España se enfrenta a nuevos embargos en Israel y Suiza por el impago a las renovables

La apuesta de España por la energía verde empieza a convertirse en una pesadilla. Las empresas afectadas por la retirada de primas a las renovables reclamaron el perjuicio ante los organismos internacionales, que han reconocido por el momento compensaciones cercanas a los 1.300 millones de euros. Como el Estado se niega a abonarlas, las compañías trasladaron el asunto a los tribunales de Reino Unido, Australia y EEUU. Los dos primeros han decidido embargar activos españoles si no se satisfacen las indemnizaciones. En las próximas semanas, las compañías perjudicadas iniciarán nuevos procedimientos judiciales en Israel y Suiza que podrían suponer nuevas confiscaciones.

Las primeras sentencias que aludían a embargos de bienes españoles en el extranjero llegaron el pasado abril. La primera, desde Reino Unido. Una semana más tarde, la Corte Suprema de Australia siguió sus pasos. Los procesos en EEUU van más lentos, pero las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables confían en culminarlos con éxito. Dado que España sigue sin abonar las indemnizaciones, han decidido ampliar el radio de acción a otros lugares.

Nuestro país está obligado a adoptar las resoluciones de los organismos internacionales como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía. Un acuerdo que la UE ha solicitado abandonar. La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario y aboga por resolverlos en sus tribunales.

Primas a las renovables

Esa circunstancia hace que las renovables acudan a tribunales de Estados ajenos a la UE. Pero esos países deben cumplir otra premisa: que en su territorio existan activos españoles sobre los que pedir la incautación. Dos requisitos que cumplen Israel y Suiza. Las empresas afectadas manejan una relación con miles de bienes propiedad de España en el extranjero, aunque reconocen que se han centrado en unos 400. La lista no incluye embajadas ni consulados, ya que son activos inembargables.

En esta nueva aventura en los tribunales israelíes y suizos seguirán la vía del Reino Unido, que en plena Semana Santa dio el primer golpe de efecto. Su Corte Suprema fue la primera que aceptó confiscar bienes españoles para satisfacer los pagos pendientes a las renovables. La resolución incluía el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres, sus cuentas bancarias y la sede de la embajada comercial de Cataluña. Meses más tarde, en agosto, los magistrados británicos autorizaron un nuevo embargo, el de la sede del Instituto Vicente Cañada Blanch, una institución educativa situada en plena city londinense.

La resolución de Australia llegó en ese intervalo. La Corte Suprema reconoció que España adeuda 101 millones de euros a Antin Infrastructure Service, que había ganado en 2018 un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Para compensarlo, los magistrados aceptaron embargar diversos bienes españoles, como la sede del Instituto Cervantes en Sídney, edificios, obras de arte y los activos de Navantia, una empresa pública dedicada a la construcción naval.

Antin se desvinculó del laudo hace años. La deuda fue adquirida por el fondo estadounidense Centerbridge, que será quien reciba ahora la indemnización. Los próximos embargos podrían darse en EEUU, aunque los procedimientos están aún en una fase muy inicial. Sus tribunales siguen recibiendo reclamaciones por los impagos, reconoce a THE OBJECTIVE fuentes cercanas a las empresas afectadas por la retirada de primas a las renovables.

Ejecutar los embargos

«La opción de Israel y Suiza es una bala en la recámara por si lo de EEUU no sale bien», afirma un portavoz de las empresas perjudicadas. No obstante, reconoce que las vibraciones son positivas y que están convencidos de que los tribunales norteamericanos seguirán la estela de Reino Unido y Australia. Eso no impedirá que se abran otros procesos en otros países.

España cuenta con diferentes posesiones en Israel y en Suiza, aunque por el momento las empresas afectada por la retirada de primas a las renovables prefieren no hacer público el listado que manejan. Lo presentarán ante los magistrados cuando estos lo demanden. El proceso puede demorarse años, como ocurre en los países que ya han resuelto los embargos cautelares. Las sociedades perjudicadas tenían la esperanza de que se ejecutaran antes de que finalizara el año, pero parece poco viable.

«Son procesos más rápidos, pero España está recurriendo y eso dilata el proceso», explicó hace meses a este diario Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP. El abogado de las empresas afectadas por los impagos de las primas a las renovables pasó en verano por Madrid, donde mantuvo encuentros con «diferentes ámbitos de la sociedad española». Una delegación de las empresas tenía previsto volver en septiembre, pero la inestabilidad política les hizo retrasar el viaje.

España acumula 51 procedimientos en instancias internacionales. De los que se han resuelto hasta ahora, 25 han sido favorables para las empresas. Las indemnizaciones reconocidas se acercan a los 1.300 millones de euros, después de que hace unas semanas el Ciadi condenara a nuestro país a una nueva indemnización a favor de Canepa Green Energy, vinculado a Azora. La sentencia es definitiva, pero se desconoce el montante, ya que el tribunal debe calibrar el alcance del perjuicio.

A esa cantidad hay que sumarle otros 250 millones en condenas en costas, intereses de demora y honorarios de abogados. El origen del conflicto data de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula España captó 70.000 millones de capital foráneo. Sin embargo, seis años más tarde Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva.