García Ortiz se aferra al cargo y seguirá como fiscal general pese a ser imputado
El jefe del Ministerio Fiscal considera que esa decisión refuerza la independencia de la institución
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en unas jornadas en septiembre. | Carlos Castro (Europa Press)
El fiscal general del Estado resiste. Álvaro García Ortiz ha anunciado este miércoles su intención de seguir en el puesto pese a haber sido imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. La mayoría de asociaciones profesionales le han solicitado que dé un paso al lado, pero el jefe del Ministerio Fiscal, el primero al que se le abre una causa judicial mientras ejerce el cargo, ha decidido continuar convencido de que esa decisión es «la más prudente para la institución a medio y largo plazo» y «refuerza» su independencia.
García Ortiz anunciará la decisión a sus colegas este jueves, cuando ha convocado una Junta de Fiscales de Sala (9.30 horas) y un Consejo Fiscal (16.00 horas). La intención del jefe del Ministerio Público es «proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar». En cualquier caso, se trata de un mero trámite, ya que ambos órganos son consultivos y sus decisiones no tienen carácter vinculante.
El fiscal general ha decidido aferrarse al cargo después de que el Supremo haya acordado por unanimidad abrir una causa por un delito de revelación de secretos. La Sala de lo Penal ha estimado la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha iniciado una investigación contra García Ortiz por la nota informativa que emitió la Fiscalía sobre la investigación por delitos tributarios a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La reflexión de García Ortiz
En un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, García Ortiz considera que la apertura de este procedimiento impone «la máxima prudencia» en sus pronunciamientos para evitar que pueda interpretarse como una interferencia a los jueces. Sin embargo, afirma que lo inédito de la situación le obliga a realizar «una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan» y las consecuencias que puede generar «no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española».
«En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado», afirma García Ortiz en una nota de seis puntos. El jefe del Ministerio Público reconoce ser consciente de la repercusión pública de la noticia y de «la afectación que supondrá en el trabajo de los fiscales».
García Ortiz sostiene que la ponderación de esas circunstancias le persuade para seguir ejerciendo sus atribuciones. Se convirtió en fiscal general del Estado en julio de 2022 y volvió a ser nombrado en noviembre, a pesar de que el Consejo General del Poder General (CGPJ) había censurado su designación por falta de idoneidad. Solo un mes antes, el Supremo había anulado el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría del Ministerio Fiscal.
Tras conocerse su imputación, dos de las tres asociaciones profesionales han solicitado la dimisión de García Ortiz. «Es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y estar imputado por el Supremo como posible autor de un delito. No puede seguir un minuto más», ha asegurado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). Cristina Dexeus, portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, también ha pedido su marcha para reforzar la institución, aquejada en su opinión de una profunda crisis reputacional.
La nota de la Fiscalía
El fiscal general del Estado sostiene en la nota que la atribución de investigado le permitirá «ejercitar plenamente mi derecho de defensa», algo que en su opinión no ha podido hacer hasta la fecha. «El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes», insiste García Ortiz.
La Fiscalía publicó el pasado 14 de marzo una nota informativa para desmentir una información publicada la noche anterior. La noticia afirmaba que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Díaz Ayuso. La cúpula fiscal recabó los correos que intercambiaron el fiscal del caso y el abogado del empresario para redactar un comunicado desmintiéndolo. El texto detallaba la cronología de las diligencias practicadas que, por su carácter, son confidenciales, y evidenció que fue el letrado de Alberto González Amador quien propuso el pacto a la Fiscalía.
