Los juristas acusan al PSOE de hacer una ley de impunidad 'ad hoc' para el entorno de Sánchez

El PSOE busca poner coto a las acusaciones populares. Las mismas que han motivado las investigaciones contra Begoña Gómez y David Sánchez. Todas las asociaciones de jueces, incluidas las afines a la izquierda, han mostrado su rechazo a la proposición de ley que han presentado los socialistas este viernes en el Congreso porque está diseñada «con nombres y apellidos». Una finalidad en la que coinciden los juristas consultados por THE OBJECTIVE, que aseguran que la iniciativa está hecha a medida para buscar la impunidad del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La proposición de ley del PSOE toca cuatro frentes. El apartado más polémico tiene que ver con la limitación de la acción popular. Los socialistas quieren impedir que los partidos políticos y sus asociaciones se personen. Otra de sus pretensiones pasa porque se inadmitan las querellas basadas en recortes de prensa, lo que habría impedido investigar el caso Bárcenas o Gürtel, que acabó con una sentencia condenatoria contra el PP. En tercer lugar, buscan recusar a aquellos jueces que se pronuncien políticamente. Y por último, eliminar los delitos de ofensas religiosas.

Todas las asociaciones judiciales critican la propuesta del PSOE sobre la acusación popular. Incluso Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), tradicionalmente afín a la izquierda, ha levantado la voz. «No estamos de acuerdo con que se prive a los partidos políticos de intervenir como acción popular ni que no puedan intervenir en la fase de instrucción», ha explicado su portavoz, Edmundo Rodríguez. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), critica que todos los partidos han hecho «un uso abusivo de la acción popular, también el PSOE».

Los planes del PSOE

Del Barco sostiene que los partidos han utilizado la acción popular como «un instrumento contra el adversario político», aunque esto también ha tenido un aspecto positivo porque «ha permitido la condena por delitos relacionados con la corrupción política (…) ante la inacción del Ministerio Fiscal». Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) confirma esa tesis, aunque considera que la restricción «es contraria al espíritu de asociación española que ha previsto la acción popular».

«Estamos hablando de una reforma que parece que se hace con nombres y apellidos de causas concretas que afectan directamente al PSOE», insiste Portillo. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también denuncia que la propuesta parece diseñada a medida de determinados casos de corrupción que cercan al Gobierno.

El portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, subraya que la proposición de ley incorpora una disposición transitoria única que dejaría sin efecto los procesos abiertos, lo que «afecta gravemente a la exigencia de que no se puede legislar sobre casos ya en curso». Los tribunales cercan al entorno del líder del PSOE. Un juzgado de Madrid investiga a su esposa y otro hace lo propio contra su hermano en Badajoz. También está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el Ejecutivo ha mostrado su confianza.

«La proposición de ley del PSOE se aplicará a los procesos en curso. El objetivo es claro: acabar con la investigación contra la mujer y el hermano del presidente y expulsar a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) como acusación en el procedimiento seguido contra el fiscal general. Una ley de impunidad ad hoc», ha escrito en redes sociales la abogada Guadalupe Sánchez. Alfredo Arrien, penalista de Paredes & Asociados, considera que «todo lo que sea limitar el acceso a la justicia es un error».

«Una autoamnistía»

Una opinión similar a la que defiende María de la Torre, penalista en Govcom Abogados, para quien la iniciativa del PSOE «desmonta por completo la acción popular». La experta asegura que «llama mucho la atención» el momento en el que se plantea la reforma, puesto que «no es fruto de una discusión doctrinal ni se está planteando en un momento en el que su figura no sea relevante, sino todo lo contrario».

«Nunca he ocultado que soy partidario de limitar la acusación popular para evitar abusos. Pero una cosa es limitarla razonablemente (prohibirla a partidos políticos, por ejemplo) y otra cosa convertir su reforma en una autoamnistía ad hoc. Lo que se pretende es totalitarismo», ha subrayado el prestigioso penalista José María de Pablo en su perfil de X.

Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros, considera que la reforma «da un paso más en la determinación de un sistema de impunidad. Una vez más, el PSOE de Sánchez pretende privilegiar a políticos, familiares y afines, dotándolos de una posición procesal que los blinda de facto». En su opinión, acabar con la acción popular afecta «gravemente» la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución. Pero no todos los juristas abjuran de ello.

Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, considera que la reforma del PSOE está hecha «con nombre y apellidos», pero muestra su conformidad con apartar a los partidos políticos de la acción popular, algo que ya apuntó la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. En su opinión, estas formaciones «solo contaminan el proceso». En cambio, cree desproporcionado que las acusaciones populares deban demostrar interés público porque «desvirtúa» su función.

Críticas a la técnica legislativa

Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), defiende que la reforma que propone el PSOE «va en la dirección correcta, la de restringir el acceso a la acción popular a casos relacionados con intereses generales. La acción popular es una anomalía en comparación con otros sistemas jurídicos del entorno y lo menos que puede hacerse con ella es reducir su ámbito de operatividad».

«Me parece un acierto eliminar la posibilidad de que puedan ejercerla los partidos políticos, dada la distorsión que esto puede producir en el sistema penal, de lo que hay muchas pruebas. También es cierto que llama la atención que no haya habido una iniciativa política para hacer esta reforma hasta este momento y que esta proceda de un partido con su líder involucrado en una causa judicial, en vez de promoverse mediante un proyecto de ley», insiste Tamarit.

Precisamente la fórmula elegida por el Gobierno ha soliviantado a la oposición y a los juristas. Al optar por la proposición de ley, eluden la obligación de los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Consejo de Estado y Consejo Fiscal que requeriría el proyecto, aunque sus conclusiones no son vinculantes. Oliva, portavoz de la AJFV, señala que el PSOE ha optado por «la peor de las técnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definición ha de tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro».

Los más críticos con la iniciativa han sido las asociaciones que ejercen las acusaciones populares en los procedimientos en curso. Hazte Oír, que fue la primera en denunciar a Begoña Gómez, acusa a los socialistas de preparar una reforma «por un solo motivo: la impunidad del PSOE y los suyos». La organización que preside Ignacio Arsuaga considera que la proposición de ley tiene su origen en el «cerco judicial» que afecta a Sánchez y a sus familiares. En su opinión, se trata de «una reforma a medida» y de «una auténtica ley mordaza».

«La proposición supone de manera clamorosa la restricción de un derecho recogido en el artículo 125 de la Constitución», lamenta Manos Limpias, la primera acusación que se personó en el caso del hermano de Sánchez. La organización considera que modificar dicho precepto con una ley orgánica «es un fraude de ley». En su opinión, las denuncias no van acompañadas de recortes de prensa, ya que se trata de notitia criminis «que deben ser investigadas». Alexis Aeneas, abogado de Liberum, denuncia que la reforma del PSOE «cercena» sus derechos fundamentales e intenta «amordazar» a la acción popular.