España tendrá que abonar otros 33 millones por la retirada de las ayudas a las renovables
El Ciadi reconoce una indemnización a Renergy y eleva la factura a 1.800 millones, incluyendo intereses de demora
Trabajadores revisando paneles fotovoltaicos en el noroeste de China. | Yang Zhisen (Xinhua News)
España sufre un nuevo varapalo en su guerra con los afectados por la retirada de ayudas a las renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) zanja de forma definitiva el caso de Renergy. El tribunal de arbitraje adscrito al Banco Mundial obliga a nuestro país a abonar 32,9 millones de euros a la compañía italiana en concepto de indemnización por la supresión de dichas primas en 2013. La factura supera ya los 1.800 millones de euros, incluyendo intereses de demora, costas y pagos a abogados. Como consecuencia de los impagos, diversos juzgados han embargado bienes españoles en el extranjero.
Renergy inició el procedimiento hace una década, después de que Mariano Rajoy retirara las ayudas que puso en marcha seis años antes el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. La empresa italiana reclamó una compensación de 152 millones de euros. El Ciadi dictó una resolución en mayo de 2002 muy alejada de su demanda, pero reconoció su derecho a ser indemnizada con casi 33 millones. Sin embargo, el Gobierno recurrió la decisión.
Durante estos dos años, la Abogacía del Estado ha hecho todo lo posible para anular el laudo. Para ello argumentaba que el Ciadi no tenía capacidad para juzgar un asunto de tal calibre. España está obligada a cumplir las resoluciones de este tribunal como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía. Para no pagar, apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria.
Impago a las renovables
El Ciadi concluyó hace unos días que el panel de jueces que juzgó el caso de Renergy no se extralimitó en ningún momento, ya que España era uno de los países firmantes del Tratado de la Carta de la Energía cuando aprobó las primas renovables. Eso suponía que seguía dentro del acuerdo en el momento en que retiró las ayudas, de modo que las empresas afectadas tenían plena cobertura para acudir a dicho tribunal en virtud de los compromisos internacionales asumidos por España.
Fuentes de las empresas perjudicadas aseguran que durante estos 10 años de espera han experimentado una situación de «manifiesta inseguridad jurídica» al ver cómo se alteraban las reglas de juego en mitad del partido. Primero con la retirada de las primas a las renovables de forma retroactiva y, más tarde, por no recibir las indemnizaciones reconocidas por el Ciadi.
Desde que España retiró las primas a las renovables hace más de una década, las compañías perjudicadas han presentado 52 procedimientos contra nuestro país, saliendo victoriosas en 26 ocasiones. Sin embargo, aún no han visto ni un solo euro en concepto de compensación. Ese escenario hizo que diversas empresas acudieran a tribunales ordinarios para conseguir las compensaciones vía embargo.
La justicia británica fue la primera en abrir esa puerta, al requisar la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros), la sede del Instituto Cervantes en Londres, cuatro cuentas bancarias, una embajada catalana y la propiedad en la que se sitúa la Escuela Internacional Vicente Cañadas. Un camino que ha seguido Australia, donde la Corte Suprema ha respaldado a los denunciantes reconociendo las deudas acumuladas por España. Eso puede precipitar los embargos de bienes y activos españoles en aquel país, como la filial de Navantia.
La gestión de Luton
Hace apenas unas semanas, el Reino Unido volvió a infligir un duro golpe a nuestro país al embargar el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, uno de los cinco que operan en Londres. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa pública alega que no tiene nada que ver con los impagos por la retirada de ayudas a las renovables. Aena, a su vez, está participada al 51% por Enaire, sociedad a la que Bélgica confiscó recientemente 83,7 millones de euros por el servicio de gestión del tráfico aéreo.
Un juzgado de Estados Unidos acaba de publicar un fallo en el que reafirma su capacidad de juzgar los impagos de España y tomar medidas de embargo en caso de que sigan produciéndose, de modo que la principal defensa de nuestro país se ha derrumbado. La autorización de medidas de incautación parece cada vez más segura y cercana en el tiempo. Los tribunales de Alemania y Suiza también han fallado contra España durante el último año, aunque de momento no se han producido incautaciones.
Las empresas afectadas piden a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ponga fin a los impagos y atienda a la petición de acuerdo que tiene sobre la mesa. De esa manera, insisten, se pondría fin a la litigiosidad y a los embargos, y se podría reactivar la inversión verde en España. Un informe elaborado por NL Consulting señala que nuestro país lidera junto a Venezuela el ranking de Estados con más laudos pendientes de pago.
