Los saharauis retenidos en Barajas recurren a la Audiencia Nacional para evitar su deportación
Marlaska anunció la expulsión de una decena de solicitantes de asilo, pero estos se niegan a volver a Marruecos
Varias personas apoyan a los saharauis retenidos en Barajas que piden asilo político. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
Una treintena de saharauis ha lanzado un mensaje de auxilio al Gobierno, que no ha recogido el guante. Retenidos en el aeropuerto de Barajas desde hace semanas, el Ministerio del Interior ha rechazado sus peticiones de asilo y protección internacional. El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció el pasado lunes la expulsión de una decena de solicitantes, aunque ninguna es aún firme. Los perjudicados han recurrido a la Audiencia Nacional para obtener una cautelarísima que les permita dilatar la deportación a Marruecos, país que aparece en su pasaporte y al que no desean volver por «la creciente represión».
El Sáhara Occidental, uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión de Naciones Unidas, fue colonia española entre 1885 y 1975. El proceso de descolonización se interrumpió tras la Marcha Verde organizada por Marruecos. La salida se hizo conforme a lo dispuesto en los Acuerdos de Madrid, pero la ONU sigue considerando a nuestro país como la potencia administradora y, por tanto, la encargada de organizar un referéndum de autodeterminación.
El régimen de Rabat ocupa gran parte del territorio, mientras el Frente Polisario denuncia la violación sistemática de los tratados internacionales. La mayoría de los saharauis afirman que son perseguidos por Marruecos. Llegaron a Barajas a finales de agosto, donde siguen atrapados en la sala de asilados. Varios de ellos han iniciado una huelga de hambre después de que España les negara la solicitud de asilo. Entre los solicitantes se encuentra un enfermo de cáncer y un matrimonio con una niña de un año y medio. La mujer incluso ha sufrido un aborto durante su estancia en la sala de inadmitidos del aeropuerto.
El dialecto saharaui
Los saharauis revelan que en muchos casos no se cumplen las debidas garantías en la tramitación del expediente de asilo. Además, se quejan de que les asignan intérpretes de nacionalidad marroquí que hablan el dialecto darija, que los solicitantes no entienden porque hablan el dialecto hasanía. De hecho, existen varias denuncias por tergiversación de sus declaraciones.
La asignación de traductores marroquíes va en contra de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que no lo considera «razonable ni conveniente». Así lo subraya el Movimiento por los presos políticos saharauis, que ha enviado una carta a Marlaska para pedirle protección para las personas que han solicitado asilo porque «Marruecos no respeta» los derechos humanos de estos ciudadanos.
Potencia administradora
«España tiene la obligación de concederles asilo y protección internacional como potencia administradora, según el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas», insiste Fatma El Galia, abogada de cinco saharauis que siguen retenidos en Barajas. La letrada ha recurrido varias denegaciones ante la Audiencia Nacional y solicitado medidas cautelarísimas que impidan la deportación. Su intención es ganar tiempo, aunque el órgano ha rechazado ya algunas de sus alegaciones al no apreciar especial urgencia.
La Audiencia Nacional considera «vago, impreciso e insuficiente» el relato suministrado para evitar las expulsiones, lo que «no permite avalar la existencia de un riesgo efectivo de persecución individualizada y efectiva». La finalidad de la protección internacional es garantizar la seguridad de toda persona que tema ser perseguida por motivos de raza, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género y orientación sexual que se encuentre fuera de su país de residencia habitual.
«Soy saharaui y no puedo volver a Marruecos. Si lo hago, me matarán», revela uno de los jóvenes saharauis retenidos en Barajas. Otro solicitante de asilo asegura que el activismo por la libertad de su tierra le ha generado problemas con las autoridades del reino alauí, así que su destino si regresa es la cárcel… o algo peor, se teme. Desde finales de agosto han sido expulsadas al menos dos personas y para este jueves hay previstas más deportaciones. Mientras esperan, denuncian las «condiciones infrahumanas» en las que se encuentran en el aeropuerto.
El Galia explica que están intentando agotar todas las vías posibles para frenar las deportaciones. La letrada sostiene que sus clientes «alegan y prueban» que son «activistas saharauis perseguidos». «Algunos han estado en prisión y han sido torturados. Estamos ante hechos probados para solicitar protección internacional, porque corren peligro si vuelven a su país». El rey Mohamed VI concedió el verano pasado más de 2.000 indultos, pero excluyó de ellos a los presos políticos saharauis. La abogada relata que estos ciudadanos no reconocen la nacionalidad marroquí, ya que para ellos «es una imposición».
El giro de Sánchez
Interior asegura que «cada caso se analiza de forma individual» y se resuelve de acuerdo con «los requisitos establecidos en la legislación para la concesión de la protección internacional». El departamento que dirige Marlaska señala que no hay manera de constatar que las personas retenidas sean realmente saharauis. El Galia rechaza ese extremo, ya que estas cuentan con el certificado de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), un documento que «solo tienen los ciudadanos saharauis».
Marlaska anunció el lunes que los solicitantes de asilo retenidos en Barajas que dicen ser saharauis perseguidos serán deportados si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente. El ministro del Interior aseguró que su departamento se atendrá «al cumplimiento de la legalidad nacional e internacional (…) y siempre avalada por los órganos judiciales». Ese mismo día, una delegación de Podemos visitó el aeropuerto, aunque no pudo acceder a la sala de asilo. Su intención es que el presidente del Gobierno desautorice a Marlaska.
La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, dijo sospechar que el Gobierno no acepta las peticiones para «no molestar» a Marruecos, país al que definió como una dictadura. España abandonó su postura tradicional respecto al Sáhara en 2022, tras la carta que envió Pedro Sánchez a Mohamed VI, en la que aseguró que el plan de autonomía planteado por el reino alauí en 2007 constituía «la base más seria y realista» para lograr una solución al conflicto que dura décadas y mantiene casi 200.000 desplazados solo en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia).
