El Constitucional da vía libre al Estado para decidir si derriba un hotel RIU en Fuerteventura
El fallo del TC determina que el establecimiento se sitúa en un espacio de dominio público marítimo-terrestre
Imagen del hotel Riu Oliva Beach. | EFE
El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que reafirma la competencia del Ministerio de Transición Ecológica sobre el hotel Riu Oliva Beach, ubicado en las Dunas de Corralejo, Fuerteventura. Este establecimiento, erigido en la década de los setenta, se ha encontrado en el centro de una disputa entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio. Según fuentes del Tribunal, la decisión favorece al Ministerio, quien había declarado la caducidad de la concesión del hotel debido a unas obras que excedían lo permitido.
Desde el 1 de enero de 2022, cuando se transfirieron las competencias de costas al Gobierno de Canarias, este sostuvo que debería ser la autoridad competente para decidir sobre la continuidad del hotel. Sin embargo, el Tribunal ha determinado que el Ministerio de Transición Ecológica mantiene la autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad, que se sitúa en un espacio de dominio público marítimo-terrestre.
La resolución del Tribunal Constitucional, que se ha alcanzado por unanimidad, especifica que el Ministerio dirigido por Teresa Ribera es el encargado de administrar la situación del hotel. La concesión original, otorgada en 2003 y posteriormente ampliada y prorrogada, fue puesta en duda por el ministerio tras detectar irregularidades en ciertas obras y actuaciones realizadas por el hotel, lo que llevó a declarar su caducidad.
El Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres y posteriormente de Fernando Clavijo, había desafiado esta decisión, argumentando que el control sobre el litoral les pertenecía tras la transferencia de competencias. No obstante, el Tribunal ha clarificado que, a pesar de la transferencia de ciertas competencias, el Ministerio de Transición Ecológica todavía posee la autoridad legal para gestionar casos que involucren dominio público marítimo terrestre.
La sentencia, que será publicada próximamente, tiene como ponente a César Tolosa, reconocido por su experiencia en legislación contencioso-administrativa. Aunque el fallo del Tribunal Constitucional es firme en cuanto a la competencia, la legalidad de la decisión de declarar la caducidad de la concesión y ordenar el derribo aún está sujeta a revisión por parte de la jurisdicción, específicamente la Audiencia Nacional.
