Los jueces que cercan al entorno de Sánchez se conjuran para evitar filtraciones
El magistrado que investiga el ‘caso Koldo’ estudia abrir una pieza separada para averiguar quién divulgó los correos
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa de Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz.
Las investigaciones judiciales que cercan a su entorno no dan tregua a Pedro Sánchez. Las resoluciones trascienden de inmediato a la prensa, lo que ha llevado a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno, imputados en sendos casos de corrupción, a quejarse de las filtraciones. Los jueces han recogido el guante. No solo han tirado de las orejas a las acusaciones populares, también las han amenazado con perseguir a quienes divulguen datos del procedimiento. El magistrado que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional estudia además abrir una pieza separada para conocer quién difundió los correos electrónicos del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos.
Juan Carlos Peinado fue el primero en apercibir a las acusaciones populares. El juez que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias retomó la causa contra la esposa de Sánchez el 26 de agosto, cuando citó a declarar a cuatro testigos. Durante la jornada reiteró a las partes personadas su obligación de guardar secreto de los testimonios, pero también del resto de resoluciones que forman parte de la causa.
Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que Peinado recordó que filtrar cuestiones del procedimiento tiene consecuencias legales para sus delatores. Procuradores y abogados pueden ser inhabilitados para su profesión, incluso corren el riesgo de ser condenados a entre uno y cuatro años de prisión. No obstante, los juristas reconocen que se imponen «muy pocas» penas de este tipo porque resulta «muy difícil» identificar al filtrador.
El vídeo de Sánchez
Peinado fue especialmente vehemente con el letrado Aitor Guisasola, reconocido youtuber. Las quejas de la esposa de Sánchez se centraron en que el representante del Movimiento por la Regeneración Democrática de España había aireado cuestiones secretas. Guisasola publicó en su perfil de redes sociales el auto con el que el juez levantaba el secreto de las actuaciones. La Fiscalía ha solicitado que se le investigue al considerar que su conducta denota «indicios claros» de un delito de revelación de secretos.
La fórmula del secreto del sumario, incluida en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), trata de preservar la investigación, las situaciones de riesgo para las personas que forman parte de la causa y la presunción de inocencia de los imputados. Ese escenario choca con el objetivo de los medios de publicar cualquier información de interés general. La primera filtración se produjo a finales de mayo, cuando El País publicó un informe de la Guardia Civil favorable a Begoña Gómez. La causa permanecía aún secreta, por lo que el grupo que tenía acceso era muy reducido: Peinado, el Ministerio del Interior y el fiscal del caso.
La revelación de secretos se castiga con penas de prisión de entre uno y tres años, que se elevan a cuatro cuando es el profesional quien incumple su obligación de no divulgar información, tal y como establece el artículo 199.1 del Código Penal. Cuando la causa se declara secreta y es el abogado o el procurador el que revela las actuaciones procesales, la sanción incluye una inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión y oficio de uno a cuatro años, tal y como estipula el artículo 466.
La indignación de Begoña Gómez ha aumentado a medida que avanzaba la investigación. La esposa de Sánchez solicitó en julio a Peinado que no se registraran las imágenes de su declaración y que solo se grabara el audio. De esa manera se evitarían las filtraciones que sucedieron a su primera comparecencia. Sin embargo, el juez no atendió la demanda, por lo que la investigada acabó querellándose contra el magistrado por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos. La Fiscalía rechazó investigarle por las filtraciones.
Querella contra Peinado
Peinado también se las tuvo tiesas con el presidente del Gobierno, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidiera otorgar a las partes el vídeo de la declaración de Sánchez. La comparecencia, en calidad de testigo, tuvo lugar el pasado 30 de julio en La Moncloa. El dirigente socialista se acogió a su derecho a no declarar, aunque antes intentó sin éxito hacerlo por escrito. A continuación presentó una querella contra el juez por un presunto delito de prevaricación.
La grabación de Sánchez aún no ha trascendido, aunque sí lo han hecho las de su esposa y otros investigados y testigos que han comparecido ante Peinado. Las fuentes consultadas afirman que las advertencias del juez han calado entre las partes, a las que amenazó con tomar medidas legales si se producían filtraciones a la prensa. Estas son habituales en este tipo de procedimientos, incluso cuando son declarados secretos.
La juez que investiga a David Sánchez también ha advertido en varias ocasiones sobre las filtraciones de la causa que se sigue en Badajoz. Beatriz Biedma se mostró especialmente vehemente el pasado 2 de septiembre, en una reunión con las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección de Manos Limpias. Estas solicitaron a la magistrada que incorporara un informe pericial externo, aunque esta se negó y pidió a la Agencia Tributaria que identificara a los autores del informe que exoneraba de cualquier delito fiscal al hermano del presidente del Gobierno.
David Azagra, nombre artístico del hermano de Sánchez, quiere impedir a toda costa que se aireen los emails incautados a nueve empleados de la Diputación de Badajoz, él entre ellos. Ha solicitado en varias ocasiones a la juez que recuerde a las partes que no pueden revelar esos datos, especialmente los que atañen a ciudadanos que no están imputados en la causa. La presión a la que está sometida Biedma se ha intensificado en las últimas semanas. Como respuesta, ha advertido a las acusaciones populares de que les amonestará en caso de que filtren los correos electrónicos.
Cambio de enfoque
Las fuentes consultadas han mostrado su sorpresa por este tipo de respuesta al notar que, en investigaciones que involucran a partidos de la oposición, no se han impuesto restricciones tan severas. En esos casos existió mayor libertad, sin las limitaciones que actualmente existen en los casos del hermano de Sánchez o de Begoña Gómez. Por el contrario, cuando los investigados son miembros del PSOE, «se observa un cambio en el enfoque de los magistrados». Las partes se quejan de que observan mayores controles en las causas que cercan a los familiares del presidente del Gobierno.
El juez del caso Koldo se ha sumado a las restricciones y estudia abrir una pieza separada para conocer quién difundió los correos electrónicos de Koldo García. El magistrado ha solicitado un informe a la Fiscalía después de que el antiguo asesor del Ministerio de Transportes solicitara abrir una pieza separada para investigar las filtraciones. Su defensa ya instó en esa medida el pasado julio, aunque sin éxito. Entonces estaba pendiente que el Supremo se pronunciase sobre la competencia de la Audiencia Nacional.
Ábalos también denunció en julio las filtraciones ante la Fiscalía. Incluso planteó que se llamara a declarar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han instruido el sumario del caso Koldo. El que fuese número tres de Sánchez en el PSOE solicitó en un escrito al juez Ismael Moreno la devolución de parte de los dispositivos que habían sido incautados a su antiguo asesor, en los que se encontraban «archivos personales» y «documentos laborales» que, en su opinión, no tienen relevancia para la causa.
