Multan con 800 euros a Iustitia Europa por la querella contra el cierre de Telegram
La formación recurre y denuncia que el Supremo busca «la expulsión de las acusaciones populares en el proceso penal»
El juez Santiago Pedraz. | Europa Press
El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 800 euros a Iustitia Europa (IE) por la querella que interpusieron contra el magistrado Santiago Pedraz Gómez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por haber ordenador el cierre de la red social Telegram en marzo de 2024. Desde IE han asegurado que van a recurrir.
El juez Pedraz ordenó el bloqueo cautelar de Telegram el pasado 22 de marzo de 2024, en el contexto de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. Sin embargo, tres días más tarde, el 25 de marzo de 2024, modificar la resolución judicial y revocar esta orden.
Desde Iustitia Europa consideraron que el auto que decretó el cierre de la plataforma «no llevó a cabo un análisis adecuado del conflicto entre derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información, en detrimento de intereses privados de la propiedad intelectual». Es decir, que «estando en juego derechos fundamentales, estos fueron privados sin el correspondiente test de proporcionalidad».
Es por la «gravedad» de estos hechos que IE interpuso una querella ante el Tribunal Supremo y una posterior ampliación por la modificación de la resolución judicial «al considerar que existían indicios racionales de la supuesta comisión del delito de prevaricación judicial».
Ahora, ante esta nueva sanción a Iustitia Europa por lo que consideran «el ejercicio legítimo de la acción penal», han asegurado que van a agotar «todas las vías nacionales e internacionales» para que el Supremo rectifique. Además, han advertido que esta multa sienta «un peligroso precedente» para «restringir el derecho de los ciudadanos a exigir responsabilidades a los jueces cuando estos puedan dictar resoluciones arbitrarias o injustas».
Iustitia Europa ha denunciado que, con el debate sobre las acusaciones populares tan candente ahora mismo, «esta multa no hace más que corroborar que se está intentando por todos los medios el silenciar a la sociedad». «Además, la sanción impuesta carece de proporcionalidad, dado que no se ha acreditado la existencia de un perjuicio procesal real derivado de la interposición de la querella, ni se ha justificado de manera suficiente la cuantificación de la multa», han finalizado.
