La Justicia tumba un nuevo intento de paralizar las obras del centro de 'menas' de Fuenlabrada
El TSJM desestima el recurso del Ayuntamiento y le obliga a pagar 1.300 euros por las costas causadas
Fachada del centro habilitado para la acogida de menores extranjeros no acompañados en Fuenlabrada. | Europa Press
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que buscaba suspender las obras del centro de primera acogida de menores inmigrantes de La Cantueña. Así se desprende de una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo obliga además al Consistorio a pagar 1.300 euros por las costas causadas en la apelación.
En la resolución, el TSJM alega que el interés de los menores que ya se encuentran en el centro es prioritario al interés económico para recuperar la parcela donde se ubica. «El Ayuntamiento de Fuenlabrada sí está poniendo en tela de juicio el interés superior de los menores extranjeros no acompañados y todo lo que ello conlleva», ha mencionado.
En caso de que se demuestre que la parcela es propiedad del Ayuntamiento, el TSJM ha indicado que la entidad recibiría de vuelta un inmueble completamente remodelado y en mejores condiciones de uso que las actuales, lo que supone una mejora significativa respecto al estado previo.
El fallo judicial concluye con la desestimación completa de los argumentos presentados por el Ayuntamiento en su recurso de apelación. Este centro de acogida, que comenzó a recibir a los primeros menores migrantes el último fin de semana de septiembre, ha sido objeto de controversia desde su anuncio. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, fue quien informó sobre la llegada de estos menores.
La ubicación del centro, situada en el polígono de Cobo Calleja, ha generado debate debido a su lejanía de zonas residenciales, colegios y parques, además de estar rodeado por importantes vías de circunvalación. Esta situación ha intensificado el desacuerdo entre la administración regional y la local, poniendo en evidencia las tensiones existentes en cuanto a la gestión y ubicación de infraestructuras críticas para la atención de menores migrantes no acompañados.
