La Justicia catalana mantiene el 25% de castellano en clase pese a la ley sin cuotas
El Govern aprobó en 2022 eliminar los porcentajes fijos en la enseñanza de las lenguas oficiales en Cataluña
Manifestación en defensa del español en Barcelona. | David Oller / Europa Press / ContactoPhoto
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha inadmitido los recursos presentados por la Generalitat que solicitaban revocar la obligación de impartir al menos un 25% de las clases en castellano en una docena de centros educativos, según explica EFE. El Govern alegaba la «imposibilidad legal» de mantener esa cuota tras la entrada en vigor de la Ley 8/2022, que eliminó los porcentajes fijos en la enseñanza de las lenguas oficiales en Cataluña.
En varias resoluciones, el TSJC ha rechazado los recursos de casación interpuestos por la Generalitat contra las sentencias que obligan a determinados colegios a impartir un porcentaje mínimo de clases en castellano. La argumentación del Ejecutivo autonómico se apoyaba en la nueva normativa educativa, aprobada en 2022, que sustituye los porcentajes por un sistema de evaluación individual de los centros, en función del uso de las lenguas en su contexto sociolingüístico. Sin embargo, el tribunal sostiene que los argumentos esgrimidos no bastan para invalidar sentencias firmes.
El caso forma parte de una larga batalla judicial y política sobre la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán. Desde hace décadas, el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza pública, con el castellano relegado a la asignatura de lengua y literatura española. Este modelo ha sido objeto de recursos judiciales por parte de familias y entidades que denuncian la falta de enseñanza en castellano. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del propio TSJC ha consolidado la doctrina de que los alumnos deben recibir al menos un 25% de la enseñanza en castellano, una exigencia que el Govern ha intentado esquivar con la aprobación de la Ley 8/2022.
Dicha ley, impulsada por el PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, suprime el uso de porcentajes lingüísticos en las aulas y reconoce el catalán como «lengua propia de enseñanza», aunque asegura el derecho a conocer el castellano. La norma está recurrida por Vox, Cs y PP ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto sobre su constitucionalidad.
Pese a la aprobación de la ley, el TSJC sigue aplicando las resoluciones que ordenaban garantizar el 25% de enseñanza en castellano en aquellos casos en que se haya dictado sentencia firme. Las familias que han solicitado el cumplimiento de estas resoluciones consideran que la Generalitat está incumpliendo las sentencias y reclaman su ejecución forzosa.
Este conflicto ha reavivado el debate político sobre el modelo de escuela catalana. Mientras el Govern defiende que la inmersión en catalán es fundamental para la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las asociaciones de defensa del bilingüismo y partidos de la oposición denuncian un «monolingüismo impuesto» que vulnera los derechos lingüísticos de los alumnos.
