Una asociación de fiscales pide la suspensión de empleo de Álvaro García Ortiz
APIF solicita la misma medida para María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid
Álvaro García Ortiz. | Juanma Serrano (Europa Press)
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado la suspensión provisional de empleo para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández.
La petición se produce tras el registro que este miércoles realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, por más de diez horas, en el marco de la investigación por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito dirigido al magistrado Ángel Hurtado, al que ha tenido acceso EFE, la asociación, que se ha personado en la causa como acusación popular, considera que «si a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele provisionalmente de empleo, cuando el afectado es el fiscal general del Estado la adopción de esta medida deviene obligatoria».
Porque, advierte, «si Álvaro García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes». Así, «para evitar esta situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal», consideran necesario que se suspenda a García Ortiz.
La petición se produce tras el registro que este miércoles realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, por más de diez horas.
La Apif argumenta que el artículo 60 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que «la exigencia de responsabilidad civil y penal a los miembros del Ministerio Fiscal (…) se regirá, en cuando les sea de aplicación, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados».
