Bolaños oculta el coste de la defensa de Irene Montero en el pleito con el ex de María Sevilla

Irene Montero tuvo que indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, el hombre al que se refirió como «maltratador» de forma implícita. La Abogacía del Estado asumió su defensa, por lo que la exministra de Igualdad no tuvo que desembolsar ni un solo céntimo de su bolsillo. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rechaza facilitar el coste que tuvo para las arcas públicas el litigio contra el ex marido de María Sevilla, condenada por secuestrar al hijo de ambos. El departamento que lidera Félix Bolaños considera que el acceso a ese dato necesita de una acción previa de reelaboración, lo que justifica negar la información.

THE OBJECTIVE ha solicitado a través del Portal de Transparencia conocer el coste que ha tenido para las arcas públicas la defensa de Montero. Una información que ha rechazado el departamento que dirige Bolaños invocando un precepto de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El apartado c del artículo 18.1 establece la posibilidad de inadmitir a trámite aquellas peticiones para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

«Este centro directivo considera que la solicitud de acceso incurre en la citada causa de inadmisión, dado que la información requerida no existe como tal y, en consecuencia, la obtención de la misma conllevaría la necesidad de efectuar una labor de reelaboración, no siendo a tal efecto suficientes meras operaciones de constatación y adición de datos previamente disponibles», señala el departamento de Bolaños a través de la Abogacía del Estado.

Montero y la Abogacía del Estado

La resolución establece que los tribunales de justicia también han analizado esta causa de inadmisión. Cita una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 3 de marzo de 2020 que niega la información cuando «la acción previa de reelaboración, en la medida que se anuda a su concurrencia tan severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que los datos y documentos tengan un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, como pueda ser que la documentación no se encuentre en su totalidad en el propio órgano que se solicita».

«En el caso que nos ocupa, alcanzamos la misma conclusión que en el precedente señalado. La obtención de la cuantía económica que supone a la Abogacía General del Estado la defensa de la Sra. Montero (igual que la que supondría la de cualquier funcionario público) supone una auténtica labor de reelaboración», insiste en la respuesta del Portal de Transparencia.

El texto esgrime que, obtener la información relativa al coste del procedimiento de Montero, obligaría a la Abogacía del Estado a diferenciar entre las actividades consultivas y las estrictamente contenciosas. Y, dentro de estas últimas, cuáles se refieren a la defensa de funcionarios «siendo esta división ya cuestionable a la hora de obtener los costes, pues ambos ámbitos de actividad están intrínsecamente unidos, pues no en vano, la interposición de todo recurso lleva una actividad de preparación en el ámbito consultivo».

La respuesta del departamento que dirige Bolaños subraya que la estructura organizativa de la Abogacía del Estado imposibilita la obtención de cualquier dato «siquiera aproximado». Explica que este órgano se reúne en 52 unidades independientes (una por provincia) y que ejercen «una doble función contencioso-consultiva» que dificulta la tarea porque supone «una actividad de reelaboración que va más allá de lo exigible».

Indemnización de 18.000 euros

El nombre de Rafael Marcos saltó a los medios de comunicación después de que anunciara que recurriría el indulto que el Gobierno concedió a María Sevilla, la madre de su hijo. La que fuera presidenta de la asociación Infancia Libre fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores y a la retirada de cuatro años de la patria potestad de su hijo tras darse a la fuga con el menor en 2017 para impedir que mantuviera contacto con el padre, al que acusó falsamente de haber abusado sexualmente del niño.

Montero respaldó a Sevilla, que asesoró a Podemos y participó en sesiones en el Congreso y en la Asamblea de Madrid. La exministra fue condenada por el Supremo en junio de 2023 a indemnizar a Marcos con 18.000 euros y a pagar las costas del juicio tras presentarle falsamente como maltratador. La Sala de lo Civil estimó parcialmente el recurso del afectado, que reclamaba una reparación de 85.000 euros al entender que las palabras de la actual eurodiputada supusieron un atentado «contra la reputación personal» del demandante.

La dirigente de Podemos aseguró en un acto público en mayo de 2022, tras el indulto que el Gobierno concedió a Sevilla, que esa decisión suponía proteger «a las madres protectoras» que solo buscaban «defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores», aunque no se refirió implícitamente a Marcos. Además de la indemnización económica, el fallo obligó a Montero a publicar la sentencia en la red social X y a borrar un tuit con sus declaraciones en vídeo.

El Tribunal Constitucional ya desestimó a finales de 2023 admitir a trámite el recurso de amparo que presentó Montero para zafarse de la condena impuesta por vulnerar el derecho al honor del ex de María Sevilla. La exministra solicitó sin éxito a través de la Abogacía del Estado suspender la ejecución forzosa del fallo por cuestiones de «prudencia».