Iustitia Europa impugna ante la Audiencia Nacional el registro turístico de Marlaska
La normativa aumenta hasta 42 la cantidad de datos que se deberán recopilar y almacenar durante tres años
Fernando Grande-Marlaska. | Fernando Sánchez(Europa Press)
Iustitia Europa (IE) ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Real Decreto 933/2021 del Ministerio del Interior. Esta normativa «obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años».
IE califican esto como «una flagrante violación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea», y aseguran que el decreto llega «por parte de un Gobierno que camina hacia la deriva institucional».
La nota compartida, en la que comunican su decisión de impugnar el registro turístico, recoge que «el Real Decreto invade la privacidad de millones de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros». En concreto, este «atenta contra la privacidad de los ciudadanos al exigir información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago».
De esta forma, el recurso presentado plantea la «posible inconstitucionalidad del Real Decreto por contravenir los artículos 18 y 19 de la Constitución Española y los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea». Además, han anunciado la presentación de cuestiones tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambas en fase procesal de demanda, por la «evidente incompatibilidad de estas medidas con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la jurisprudencia actual del TJUE».
Por último, Iustitia Europa ha solicitado la «suspensión cautelar de la norma, argumentando que su ejecución supondría un perjuicio irreparable». Ha señalado, así, el «severo impacto en el turismo y en la imagen de España», por lo que advierten que las medidas «amenazan con dañar uno de los pilares fundamentales de la economía española: el turismo».
