El Supremo tumba la estrategia de Ábalos de declarar la guerra a la UCO
Esta unidad de la Guardia Civil seguirá investigando al exministro después de que el juez haya rechazado su recurso
José Luis Ábalos abandona el Supremo tras declarar este jueves. | Fernando Sánchez (Europa Press)
El Tribunal Supremo tumba la estrategia de José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente rechazó este jueves un recurso del exministro en el que se oponía a que la Unidad Central Operativa (UCO) fuese designada como policía judicial del caso Koldo. El antiguo secretario de Organización del PSOE ya había denunciado a este Cuerpo de élite de la Guardia Civil por «interceptar correspondencia privada» y vulnerar sus derechos al interceptar una llamada telefónica con su asesor sin que estuviese investigado. Las acusaciones populares consideran que la maniobra no es baladí y que este señalamiento busca anular la parte de la causa que le atañe.
Ábalos compareció este jueves por segunda vez en el Supremo, esta vez ya con la condición de investigado por tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal. El exministro, al que el juez ha retirado el pasaporte, solo respondió las preguntas de Puente y de su abogado. La Fiscalía descartó hacer preguntas.
Durante su declaración, que apenas duró 40 minutos, Ábalos se quejó de las filtraciones del caso, calificándolas como graves. Unas horas antes, este diario desveló que había escogido a través de un catálogo de prostitutas a Jésica, la joven estudiante de Odontología que le acompañó en diversos viajes y a la que habría colocado en dos organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes, del que fue titular entre junio de 2018 y julio de 2023.
La queja de Ábalos
«Esa filtración solo puede venir de quien tiene el material», señaló Ábalos, apuntando de forma velada a la UCO, encargada de la investigación. El exministro afirmó al juez que le perturbaba que se filtrara su intimidad, pero Puente le recriminó que él mismo concediera entrevistas. Esta no es la primera vez que el antiguo número dos de los socialistas desvía el foco hacia los investigadores.
El pasado diciembre, días después de su primera declaración ante el Supremo, entonces voluntaria, anunció que había presentado una denuncia contra la UCO por haber «interceptado una comunicación personal» cuando aún no estaba oficialmente investigado. Como diputado está aforado y el Congreso debe aceptar el suplicatorio a petición del juez, algo que sucedió a finales de enero. También se quejó de que los agentes hubiesen intervenido sus conversaciones privadas.
La realidad es que la UCO tenía pinchado el teléfono de su asesor, lo que le permitió captar una conversación clave con Ábalos. La charla reveló que Koldo García se comprometía a enviarle una documentación que previamente había recibido del entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez. La información se trasladaría a través de Joseba García, hermano del hombre de confianza del exministro. Para ello se establecería una cadena de entrega.
Joseba García viajó de Madrid a Valencia el 4 de noviembre de 2023. La entrega estaba prevista en el domicilio del exministro. Sin embargo, durante el trayecto, la Guardia Civil interceptó la furgoneta en la que viajaba. En el registro, los agentes localizaron un sobre que llevaba en la parte delantera a nombre de «José Luis Ábalos Meco». Según denunció el actual diputado del Grupo Mixto, estaba cerrado y tenía el sello oficial del Ministerio de Transportes.
Los documentos de Joseba
Ábalos aseguró que los agentes abrieron el sobre y fotografiaron su contenido, extremo que descarta el atestado policial. Entre la documentación se encontraba una resolución de Transparencia sobre las mascarillas que compró Transportes al inicio de la pandemia, informes técnicos y la identificación de los responsables de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión. También se encontraba un informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos.
El exministro subrayó la gravedad de lo ocurrido, ya que tras el registro, la UCO continuó con la vigilancia a Joseba García hasta su domicilio. Los agentes observaron cómo accedía al inmueble de Ábalos con el sobre y como posteriormente salía del edificio sin él. También denunció que los agentes le tomaron fotografías al salir y a su coche, cuya titularidad fue verificada en bases de datos policiales.
El pasado 4 de febrero, el juez que investiga a Ábalos en el Supremo dictó un auto en el que designaba a la UCO como policía judicial del caso Koldo. Puente le requirió un informe sobre la situación económica y patrimonial del exministro y de su hijo Víctor. También citaba a declarar a 17 testigos y reclamaba a Transportes una serie de documentos para aclarar si Jésica había acompañado al exministro en sus viajes y la identidad de los responsables de su contratación en Ineco y Tragsatec.
El actual diputado del Grupo Mixto recurrió el auto. Entre otros motivos, se oponía a que el magistrado hubiese designado a la UCO como policía judicial pese a que la había denunciado «en tres ocasiones por vulneración de sus derechos fundamentales y por una pretendida revelación de secretos». En opinión de Ábalos, esta unidad de la Guardia Civil se habría «extralimitado» en sus funciones, por lo que pedía que fuese la Policía Nacional quien asumiera la investigación.
La batalla de Ábalos contra la UCO viene de atrás. El pasado julio, el exministro pidió a la Fiscalía que investigara a los responsables de una supuesta revelación de secretos sobre él y personas de su entorno, entre ellas su antigua pareja sentimental, Jésica Rodríguez. El exdirigente socialista, que entonces no estaba imputado, alegó que estaba sufriendo una investigación prospectiva. Incluso planteó que un juzgado madrileño citara a los agentes que habían realizado los informes incluidos en el sumario del caso Koldo.
