Aldama pide salir de prisión y denuncia que está encarcelado como «instrumento de presión»
El empresario considera que los argumentos empleados contra él por el juez son «vagos, imprecisos y débiles»
El empresario Víctor de Aldama. | Isaac Buj (Europa Press)
El empresario Víctor de Aldama, comisionista del ‘caso Koldo’, ha solicitado al juez que le ponga en libertad porque considera que está encarcelado por ser un «instrumento de presión» para revelar información hasta ahora desconocida sobre sus actividades. El conseguidor de la trama Koldo fue enviado a prisión la semana pasada por la Audiencia Nacional por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros.
Ahora, según ha adelantado El Mundo, Aldama ha presentado un recurso en el que defiende que los argumentos empleados contra él por el juez Pedraz y Anticorrupción son «especialmente vagos, imprecisos, débiles y no pueden ser tenidos como indicios racionales para justificar una medida tan gravosa».
Así, asegura que la intención de haberle enviado a prisión es la de que desvele «bienes no identificados» por las pesquisas judiciales. En su escrito, el empresario reconoce haber realizado «labores de intermediación» para las empresas de combustibles investigadas, pero señala que se limitó a conseguir clientes y que «tributó oportunamente a Hacienda».
Aldama señala que es falso que haya «codirigido» la empresa Villafuel, pero no niega su relación con Claudio Rivas, también encarcelado por el fraude de hidrocarburos, aunque asegura que su trato con él era como «socio en determinados negocios inmobiliarios» y que «nada» tiene que ver con el «sector de hidrocarburos».
«Se produce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y presunción de no culpabilidad como regla de tratamiento procesal y el derecho a un juicio justo. La prisión acordada produce grave lesión constitucional, vulnera nuclearmente varios derechos fundamentales, además del de la libertad personal, directamente afectado, y señaladamente el derecho de defensa», indica la defensa en su recurso, según recoge Europa Press.
En el escrito, además, su defensa subraya que la puesta a disposición del juez Santiago Pedraz no tuvo lugar en las 72 horas posteriores a su detención. Recuerda que fue detenido a el 7 de octubre a las 7.40 horas y no pasó ante el magistrado hasta el 10 de octubre pasadas las 11.00 horas. Entiende que no se cumplen los requisitos de excepcionalidad ni de proporcionalidad de la medida y lamenta que la prisión «se ha adoptado con la única finalidad de impulsar o facilitar la investigación patrimonial», algo que «excede los límites constitucionales».
Compraventa de acciones para blanquear el dinero
Tal y como publica THE OBJECTIVE este lunes, Víctor de Aldama y el empresario petrolero Claudio Rivas disponían de una compleja red empresarial que les permitía blanquear dinero procedente de las licencias de hidrocarburos dejando muy pocas pistas. Constituían empresas, dentro y fuera de España, para vender combustible. Poco después algunas de estas sociedades desaparecían, entraban en concurso de acreedores o eran liquidadas para evitar pagar el IVA. El comisionista del caso Koldo y su socio tenían pleno control de las sociedades, pero el elaborado diseño de la estructura les permitía, aparentemente, estar desvinculados de la mayoría de ellas.
El comisionista de la trama Koldo y el dueño de Villafuel habrían tejido una intricada red relacionada con licencias en el sector de los hidrocarburos. El magistrado justifica su decisión en la gravedad de los delitos que se les imputan, cuyas penas, elevadas, generan riesgo de fuga. Incide, además, en que quedan aún muchas diligencias pendientes. El objetivo pasa por recuperar el dinero defraudado en la medida de lo posible.
El auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, muestra sorprendentes trueques accionariales que podrían haber servido para lavar una parte del dinero del fraude. No obstante, la principal fórmula para el blanqueo fueron las transferencias al exterior, fundamentalmente a China, Portugal y Colombia. El titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. El fraude ascendería a 182 millones solo entre 2022 y 2024. Las expatriaciones de dinero efectuadas rondarían los 74 millones.
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