La Justicia tumba la demanda de Begoña Gómez contra El Confidencial
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también condena en costas a la esposa del presidente
Begoña Gómez. | Raúl Terrel (Europa Press)
La Justicia ha tumbado la demanda presentada por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el diario El Confidencial por las informaciones publicadas sobre ella y sus vínculos con Globalia y Air Europa. También, sobre su apoyo a una UTE del empresario Juan Carlos Barrabés en dos concursos del organismo público Red.es y el registro a su nombre de un software valorado en 150.000 euros que Indra, Google y Telefónica desarrollaron para la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, demandó al citado medio para que rectificara una de las noticias relacionadas con los contratos que se llevó Barrabés. La esposa del presidente no cuestionaba la veracidad de la información, sino que aseguró que el título de la misma —La UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la parte subjetiva con su firma— era falsa.
La esposa del presidente esgrimió la falsedad del titular alegando que ella no es propietaria de las empresas que integraban la UTE ni ha ocupado «ningún cargo de administración» en las mismas. Además, exigió a El Confidencial que publicara los comunicados emitidos por Red.es, Air Europa y el Instituto de Empresa tras las noticias sobre los vínculos de estas compañías con ella.
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El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid ha tumbado, en una sentencia dictada este jueves, la demanda presentada. Según explica, con respecto al titular de la noticia, no tiene sentido tratar de «situar la controversia en el adecuado empleo gramatical de la preposición ‘de’, entendida como expresión que denota posesión o pertenencia», cuando queda claro que «en el contexto indicado se usa para afirmar cualquier tipo de vinculación».
Además, también rechaza que el citado medio tenga que publicar los comunicados que exigía la esposa del presidente. La sentencia finaliza recordando que la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a pagar las costas a las partes que «hayan visto rechazadas todas sus pretensiones», salvo que el tribunal aprecie «serias dudas de hecho o de derecho». No obstante, el magistrado no considera que se dé ninguna de las excepciones e impone a Begoña Gómez el pago de todos los gastos ocasionados por el procedimiento.
