular, interpuso la querella a finales de mayo. Entre otras cosas, se quejaba de que David Sánchez no acudió a su puesto de trabajo y que había conseguido un notable incremento patrimonial inasumible con su salario. El músico ha declarado un patrimonio de 1,7 millones de euros.

Los investigadores revelan que ese aumento se explicaría, en parte, por las donaciones de su padre. Una de 240.000 euros le sirvió el año pasado para comprar una casa en Elvas (Portugal). Un informe de la Agencia Tributaria sin firma ni membrete remitido a la juez exonera a David Sánchez, que ha vivido en cuatro países distintos en los últimos años, de cualquier delito fiscal. Además, los técnicos avalan que pueda tributar en el país luso mientras trabaja en España.

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