Demandan a un colegio de élite en Pozuelo por un caso de 'bullying': «Perdió nueve kilos»
El padre de la menor solicita una indemnización de 35.500 euros al British Council y a cuatro de sus docentes
Imagen del colegio británico, uno de los más elitistas de España. | British Council
Una indemnización de 35.500 euros. Esa es la cantidad que solicita un padre a uno de los colegios más elitistas de España, el British Council School de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y a cuatro de sus docentes por el presunto bullying que sufrió su hija, menor de edad. Los hechos se remontan a 2022, cuando la niña tenía 13 años. Estuvo ingresada dos meses en el hospital aquejada de un trastorno alimentario que le hizo perder nueve kilos en menos de tres meses. Era solo la punta del iceberg, ya que una prueba reveló que padecía una afección ósea muy grave por la acuciante pérdida de peso.
El padre reclama una reparación de casi 35.500 euros al British Council, que siempre ha negado los hechos. El escrito también pide condenar con carácter solidario a cuatro docentes relacionados con esos episodios de bullying. El Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo cerró en falso la investigación que debía esclarecer si varios profesores acosaron a la menor tras denunciar que una compañera sufría una cacería por parte de otras niñas. El auto apuntó a un posible error de plazos y al atasco burocrático como motivos del repentino archivo.
La demanda, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se basa en un informe pericial emitido por el psiquiatra José Cabrera. El prestigioso médico emitió el documento el pasado 6 de junio a petición del padre de la víctima. Tras examinar a la menor y estudiar todos los informes médicos relacionados con su patología concluyó que había sufrido «un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores en el British Council».
Del bullying a la anorexia
«Dicho acoso ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un trastorno de anorexia nervioso», señala Cabrera en su informe. El médico insiste en que dicho problema alimentario causó un grave trastorno músculo-esquelético «del cual la paciente ha tardado en recuperarse parcialmente más de un año», ya que sigue presentando una incapacidad parcial escolar y para las actividades de su vida diaria.
El informe subraya que los episodios de bullying que habría sufrido la menor le causaron como secuela «un trastorno adaptativo persistente de carácter crónico que requiere de asistencia y control psiquiátrico periódico y continuado». El reputado psiquiatra cuantificó el daño provocado en casi 35.500 euros, que desglosó de la siguiente forma: 22.575 por el perjuicio del daño físico osteomuscular y sufrimiento psicológico derivado de la anorexia nerviosa y otros 13.000 por el trastorno adaptativo persistente.
La demanda achaca al centro y a cuatro docentes «una conducta negligente». La menor cursó estudios en el British Council desde los tres años hasta 2023 (cada curso puede costar hasta 12.000 euros). Los hechos se remontan al curso escolar 2021/2022, cuando la víctima tenía 13 años. Todo comenzó en noviembre de 2021, cuando una de sus amigas comenzó a sufrir episodios de bullying por parte de otras dos compañeras de clase.
«Pese a la crueldad y gravedad de los hechos, el centro escolar concluyó que no se estaba ante un supuesto caso de acoso escolar, sino un comportamiento inapropiado puntual, sancionando a las alumnas con tres días de expulsión y dando el asunto por zanjado», explica la demanda. El escrito sostiene que la tutora hizo caso omiso cuando la menor le aportó las pruebas del acoso a su amiga y que le aconsejó que ignorara los hechos. Pero los docentes no consiguieron silenciar a la menor.
«Una conducta inapropiada»
Los padres creen que el centro ideó «un vil ardid» para que abandonara el British Council. Una de sus docentes les instó a reuniones tanto telemáticas como presenciales. La primera tuvo lugar el 7 de marzo de 2022, pero en lugar de abordar que su hija era víctima de bullying por las mismas niñas que antes acosaban a su amiga, les informaron de que la menor tenía «una conducta inapropiada» con esas dos compañeras. Como consecuencia fue expulsada del centro en dos ocasiones por un periodo de uno y cuatro días respectivamente.
El British Council llegó a abrir una investigación interna contra la hija del demandante por un presunto supuesto acoso, pero por su parte. Entre marzo y abril de 2022 fue interrumpida en sus clases y llevada a los pasillos o incluida en reuniones con uno o más profesores «con el fin de reiterarle que debía olvidar lo sucedido con su amiga. Todo ello en 15 ocasiones», revela la demanda. La duración de dichas interrupciones llegaron a ser de hasta hora y media y en muchas de ellas participó un docente «de complexión física y actitud amenazante».
La niña acabó dejando el colegio de Pozuelo. Su padre interpuso una querella que fue admitida a trámite el 19 de septiembre de 2022. Se acordó como única declaración testifical en condición de testigo la del progenitor de la menor que acabó expedientada por el British Council tras denunciar otro supuesto caso de bullying contra una de sus compañeras. La comparecencia estaba señalada para el 5 de octubre, pero acabó produciéndose el 9 de mayo del año pasado, tras cuatro suspensiones.
Las dilaciones motivaron que los padres de la menor presentaran un escrito de impulso procesal, aunque no surtió efecto. El juez archivó el caso el 20 de octubre de 2023 sin llamar a declarar a los profesores querellados ni al facultativo que emitió un informe acreditando que la menor había sufrido un trastorno alimenticio que requirió hospitalización. Desde el centro explican que la Comisión de Bienestar encontró que el caso que motivó los hechos constituía una falta muy grave, pero que «no entraban en la categoría de acoso».
Archivo de la causa
El magistrado alegó en su auto que «no ha lugar» a prorrogar el plazo de instrucción de la causa, aunque en el año que estuvo abierta no se practicó ninguna de las diligencias solicitadas por la presunta víctima. El juez pidió a las partes el 5 de septiembre del año pasado que se posicionaran sobre la pertinencia de prorrogar la investigación. La Fiscalía contestó 10 días después con un breve informe favorable a ampliar el plazo de instrucción por un periodo máximo de seis meses.
En el auto que decreta el cierre provisional de la causa, el magistrado omite la posición del Ministerio Público. No fundamenta los motivos que le llevaron a decidir cerrar la instrucción, aunque apunta a un posible error de plazos. La causa debía haberse prorrogado antes del 19 de septiembre de 2023 por cumplirse un año de la admisión a trámite de la querella. La familia de la menor afectada solicitó sin éxito a la Audiencia Provincial de Madrid reabrir el caso.
