España pide anular un laudo de 115 millones por la retirada de ayudas a las renovables

España se resiste a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las energías renovables. Nuestro país ha solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que anule una laudo que obliga a pagar 115 millones de euros a Toyota por el denominado caso Eurus Energy. Los perjudicados sostienen que se trata de «una estrategia legal» para dilatar las compensaciones asociadas a estos litigios, por los que el Estado está condenado a abonar casi 1.300 millones de euros tras 25 sentencias condenatorias.

Toyota inició el proceso en 2016, cuando la compañía nipona se acogió al Tratado de la Carta de la Energía y reclamó a España una indemnización de 173 millones por la retirada de ayudas a las renovables de forma retroactiva. El Ciadi publicó la sentencia hace ahora un año. El laudo condenó a nuestro país a un resarcimiento de 106 millones, a los que había que sumarle los intereses de demora y el pago por las costas judiciales.

Eurus Energy, una empresa filial del Grupo Toyota, se acogió a las primas a las energías renovables que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula España captó 70.000 millones de capital foráneo. La compañía desarrolló 21 instalaciones de energía limpia en nuestro país, pero el negocio se fue al traste cuando, seis años más tarde, Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva.

Impago de los laudos

Hace unos días, los abogados de España solicitaron al Ciadi que anule el laudo que obliga a indemnizar a Toyota. «Es la enésima estrategia legal con la que el Gobierno pretende desgastar a los acreedores a base de seguir dilatando los plazos y continuar aumentando los desembolsos legales asociados a este tipo de litigios», lamentan los perjudicados.

El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está en japonés y no concreta las razones por las que debería revocarse el fallo que publicó hace un año el organismo dependiente del Banco Mundial. El comité que debe dictaminar ahora sobre la petición de España está presidido por el jurista belga Bernard Hanotiau. Completan el tribunal la experta franco-panameña Katherine González Arrocha y la neozelandesa Penelope Ridings.

La decisión puede demorarse meses, aseguran los afectados. Lamentan que esta táctica les ha costado 4,5 millones de euros en abogados. «Intentan alegar cualquier defecto de forma. Incluso atacan a los miembros pidiendo alguna recusación», insisten fuentes de la compañía. Aseguran que esa estrategia no es nueva, sino que se ha utilizado en diversas ocasiones para no indemnizar a las empresas afectadas por la retirada de ayudas a las renovables.

España acumula 51 procedimientos en instancias internacionales. De los que se han resuelto hasta ahora, 25 han sido favorables para las empresas. Las indemnizaciones reconocidas se acercan a los 1.300 millones de euros, después de que hace unas semanas el Ciadi condenara a nuestro país a una nueva indemnización a favor de Canepa Green Energy, vinculado a Azora. La sentencia es definitiva, pero se desconoce el montante, ya que el tribunal debe calibrar el alcance del perjuicio.

Embargo de bienes

A esa cantidad hay que sumarle otros 250 millones en condenas en costas, intereses de demora y honorarios de abogados. Nuestro país sigue sin abonar esas indemnizaciones, a pesar de que está obligado a adoptar las resoluciones de los organismos internacionales como país firmante del Tratado de la Carta de la Energía. Un acuerdo que la UE ha solicitado abandonar. La Comisión Europea considera ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales entre países miembros por ser contrarios al derecho comunitario y aboga por resolverlos en sus tribunales.

Los impagos de estas reparaciones ha llevado a muchas empresas a reclamar las cantidades reconocidas ante tribunales ordinarios. Los de Reino Unido y Australia han decidido embargar activos españoles en estos países si no se satisfacen las indemnizaciones. Hay procesos abiertos en EEUU y, en las próximas semanas, las compañías perjudicadas iniciarán otros procedimientos judiciales en Israel y Suiza que podrían suponer nuevas confiscaciones.