La Audiencia pide a Francia más información sobre Pegasus tras el espionaje a Sánchez
Calama vuelve a reclamar a Israel que informe sobre el programa con el que se habría espiado también a tres ministros
Pedro Sánchez. | Alberto Ortega (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado emitir una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con Pegasus. La intención es realizar un intercambio de información y conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno del software con el que se espió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a tres ministros. El magistrado también ha vuelto a reclamar a Israel que informe sobre el asunto y la declaración testifical del CEO de la compañía para identificar a los autores.
Calama ha acordado ambas diligencias en el marco del conocido como caso Pegasus, la investigación abierta a raíz de la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles de Sánchez y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Calama explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional ponen de manifiesto que el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control.
Israel y Pegasus
El magistrado considera que, técnicamente, es imposible afirmar nada sobre la naturaleza de la información a la que hayan podido tener acceso los atacantes. El Centro Criptológico Nacional también sostiene que el uso de software de tipo spyware comercial hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas.
Con tales premisas, indica el auto, los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa.
Calama considera que el avance de la investigación requiere llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas, y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno de Pegasus, y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
El magistrado también ha enviado una nueva comisión rogatoria a Israel con el fin de que facilite la información requerida en una primera comisión rogatoria enviada en mayo de 2022, una posterior ampliación y un recordatorio que no han obtenido respuesta de las autoridades de aquel país. El juez considera que resulta «imprescindible» para determinar la identidad de los autores de los hechos que Israel facilite la información requerida a la mercantil NSO Group y la declaración testifical de su CEO, quien se encuentra en territorio israelí.
Origen del caso
El instructor indica que, en cumplimiento de los Convenios, Protocolos y Acuerdos vigentes en materia de asistencia penal, Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa. Por último, en una providencia, el juez acuerda dar traslado a las autoridades judiciales de Francia de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional-CNI para que, a la vista de su contenido puedan interesar, en su caso, una información complementaria.
El origen del caso Pegasus se remonta a abril de 2022, cuando un laboratorio de la Universidad de Toronto denunció el espionaje de al menos 65 teléfonos pertenecientes a figuras políticas catalanas, sus familiares, abogados y representantes de la sociedad civil vinculadas al independentismo catalán. Semanas más tarde, se descubrió que también habían sido espiados activistas, entre ellos defensores de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El Gobierno reveló en mayo de 2022 que habían intervenido los teléfonos de Sánchez y tres ministros.
El Gobierno presentó una querella ante la Audiencia Nacional. Calama archivó el caso de forma provisional en julio de 2023 por la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel. A pesar de las trabas, el magistrado reabrió la causa el pasado abril, tras recibir nueva información de las autoridades francesas. Unos meses antes, el Congreso creó una comisión de investigación. Robles compareció en mayo y aseguró que la información sustraída no afectó a la seguridad nacional.