El Supremo estudia una denuncia contra Sánchez por malversación en el 'caso Begoña'
Una asociación quiere que se procese al presidente por usar recursos públicos en su querella contra el juez Peinado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Tribunal Supremo estudia si admite a trámite una denuncia contra Pedro Sánchez por malversación. La Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC) denunció al presidente del Gobierno por usar recursos públicos en su querella contra el juez Juan Carlos Peinado. En su opinión, se valió de la Abogacía del Estado en su cruzada contra el juez que investiga a Begoña Gómez. El ponente será el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que ha dado trasladado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia y el contenido de la denuncia. Fuentes del alto tribunal sostienen que se trata de un procedimiento habitual y que el 97% se inadmiten.
La denuncia también solicita que se indaguen las responsabilidades del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de la abogada del Estado Zaida Isabel Fernández Toro por un presunto delito de prevaricación. La AECC presentó el pasado 20 de mayo una denuncia contra Sánchez y su esposa, a los que acusa de delitos como tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros.
El 6 de agosto, la asociación que lidera Manuel Romeral amplió la denuncia al considerar que el presidente del Gobierno había cometido un delito de malversación al usar recursos públicos para su querella por prevaricación contra Peinado. En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sala de lo Penal del Supremo da traslado a la Fiscalía para decidir si investiga los hechos y designa ponente a Marchena. Se trata del presidente de la Sala, cargo que dejará en las próximas semanas. El magistrado se convirtió en mediático tras presidir el juicio encargado de juzgar a los líderes del procés.
Denuncia contra Sánchez
El escrito, firmado el pasado 4 de septiembre, centra las pesquisas en Sánchez, al que AECC acusa de los supuestos delitos de tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de su función y encubrimiento, según establecen respectivamente los artículos 428, 439 y 451 del Código Penal. La denuncia también señala a Begoña Gómez por tráfico de influencias y al ministro de Justicia y a la abogada del Estado por prevaricación.
La esposa de Sánchez adquirió la condición de investigada el pasado 16 de abril, cuando Peinado abrió diligencias contra ella por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El juez ordenó que se le notificara, algo que sucedió el 24 de abril, el mismo día que el presidente del Gobierno escribió su famosa «carta a la ciudadanía» en la que anunció que se tomaba un periodo de reflexión para seguir en el cargo y en el que el abogado de Begoña Gómez firmó el escrito de personación.
Peinado acabó llamando a declarar a Sánchez en la causa contra su esposa. La intención era que el presidente del Gobierno explicara las reuniones de su esposa con el empresario Juan Carlos Barrabés, uno de sus socios en el máster de Transformación Social Competitiva y a quien Begoña Gómez avaló por escrito en unas licitaciones públicas por 10,6 millones de euros que acabó logrando. El dirigente socialista solicitó prestar testimonio por escrito en virtud al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pero se le denegó.
El precepto establece que esa fórmula solo es válida para informar de «los hechos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo». Tras un tira y afloja, el juez tomó declaración a Sánchez en La Moncloa el pasado 30 de julio. El presidente del Gobierno guardó silencio. Se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dispensa de la obligación de declarar, entre otros supuestos, contra la cónyuge.
Querella contra Peinado
Horas más tarde, presentó una querella contra Peinado por un presunto delito de prevaricación a través de la Abogacía del Estado «en defensa de la institución de la Presidencia». El escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), insiste en que el juez dictó una resolución «injusta» y «a sabiendas» al decretar la citación de Sánchez. El presidente del Gobierno solicitó recabar las diligencias llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El TSJM se pronunciará sobre el asunto a finales de este mes.
La querella de Sánchez contra Peinado generó un profundo malestar en la Abogacía del Estado. Sus miembros aseguran que resulta paradójico que ninguno de los altos cargos de esta institución haya estampado su firma en un documento de tal relevancia, puesto que afecta a la Presidencia del Gobierno, dejando la tarea en manos de Fernández Toro, «una abogada considerada de quinta fila». La letrada fue ascendida a jefa del área penal apenas unos meses antes de que se presentara dicha querella.
Los juristas consultados por este diario sostienen que «es muy difícil recusar a Peinado porque no concurren las causas descritas en la ley». El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece 16 motivos por los que se puede obligar a un magistrado a apartarse de una causa, pero el juez que investiga a Begoña Gómez no incurre, de momento, en ninguna de ellas. Los profesionales señalan que Sánchez busca «amedrentar al juez» y rechazan que este pueda presentar un recurso porque no es parte del procedimiento.
En España, cada año se presentan unas 200 querellas contra jueces por prevaricación, precisan fuentes jurídicas. La mayoría son desestimadas. Tres de las cinco acusaciones del caso Begoña Gómez (Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír) se han querellado contra Sánchez por prevaricación y malversación al considerar que utiliza a la Abogacía del Estado para sus fines particulares.
En una primera edición de esta noticia se indicaba erróneamente que el Supremo investiga a Sánchez por malversación, pero la denuncia aún no ha sido admitida a trámite, se trata de un paso previo.
