Piden siete años de cárcel en Palma para una mujer acusada de obligar a otra a prostituirse
La acusada se apropiaba de todo el dinero que los clientes le pagaban a la víctima, de Colombia, por sus servicios
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca celebrará este jueves la vista previa al juicio contra una mujer acusada de un grave delito: forzar a otra mujer a prostituirse durante un año. Los hechos, que se remontan a 2017, comenzaron cuando la acusada, en complicidad con otra mujer, ofreció a la víctima, residente en Colombia, la oportunidad de trasladarse a la capital balear para trabajar como mujer de compañía.
La acusada facilitó a la víctima, por medio de un hombre no identificado, el dinero necesario para adquirir el billete hacia Palma. Según el relato de la fiscalía, en abril de 2018, la víctima llegó al aeropuerto de Palma, donde fue recibida por la acusada. Acto seguido, fue llevada a un piso donde se ejerce la prostitución. Allí, la acusada le confiscó su documentación y le informó de una deuda de 6.000 euros que debía saldar prestando servicios sexuales.
Durante un año, bajo amenazas, la víctima se vio obligada a realizar servicios sexuales, mientras la acusada se apropiaba de todo el dinero que los clientes pagaban. La Fiscalía ha calificado estos hechos como un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Por ello, solicita para la acusada una pena de siete años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que suma un total de 7.300 euros.
Además, el Ministerio Público exige que la acusada compense a la víctima con 30.000 euros por los daños y perjuicios sufridos durante el periodo de explotación. Este caso pone de relieve la persistente problemática de la trata de personas y la explotación sexual en nuestro país, destacando la importancia de la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros y la lucha contra estas formas de esclavitud moderna. La sociedad espera que la justicia actúe de manera contundente para reparar el daño infligido y para desalentar futuros actos similares.