Dos etarras arrepentidos: «Quiero colaborar con la justicia y con la Guardia Civil»
THE OBJECTIVE accede a los testimonios ante el juez de dos terroristas convertidos en testigos protegidos
Atentado de ETA en la Plaza de la República Dominicana de Madrid en julio de 1986. | Europa Press
«Me he dado cuenta del daño que he hecho y quiero colaborar con la justicia y con la Guardia Civil». Esa fue la confesión de uno de los dos etarras arrepentidos que se han convertido en testigos protegidos. Los antiguos miembros de ETA en la década de los ochenta y los noventa comparecieron el pasado abril ante el juez Manuel García-Castellón, que acaba de jubilarse. Sus testimonios, a los que ha accedido THE OBJECTIVE, permiten avanzar en varias causas contra los exjefes de la banda terrorista, que anunció el cese definitivo en octubre de 2011. Sin embargo, aún existen casi 400 asesinatos sin resolver, como denunció Dignidad y Justicia.
Las querellas interpuestas por la asociación que preside Daniel Portero resultaron fundamentales para que el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional tomara declaración a los etarras arrepentidos. Ambos han adquirido recientemente la condición de testigos protegidos, los dos únicos miembros de ETA que la poseen hasta el momento. «Creo que es mi deber. Creo que debo hacerlo. Estoy en deuda con la democracia», aseguró al fiscal uno de ellos, según ha avanzado El País.
Su compañero en ETA aseguró que su decisión de acudir a la Audiencia Nacional es fruto de «una evolución que he tenido. Me he dado cuenta del daño que he hecho y quiero colaborar con la justicia y con la Guardia Civil». El terrorista, que formó parte de la banda terrorista y pasó un largo periodo en prisión, aunque no quiso dar las fechas concretas «por no dar pistas». No obstante, insistió en que su intención era ayudar «en lo que pueda, en lo que sé y conozco» para esclarecer los atentados.
Las declaraciones de los dos testigos protegidos, cuya identidad permanece en secreto, ofrecen detalles del funcionamiento interno de ETA, señalan a dirigentes concretos por dar órdenes para atentar y especifican cómo se le elegían los objetivos. La dirección era quien daba instrucciones para cometer asesinatos concretos de políticos, fiscales y jueces a través de un sistema de buzones. En cambio, los comandos tenían autonomía cuando suponía «atentar contra Policía, Ejército y Guardia Civil».
Sus testimonios pueden ayudar a desentrañar varias causas. Entre ellas, las de Miguel Ángel Blanco, reabierta tras una querella de Dignidad y Justicia. El pasado abril se procesaron a cuatro antiguos jefes de ETA por el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua en julio de 1997. Las confesiones de estos testigos también pueden servir para aclarar el crimen de Gregorio Ordóñez, el edil del PP en San Sebastián; el asesinato del empresario Francisco Arratibel dos años más tarde o el del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, en 2000.
Los etarras arrepentidos apuntan a una docena de antiguos jefes de ETA, entre los que se encuentran Soledad Iparraguirre, Anboto; Mikel Antza; Javier García Gaztelu, Txapote; Ainhoa Mugica, Olga; Juan Antonio Olarra, Jokin; y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. Uno de los testigos protegidos aseguró que Ternera, que se encuentra en Francia tras su última detención en 2019 y ha sido reclamado por España, era «el responsable del aparato político y su función era mandar en todo». Al menos hasta 1989, en el momento de su detención.
Ternera era el número dos de Domingo Iturbe, Txomin, pero se convirtió en el líder de ETA tras la muerte de este en 1987. El juez también preguntó sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ninguno de los terroristas arrepentidos supo dar el nombre de la persona de la que partió la orden para secuestrar y asesinar al concejal del PP en Ermua en julio de 1997. «Al tratarse de un político, la decisión se tomaría por el aparato político [..] La responsabilidad fue compartida y emanó desde la dirección», subrayó uno de los etarras.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco
«Si me hubiesen dado la orden, lo tendría que haber hecho», admitió uno de ellos. Según su declaración, la dirección de la banda terrorista podría haber evitado el asesinato de Blanco de haber dado esa orden, ya que el comando «no podría haber llevado a cabo el asesinato si no hubiera recibido las órdenes del comité ejecutivo […] Finalmente lo asesinaron y eso contó con la aprobación de la dirección de ETA seguro».
García-Castellón también preguntó a los testigos protegidos por la supuesta implicación de Arnaldo Otegi y otros miembros de la antigua Herri Batasuna. Durante la instrucción de la causa, una testigo protegida afirmó que el actual coordinador de Bildu tenía conocimiento del secuestro de Blanco. Sin embargo, uno de los etarras arrepentidos manifestó en abril que no creía que Otegi hubiese podido evitar su asesinato, ya que no formaba parte de la dirección de la banda, a la que correspondía decidir.
Los etarras arrepentidos tampoco albergaron dudas cuando se les preguntó de dónde partió la orden para secuestrar a José Antonio Ortega Lara. El funcionario de prisiones fue liberado por la Guardia Civil en julio de 1997, tras 530 días de cautiverio. «La capacidad de acabar con ese cautiverio solo podía venir de la dirección», insistió uno de los confesores. En el caso del asesinato de Gregorio Ordónez afirmaron que tuvo que existir «una orden clara» de la cúpula porque el comando no podría haberlo hecho «sin autorización del comité ejecutivo».
