Los etarras necesitaban autorización de la cúpula para atentar contra traficantes de droga
La banda terrorista declaró la guerra al narcotráfico en 1980, pero las investigaciones han revelado vínculos para lavar dinero y conseguir armas
Miembros de ETA durante una rueda de prensa en 1998. | Europa Press
Tenían carta blanca para atentar contra policías y guardia civiles, pero necesitaban autorización de la dirección para hacerlo contra jueces y políticos. La declaración de un etarra arrepentido ha revelado que, en contra de lo que se sabía, cualquier comando que quisiera atentar contra un traficante de droga también debía contar con el visto bueno de la cúpula. ETA les declaró la guerra en 1980. Esa es la versión oficial, ya que investigaciones posteriores han determinado que mantenía vínculos con ellos para lavar dinero y conseguir armas.
Un giro inesperado que llega a través de dos etarras arrepentidos. A principios de febrero revelaron a la Guardia Civil detalles que servirán para afianzar su trabajo y abrir nuevas vías para entender los entresijos de la banda terrorista, que anunció su disolución definitiva hace cinco años. Durante las décadas que estuvo activa cometió 850 asesinatos, más de un tercio sin resolver.
La declaración de los testigos protegidos puede resultar fundamental para esclarecerlos. Los etarras arrepentidos revelaron el nombre de 12 jefes de ETA, lo que puede servir para responsabilizar a la cúpula a través de la autoría mediata. También reconocieron que la dirección pudo evitar el asesinato de Miguel Ángel Blanco y que recibían órdenes de un intermediario. Pero lo que llamó especialmente la atención de los investigadores es el modus operandi con los traficantes.
La ‘guerra’ de ETA
El libro Vidas Rotas. Historia de los hombres, las mujeres y los niños víctimas de ETA (Espasa) revela que la banda asesinó a 32 personas con el pretexto de que se dedicaban al tráfico de drogas. Pablo García Valera, autor de ETA y la conspiración de la heroína (Catarata), eleva la cifra a 43. El investigador señala que la organización repetía como un mantra en sus comunicados que la víctima era un confidente y traficante de droga que trabajaba para las fuerzas de seguridad del Estado.
En los años setenta y ochenta la heroína campaba a sus anchas en España. Hasta el punto de convertirse en la primera causa de muerte entre los jóvenes de las grandes urbes. Su consumo tuvo más impacto en el País Vasco que en otras regiones, lo que motivó a ETA a declarar la guerra oficialmente a «la mafia de la droga».
Los terroristas pensaban que se trataba de un plan del Estado para intoxicar a su juventud y destruir así las bases del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Una teoría conspirativa muy extendida, pero sin ningún rigor. ETA pasó a la acción con la voladura del pub El Huerto de San Sebastián el 27 de abril de 1980. Una semana más tarde emitió un comunicado en el diario Egin para reivindicarla.
«Se corrompe a la sociedad vasca y se desorienta a la juventud en el verdadero objetivo de la liberación personal y colectiva que se manifiesta en la lucha revolucionaria. Nuestros esfuerzos se dirigirán a realizar ataques de advertencia sobre establecimientos de distribución y consumo de tales productos, así como a realizar ataques de eliminación física sobre miembros significados de este alienante y corrompido mundillo de la droga», sostenía el texto difundido.
Vínculos con traficantes
Las acciones continuaron en los años posteriores aunque, como revela García Valera, muchos de los asesinados no tenían nada que ver con la droga. Es el caso de Agapito Sánchez Angulo, un peluquero de Portugalete (Vizcaya) asesinado por la banda terrorista en enero de 1985. El investigador destaca que esas acciones contradicen los movimientos de ETA, que mantuvo implicaciones con el narcotráfico para blanquear dinero y conseguir armas.
En los albores del siglo XXI, dos investigaciones destaparan los vínculos entre ETA y los traficantes de droga. García Varela explica en su libro que la juez francesa Laurence Le Vert y la fiscalía alemana de Habsburgo determinaron que la organización lavó dinero con fondos procedentes del tráfico de cigarrillos y blanqueados en bancos suizos. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) también ha desarrollado varias investigaciones al respecto.
El Observatorio Geopolítico de las Drogas (OGD) presentó en 2000 un informe en el que afirmaba que ETA estaba vinculada al tráfico de drogas y que este constituía un elemento muy importante en su financiación. Incluso llegó a afirmar que los asesinatos de narcotraficantes «parecen responder más al interés de eliminar a la competencia que a una voluntad sincera de erradicar la droga en el País Vasco».
El consumo de sustancias también estuvo muy extendido en la banda terrorista. Un documento incautado en 2008 a Segi (ilegalizada por ser cantera de terroristas) admitía que los gastetxes, sus lugares habituales de reunión, se habían convertido en «fumaderos de porros» y que los jóvenes abertzales «solo quieren fiesta». Ese mismo año, la Audiencia Nacional comenzó a investigar las relaciones entre ETA y la narcoguerrilla colombiana de las FARC.
