El juez pide a la UCO que recupere todos los mensajes borrados en el móvil del fiscal general
En un auto, el juez Ángel Hurtado también pide que se soliciten «los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas»
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, solicita a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que «informen sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantáneas que pudieran haber existido asociadas a los números» de teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así lo plasma en un auto, dictado este martes 7 de enero, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El instructor también expone que debe solicitarse a las operadoras telefónicas Movistar y Vodafone «los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas» en los dos teléfonos móviles del fiscal general. Esta resolución llega en relación con el informe en el que la UCO analiza los números de teléfono e IMISI/IMEI (identificadores) asociados a las tarjetas del dispositivo telefónico incautado a García Ortiz durante el registro efectuado en su despacho el pasado 30 de octubre. Los agentes indican que «el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas».
En dicho oficio de la Jefatura de Policía Judicial de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica (UCO) de la Guardia Civil, los investigadores analizan dos números de teléfonos intervenidos en el registro realizado en el despacho del fiscal general del Estado. Uno de los dispositivos estaba a nombre Álvaro García Ortiz, dado que era su número personal, y el otro –el profesional– consta como titular la dirección general de Racionalización y Centralización de la Contratación, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cambió de teléfono
Sin embargo, los agentes han podido determinar que el 23 de octubre, ocho días después de que el Supremo abriese una causa contra García Ortiz y una semana antes de que los investigadores registraron el despacho del fiscal general, éste cambió de teléfono. La proximidad de estas fechas ha llevado a los investigadores a sospechar que el fiscal general pudo haber cambiado de teléfono por «temor» tras la apertura de una causa que lo implicaba o, más probablemente, tras recibir un «chivatazo» sobre el inminente registro, lo que habría alertado a García Ortiz sobre la incautación de sus dispositivos móviles, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que los agentes se inclinan por la segunda opción, es decir, que García Ortiz habría sido advertido previamente.
El hecho de que cuando los agentes de la UCO incautaron el terminal, el teléfono ya hubiera sido manipulado —con pruebas borradas— refuerza la sospecha de que el fiscal general estaba al tanto de la operación. Tras el volcado del contenido del dispositivo, la UCO no halló ninguna comunicación entre García Ortiz y sus subordinados entre el 8 y el 14 de marzo, aunque un informe previo muestra que existieron al menos una veintena de conversaciones, principalmente con Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid.
Borrado de mensajes
En este último informe que la UCO ha remitido al Alto tribunal se dice que no se han encontrado conversaciones en los dispositivos incautados. Eso a pesar de que García Ortiz se cruzó mensajes con Rodríguez, según evidencia el análisis de los terminales incautados por la Guardia Civil a la fiscal jefe de Madrid. También se comunicó con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que aportó los mensajes al inicio de la investigación y acudió a declarar como testigo.
Este escenario concuerda con las acusaciones que realizó el fiscal del Supremo Salvador Viada, que aseguró haber visto a García Ortiz «revisando» su teléfono móvil junto a su número dos el mismo día en que los agentes registraban su despacho. Viada ratificó su versión el pasado 10 de diciembre.
