Los fiscales se rebelan contra García Ortiz por enrocarse: «Es una anomalía institucional»
La decisión del fiscal general de mantenerse en el cargo con el respaldo del Gobierno genera una ola de indignación
El fiscal general, de pie, interviene en un acto ante la atenta mirada del juez Manuel Marchena. | J.J. Guillén (EFE)
La decisión del fiscal general de mantenerse en el puesto tras ser imputado ha generado una ola de indignación entre sus colegas. «Es una anomalía institucional», se lamentan los miembros del Ministerio Público consultados por THE OBJECTIVE. Dos de las tres asociaciones profesionales han pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, que ha optado por aferrarse al cargo después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Lo hace con el respaldo del Gobierno, que considera que la investigación carece de recorrido.
García Ortiz argumenta que esa decisión es «la más prudente para la institución a medio y largo plazo» y «refuerza» la independencia de la Fiscalía. Anunciará la resolución a sus colegas este jueves, cuando ha convocado una Junta de Fiscales de Sala (9.30 horas) y un Consejo Fiscal (16.00 horas). Su intención es «proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar». En cualquier caso, se trata de un mero trámite, ya que ambos órganos son consultivos y sus decisiones, preceptivas.
Se esperan numerosas solicitudes de dimisión y que ambas reuniones se celebren bajo un ambiente tenso. «No me voy a dejar nada en el tintero», explica un fiscal por teléfono. Otro asegura que García Ortiz está acostumbrado a escuchar en estos encuentros posiciones muy alejadas a las que defiende, pero que en esta ocasión las palabras van a subir de tono: «Está usando la Fiscalía General del Estado como si fuese su juguete y eso daña a la institución».
García Ortiz se queda
Aunque parece poco probable, el fiscal general puede someter su decisión a votación, aunque no tendría carácter vinculante. En cualquier caso, las reacciones de ambos cónclaves se presuponen desiguales. Los críticos con García Ortiz en el Consejo Fiscal cuentan con opciones de doblarle el brazo. El órgano, presidido por el jefe del Ministerio Público, está integrado por el teniente fiscal del Supremo, el fiscal inspector jefe (ambos como miembros natos) y nueve fiscales elegidos por sus compañeros en activo.
El Consejo Fiscal ya pidió a García Ortiz que dimitiera cuando se conoció la demanda por la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra la pareja de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
«Las posibilidades se reducen en la Junta de Fiscales de Sala, ya que más de la mitad han sido designados por él y por su predecesora [Dolores Delgado]», explica un fiscal crítico. Se trata de un órgano consultivo del que forman parte Delgado y la teniente fiscal del Supremo, que se opuso a la imputación de su jefe. En el cónclave participarán 16 fiscales asociados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que lideró García Ortiz; nueve de la mayoritaria Asociación de Fiscales; y 11 no asociados, aunque en otras ocasiones la aritmética de los bloques no ha funcionado.
El Supremo ha acordado abrir una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. La Sala de lo Penal también se ha arrogado la competencia para investigar a la jefa provincial de Madrid. Esta habría enviado supuestamente al fiscal general datos para la elaboración de una nota que evidenció que fue el abogado de la pareja de Ayuso quien propuso un acuerdo a la Fiscalía tras reconocer un fraude a Hacienda. Un día antes se publicó interesadamente que el pacto de conformidad había sido planteado por el Ministerio Público.
«Usa la Fiscalía en su beneficio»
«Es lógico que se sienta mejor defendiéndose en el puesto de fiscal general que fuera, aunque él sabe que para la institución lo mejor es marcharse. Usa la Fiscalía en su beneficio», le reprocha un fiscal con décadas de experiencia. En caso de que decidiera dar un paso al lado, García Ortiz seguiría siendo investigado por el Supremo, ya que como fiscal de Sala continúa estando aforado.
Varios fiscales subrayan el enfado que existe con su jefe en la carrera fiscal. «No hablamos de que sea culpable o inocente. Si continúa, supone un daño reputacional a la institución. Cualquier responsable político dimite cuando es investigado. Y en muchos casos sale limpio o se archiva la causa», explica un veterano fiscal. Dos de las tres asociaciones profesionales han solicitado la dimisión de García Ortiz. La UPF se ha desmarcado al considerar que los hechos no revisten «características delictivas».
El Gobierno ha cerrado filas en torno al fiscal general. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró este miércoles que la investigación del Supremo «quedará en nada». El dirigente socialista afirma que la Fiscalía General del Estado «cumplió con su deber» de «perseguir el delito y proteger a la democracia» después de que se filtrara «una información incierta». Además, se pregunta si «de verdad puede ser delito contar la verdad».
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también ha respaldado a García Ortiz, del que destacó su trabajo y honorabilidad: «Se defendió de una mentira de la señora Ayuso». Los fiscales críticos lamentan que el Ejecutivo ampare al fiscal general, porque ese apoyo supone su continuidad. Admiten que el margen de maniobra que tienen es limitado porque ni la Constitución ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevén tal escenario porque «es inconcebible».
Petición de firmas
El artículo 31 del EOMF establece que el mandato del fiscal general tendrá una duración de cuatro años y que solo puede ser cesado a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en dicha ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el Gobierno. Esos incumplimientos graves se recogen en el artículo 62, pero no contempla la apertura de una causa judicial.
«No podemos echarle», se resignan los fiscales críticos. En las últimas horas, y según ha podido conocer este diario, varios de ellos han elaborado un escrito para pedir a sus colegas que firmen solicitando la dimisión de García Ortiz. «Si me llega, lo firmaré», admite un veterano miembro. Otros siguen decididos a defenderle porque, como señala la UPF, tiene «el deber de continuar y defender en los tribunales no solo su actuación, sino la de todos los compañeros».
