Aldama dosifica la información contra el Gobierno mientras la UCO coteja sus pruebas
El comisionista asegura que las evidencias están en su teléfono requisado y amenaza con nuevas revelaciones
Víctor de Aldama señala a varios miembros del Gobierno y exministros. | Ilustración de Alejandra Svriz
Víctor de Aldama ha puesto las primeras evidencias sobre la mesa. Las más sólidas apuntan a José Luis Ábalos, al que acusa de cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. En la documentación que aportó este miércoles al Tribunal Supremo incluye el contrato de alquiler con opción a compra de un piso que iba a traspasar al exministro como pago en especie por sus servicios. Sin embargo, hasta el momento solo ha lanzado insinuaciones sobre otros miembros del Gobierno o del PSOE. El comisionista de la trama Koldo asegura que guarda todas las pruebas en un teléfono móvil requisado y se ofrece al juez para desencriptarlo. Habrá nuevas entregas, aunque sugiera que el entorno del Ejecutivo le ha contactado para «llegar a un acuerdo».
Las primeras revelaciones de Aldama supusieron un terremoto político. El empresario tiró de la manta el pasado 21 de noviembre en sede judicial, donde señaló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al ministro Ángel Víctor Torres; a la comisaria europea Teresa Ribera y a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero. Los socialistas salieron en tromba a negar las acusaciones y anunciaron una querella contra el empresario.
«Aldama señala sin aportar ningún tipo de pruebas a personas vinculadas al PSOE. Estoy convencida de que no hay caso y de que no va a aportar pruebas», señaló Montero tras las revelaciones del comisionista de la trama. El propio Sánchez aseguró que sus palabras no le merecían ningún crédito, que «todo lo que ha dicho es categóricamente falso» y que respondía a una estrategia procesal. El empresario le respondió nada más abandonar la prisión que «va a tener pruebas de todo lo que he dicho».
Aldama canta ante el juez
De momento, el juez Ismael Moreno ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que coteje la declaración que realizó Aldama el pasado 21 de noviembre. La intención es verificar sus palabras y comprobar si las acusaciones que lanzó en sede judicial tienen fundamento. Como avanzó El Mundo, un equipo especial se ha desplazado hasta la República Dominicana para investigar la conexión económica de ese país con el caso Koldo.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE están convencidas de que Aldama continuará aportando evidencias en los próximos días y semanas. Consideran que está dosificando la información por recomendación de su abogado. «Se trata de una estrategia procesal. Confirma la información y los datos que ya ha revelado la UCO y se ofrece a desencriptar el material de su teléfono móvil. Es una forma de mantener el foco mediático y hacer el máximo daño posible al Gobierno», insisten esas mismas fuentes.
El último movimiento del comisionista de la trama ha sido aportar un escrito de 37 páginas en el que incluye documentos que cercan a Ábalos. Un campo de minas de cara a su declaración ante el Supremo el próximo jueves en calidad de imputado. No obstante, los documentos aún deben ser verificados. Aldama aporta un contrato de alquiler y posterior compra de un lujoso piso ubicado en el Paseo de la Castellana.
El texto asegura que «proyectó» la operación junto al exministro para que este adquiriera el inmueble sin contraprestación por comprometerse a adjudicar contratos a empresas amigas. Sin embargo, no hizo uso de la cláusula que expiraba el pasado 14 de febrero. Según el testimonio de Aldama, Ábalos usó a su hijo para la adquisición. El modus operandi incluía la contratación de sus empresas para simular asesoramiento a terceros en el extranjero para evitar dejar rastro.
La revisión de Puente
El comisionista también ha aportado el nombre de las constructoras que habrían sido beneficiadas con adjudicaciones a cambio de entregar un porcentaje de los beneficios. El propio Aldama se han inculpado en los hechos al reconocer que algunas de ellas realizaron trabajos para él sin contraprestación.
Las empresas señaladas han negado las acusaciones e indican que algunas de esas obras no se realizaron siquiera para Transportes. El ministro Óscar Puente ha restado credibilidad a las acusaciones de Aldama, aunque ha anunciado que revisará los contratos suscritos por su antecesor.
El escrito que ha presentado Aldama también lanza acusaciones contra Cerdán, Torres, Moreno y otros antiguos cargos del Gobierno, aunque sin evidencias sólidas. El comisionista de la trama se excusa en que esas pruebas se encuentran en el móvil que le requisaron el 7 de octubre, tras ser detenido por un presunto fraude de 182 millones de euros con el IVA del sector de hidrocarburos. En su lugar, aporta los números de contacto que guarda de esas personas en su agenda.
Uno de los señalados es Ángel Víctor Torres, para el que asegura que alquilaba un inmueble en Madrid para «encuentros de diversa naturaleza». Esa sería la razón por la que Aldama dijo a Koldo García que les debía «una grandísima» cuando el asesor de Ábalos intermedió con el expresidente canario para que su gobierno adquiriera pruebas PCR. El importe rondó los 5,4 millones de euros. Antes de eso, ya habían adquirido mascarillas por valor de 6,87 millones a Soluciones de Gestión, la empresa investigada.
Pagos en efectivo
El ministro ha negado las acusaciones de Aldama y ha avanzado que ampliará las acciones legales ante semejantes «injurias y calumnias vertidas sin pruebas». Torres negó el pasado 28 de noviembre durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que tuviera relación alguna con el empresario, ya que «ni siquiera sabe cómo me llamo». También valoró sus palabras en sede judicial, asegurando que dimitiría si se lograba probar algo.
Aldama desveló el pasado 21 de noviembre al juez que entregó un sobre con 400.000 euros en efectivo a Ábalos en concepto de comisiones y otros 250.000 euros a su asesor. Esa última cifra se habría dividido entre varias personas, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que asegura haber entregado 25.000 euros, y el jefe de Gabinete de Montero, al que afirmó haber dado otros 15.000 euros.
El empresario basa sus acusaciones en las reuniones que Koldo García anotó en su agenda con ambos. Aldama también subrayó que Torres había pedido 50.000 euros por sus gestiones durante la pandemia, aunque reconoció que nunca los recibió. Los socialistas ya le pidieron que se retractara a través de una demanda de conciliación, paso previo a la querella.
