La Justicia canaria suspende el protocolo de Clavijo para acoger a menores inmigrantes
La Fiscalía recurrió el texto al considerar que vulnera derechos fundamentales de los jóvenes extranjeros
Jóvenes inmigrantes tras ser rescatados a su llegada a Canarias el pasado miércoles. | Europa Press
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJCa) ha suspendido este viernes el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados de la región, en línea con lo que defendía la Fiscalía. Lo hace de manera «cautelarísima» (provisional, sin oír a todas las partes) «por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia», según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Gobierno del popular Fernando Clavijo pretendía incluir nuevos trámites que obligan a mantener a los menores bajo custodia policial durante días. El Ministerio Público lo recurrió al considerar que «vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral».
El TSJCa ha accedido a la petición de la Fiscalía y ha suspendido el texto de manera cautelarísima. La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de Canarias estableció el pasado 10 de septiembre el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados (denominados menas). La resolución judicial argumenta ahora que este implica «una innovación relevante del régimen jurídico en vigor». No duda de que el plan busca garantizar los derechos de los menores, pero los magistrados consideran que dificulta su «entrega inmediata y recepción».
«Tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual statu quo», precisan los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCa. Estos insisten que «no cabe perder de vista la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del protocolo de un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable». Ante este escenario, solicitan que se busquen «espacios de encuentros que propicien en logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional».
El nuevo protocolo de Canarias
El nuevo texto establece una serie de trámites e informes que las Fuerzas de Seguridad deben completar antes de dejar a los menores bajo custodia de Canarias. La oposición ha denunciado que el Gobierno de Clavijo pretende ralentizar el proceso e imponer más requisitos para el acceso a los centros de acogida. Entre otras cosas, se obliga a los agentes a entregar una reseña policial completa, la inscripción en el registro de menores (RMENA) y someter al joven extranjero a una audiencia previa en presencia de un intérprete para saber si es candidato a refugio o asilo.
Con este nuevo protocolo, quien recibe al inmigrante en primera instancia es la Administración Central, que debe practicar una serie de trámites antes de transferir la responsabilidad a Canarias, especialmente cuando hay dudas de la edad del afectado. El Gobierno regional ha denunciado en varias ocasiones que vive una oleada de llegadas de menores no acompañados. Un total de 21.470 personas migrantes han llegado a las islas de forma irregular entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, según el último balance del Ministerio del Interior.
«Lo primero que cumple advertir es que no se incluyen entre las disposiciones incorporadas el protocolo territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio de la eficacia (o entrada en vigor) de las actuaciones dispuesta en el mismo», asegura el auto. Este insiste en que «por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibilidad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del protocolo».
El TSJCa entiende que, en esta situación, se debe declarar procedente la petición de la Fiscalía de suspender cautelarísimamente la aplicación del protocolo. Establecida la suspensión cautelar, la Sala da traslado de su decisión provisional al Gobierno de Canarias para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente, de cara a una posterior decisión de la Sala.
La posición de la Fiscalía
La semana pasada, la Fiscalía ya advirtió de que identificaría a aquellas «personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias» que se amparen en el nuevo protocolo para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco. Además, aseguró que investigaría la comisión de un delito de abandono de menores o de otro tipo.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, dio instrucciones a todos los fiscales de las islas de la forma en la que debían actuar si cualquier fuerza o Cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento «la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia» a la acogida de un menor inmigrante en un centro si este ha sido «debidamente reseñado» conforme al protocolo nacional de 2014.
El Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado 12 de septiembre el protocolo, que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora el Gobierno regional ante el «desorden» que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los menores que llegan en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámites pautados, lo que a su juicio pone en riesgo los derechos de estas personas.
«No puede ser que el Estado nos deje a los niños con un albarán de entrega», resumió el pasado 3 de septiembre la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (Coalición Canaria). Un día antes, el presidente Clavijo anunció que consideraría que los menores recién llegados en cayuco son responsabilidad del Estado, no de la comunidad autónoma, en vista de que no le dan una respuesta a la saturación que soportan los centros en las islas.
