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Un tercio de la cúpula fiscal pide a García Ortiz que dimita «por el bien de la institución»

Los firmantes aseguran que dejar el cargo «no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad»

Un tercio de la cúpula fiscal pide a García Ortiz que dimita «por el bien de la institución»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto

Trece de los 35 miembros de la Junta de Fiscales de Sala han solicitado formalmente la dimisión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La petición surge después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga a García Ortiz por presunta revelación de secretos —una denuncia interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, se encontrara con la negativa del fiscal general a responder a sus preguntas.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales afirman que «desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que vuestra excelentísima comunicó su decisión de continuar con el desempeño del cargo de fiscal general del Estado, se han producido hitos en la causa (…) que hacen imprescindible —por el bien de la Institución que dirige y de los miembros que la integran— su renuncia a dicho cargo«.

Entre los firmantes figuran las ex fiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra, esta última integrante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que también formaba parte García Ortiz. También suscriben la carta el ex jefe de Anticorrupción Manuel Moix, los fiscales del procés Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, así como la jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán. Otros fiscales de sala adheridos al documento son Francisco Moreno, Javier Huete —quien recibió a García Ortiz en el Supremo el día que declaró—, Pilar Martín, José Miguel de la Rosa, Elvira Tejada y Antonio Narváez.

Los firmantes subrayan que la renuncia del fiscal general no implicaría «asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad» y que mantendría «intacta» su presunción de inocencia. No obstante, argumentan que su permanencia en el cargo «provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía». Advierten que la situación está afectando gravemente la imagen del Ministerio Público, lo que genera una «merma de la confianza de la ciudadanía» y un «desánimo» entre los fiscales.

Comparecencia de García Ortiz en el Supremo

Asimismo, los firmantes critican que García Ortiz, en su comparecencia ante el Supremo, optara por no responder al magistrado instructor. «Es impropia de un Estado Democrático de Derecho», afirman, y añaden: «Puede hacerlo como investigado Álvaro García Ortiz, nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial, sigue representando al Ministerio Fiscal, entre cuyas funciones se encuentra la de ‘velar por la independencia de los tribunales'».

La controversia se originó el pasado miércoles, cuando García Ortiz se acogió a su derecho a responder únicamente a su abogado durante la declaración ante el juez Ángel Hurtado. Según fuentes cercanas, el fiscal general consideró que su derecho de defensa fue vulnerado por el registro en su despacho y la denegación de varias diligencias solicitadas, como la comparecencia previa de González Amador.

En el documento, los firmantes concluyen que «el avance de la instrucción de la causa» ha superado «las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal». Además, califican de «insólita» la situación procesal en la que se encuentra la fiscal actuante en la causa. «Los escenarios procesales a los que está obligando a transitar a la Fiscalía son claramente reveladores de la necesidad de su dimisión», sostienen.

Por último, los fiscales afirman que, para preservar la integridad de la institución, García Ortiz debe renunciar. «En esta tesitura, en un Estado de derecho, no cabe otra decisión», recalcan.

Tras la difusión de la carta, fuentes cercanas al fiscal general manifestaron su «absoluto respeto» al proceso judicial y enfatizaron que «factores externos» no deberían interferir en el desarrollo del mismo.

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