La UCO alerta del auge de fraudes del fuel tras 10 investigaciones como la que cerca a Aldama
En los procedimientos de los últimos años aparecen de manera recurrente «individuos y sociedades reincidentes»
El empresario Víctor de Aldama y un agente de la Guardia Civil. | Ilustración de Alejandra Svriz
Los fraudes en el sector de los hidrocarburos están en auge. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alerta de que en los últimos años ha participado en 10 investigaciones como la que cerca al empresario Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas. En esos procedimientos aparecen recurrentemente «individuos y sociedades reincidentes». Existen cinco causas abiertas en la Audiencia Nacional, pero también se dirimen casos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial del Málaga, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE. Los investigadores cifran el agujero a las arcas públicas en más de 1.000 millones de euros.
El último episodio en los fraudes del sector de los hidrocarburos ha tenido lugar esta semana. La UCO ha realizado una operación de entrada y registro en distintos inmuebles por orden del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El juez investiga una supuesta estafa en la cuota del IVA que superaría los 184 millones de euros. Fuentes de la investigación señalan que hay investigadas 22 personas y 34 empresas; las principales, Omega Fuels y R5 Energía Power.
Calama abrió diligencias el año pasado, aunque las pesquisas han permanecido secretas hasta la fecha. En esa situación se encuentran la mayoría de las causas, excepto la investigación sobre la operadora vinculada a Aldama. El Juzgado Central de Instrucción número 5, que lleva el caso, levantó el sumario el pasado 16 de enero, tras acceder al móvil del comisionista. El juez Santiago Pedraz investiga a una docena de personas por un presunto fraude de 182 millones de euros que la UCO elevó hace dos semanas a 231 millones.
Los contactos de Aldama
En uno de los atestados incluidos en el sumario del caso que asedia a Aldama, la UCO revela que en la última década ha detectado «numerosas organizaciones criminales especializadas en operar en el sector de los hidrocarburos, dando lugar a la apertura de varios procedimientos, principalmente en la Audiencia Nacional». Los investigadores precisan que la unidad ha participado en los últimos años en un total de 10 procedimientos.
«Las presuntas organizaciones criminales aparejadas a estos procedimientos habrían defraudado millones de euros, circunstancia que aporta a esas estructuras criminales no solo poder económico, sino influencia social y capacidad corruptora», insiste la UCO en dicho informe. En el caso de Aldama, subraya que la red prosperó gracias a los contactos del comisionista. Los agentes explican que el caso Koldo, por el que fue detenido en febrero del año pasado, permitió identificar su vinculación con cargos políticos «del Gobierno y del PSOE».
Aldama habría recurrido a la mediación del exministro José Luis Ábalos para que Villafuel obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos. El título lo otorga el Ministerio de Transición Ecológica. El asesor del que fuera número tres del PSOE, Koldo García, les habría abierto las puertas de los ministerios con varias reuniones.
En uno de esos encuentros, que tuvo lugar en enero de 2021, los socios del comisionista fueron recibidos por el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart. La trama logró la licencia de hidrocarburos meses más tarde y habría cometido el fraude entre noviembre de 2022 y febrero del año pasado, según acredita la Agencia Tributaria.
Nuevas estructuras societarias
La investigación posterior constató «numerosos encuentros con personas vinculadas a entornos societarios complejos e investigados en otros procedimientos similares, determinando que las reuniones se encuadrarían dentro de la conformación de nuevas estructuras societarias» que tendrían como objetivo «dar soporte y continuidad» al fraude. El informe de la UCO destaca que los procedimientos que se inician se alargan en el tiempo por su complejidad.
En todos ellos «aparecen recurrentemente individuos y sociedades reincidentes en este tipo de delitos, que presuntamente defraudan cantidades millonarias sucesivamente a lo largo de los años». De hecho, Claudio Rivas ya estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional antes de que estallara el caso de Villafuel. El socio de Aldama está citado a declarar el próximo 26 de febrero ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 por su actuación en la empresa Gaslow durante 2020 y 2021.
Los investigadores cuantifican en 136 millones de euros el presunto fraude cometido por Gaslow, una empresa que actuó como semilla de la posterior estructura que montó Rivas con ayuda de Aldama. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también investiga al Grupo Buran, actualmente en liquidación, por un presunto fraude de 133 millones. El holding consiguió sobrevivir en julio de 2020 a la inhabilitación de la joya de la corona tras la aparición de la empresa Marillion.
Otro de los casos que instruye la Audiencia Nacional es el de Nafta, por el que fueron detenidos el expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra y su hijo. Parra está acusado de defraudar 12 millones de euros a la Hacienda Pública por la venta de hidrocarburos en el ejercicio 2020. El investigado es, además, el principal procesado en otra causa que se instruye en la Audiencia Provincial de Málaga, explican a este diario fuentes jurídicas.
El caso Villafuel
Los responsables de la petrolera Hafesa serán juzgados a partir del próximo mayo por un presunto fraude fiscal con el IVA de los hidrocarburos que supera los 184 millones de euros. Están imputados el propietario del grupo, Alejandro Hamly; una filial del conglomerado, Hafesa Energía; y una decena de empresas más. No obstante, el más mediático es el caso de Villafuel, que instruye el juez Pedraz.
Los profesionales del sector indican que el mundo del petróleo hay muchos negocios. El principal es el del operador de hidrocarburos. En la actualidad existen unos 78, aunque llegó a haber 200. Para serlo, hasta mediados del año pasado solo se necesitaba una licencia que otorgaba el Ministerio de Transición Ecológica y que permitía importar crudo e inyectarlo en el depósito fiscal para venderlo. Mientras se encuentre en el depósito, la operadora no paga ningún impuesto, pero cuando se sale para vender a un distribuidor (principalmente gasolineras) hay que liquidarlos.