Ábalos recrudece su guerra contra la UCO tras el error con su propiedad en Colombia
El exministro discrepa de que se trate de un fallo y vuelve a criticar las filtraciones porque «afectan a su intimidad»
Ábalos comparece en el Congreso tras denunciar a la Guardia Civil ante la Fiscalía en diciembre. | Fernando Sánchez (Europa Press)
Continúa la cruzada de José Luis Ábalos contra la Guardia Civil. El exministro ha aprovechado una rectificación de la Unidad Central Operativa (UCO) para poner a los investigadores en entredicho. Los agentes le descubrieron una propiedad en Colombia que cifraron en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros). Un día después matizaron que, en realidad, se trataba de 2,5 millones de pesos colombianos, unos 751 euros. El antiguo secretario de Organización del PSOE, que denunció a la UCO ante la Fiscalía y trató de impedir que actuara como policía judicial en el caso Koldo, rechaza que se trate de «un mero error» e insinúa ser víctima de una persecución.
El informe económico-patrimonial que encargó a la UCO el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga a Ábalos por la compra de mascarillas, desvela la propiedad del exministro en Colombia. Como ha reconocido él mismo en su perfil de X, se trata de un terreno rústico en la montaña que adquirió en 2003 y vendió sin construir una década más tarde.
La parcela, de 5.092 metros cuadrados, se encuentra en Tuluá, una localidad de la turística región del Cauca. Habría pagado por ella 751 euros, pero empleados de las inmobiliarias de la zona afirman a THE OBJECTIVE que las fincas de ese tamaño se encuentran por encima de los 190.000 euros. La rectificación de los investigadores no mitigó las críticas de Ábalos, que arremetió contra su párrafo final. La enmienda de la UCO subraya que el error en la cantidad no afectaba de forma «sustancial» la exposición del patrimonio del exministro.
El terreno de Ábalos
«No es solo un problema de monedas. Cualquiera que conozca el país sabe que estás hablando de cantidades imposibles», aseguró Ábalos el pasado jueves, durante una entrevista en La Sexta. E insistió: «Si uno tuviera una cierta inquietud o perspicacia en su labor de investigación no comete esos errores». El exministro explicó que la propiedad se encuentra a 94 kilómetros al norte de Cali y en una zona que, cuando la adquirió, sufría una gran inseguridad porque «había mucha actividad guerrillera y paramilitar».
Ábalos aclaró durante su intervención televisiva que vendió el terreno en 2013 «por el doble o algo más» de lo que lo compró porque las circunstancias del país «cambiaron enormemente». Eso sí, afirmó que la casa en construcción que aparece en las imágenes difundidas no es suya, sino de un vecino. También se refirió a la filtración del informe de la UCO: «Inexplicablemente llega a la prensa antes que a mi defensa y, por tanto, enturbia la instrucción del proceso judicial».
El exministro también se quejó de un nuevo ataque a su intimidad. «Ver que esto rompe toda la intimidad, ver incluso el nombre de mi hijo de 11 años, todos mis hijos retratados, es lo que más duele», señaló en Cuatro. Antes ya se había preguntado en redes sociales si el informe de la UCO tenía algo que ver con su gestión al frente del Ministerio de Transportes, después de que el documento detallara cómo su asesor Koldo García realizaba transferencias a los hijos de Ábalos o cómo ayudó a su pareja a gestionar un préstamo de 130.000 euros para comprar una vivienda.
«¿La investigación abarca toda mi vida? ¿Estamos o no estamos ante una causa general y una investigación prospectiva?», insistió Ábalos en redes sociales. El magistrado Puente designó a la UCO como policía judicial del caso Koldo el pasado 4 de febrero, el mismo día que solicitó el informe económico-patrimonial del exministro y de su hijo. El actual diputado del Grupo Mixto recurrió sin éxito la decisión al entender que esa unidad se habría «extralimitado» en sus funciones y solicitaba que la Policía Nacional asumiera la investigación.
Denuncia ante la Fiscalía
En diciembre ya denunció a la UCO ante la Fiscalía por «interceptar correspondencia privada» y vulnerar sus derechos al interceptar una llamada telefónica con su asesor sin que estuviese investigado (era necesario un suplicatorio del Congreso que llegó en enero). La realidad es que los agentes tenían pinchado el teléfono de su asesor, lo que les permitió captar una conversación clave con Ábalos.
La charla reveló que Koldo García se comprometió a enviarle una documentación que había recibido del entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, también investigado por la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. La información se trasladaría a través de Joseba García a través de una cadena de entrega. El hermano del asesor del exministro viajó de Madrid a Valencia el 4 de noviembre de 2023.
La entrega estaba prevista en el domicilio del exministro. Sin embargo, durante el trayecto, la Guardia Civil interceptó la furgoneta en la que viajaba. En el registro, los agentes localizaron un sobre que llevaba en la parte delantera a nombre de «José Luis Ábalos Meco». Según denunció el actual diputado del Grupo Mixto, estaba cerrado y tenía el sello oficial del Ministerio de Transportes.
Ábalos aseguró que los agentes abrieron el sobre y fotografiaron su contenido, extremo que descarta el atestado policial. Entre la documentación se encontraba una resolución de Transparencia sobre las mascarillas que compró Transportes al inicio de la pandemia, informes técnicos y la identificación de los responsables de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión. También se encontraba un informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos.
La batalla de Ábalos contra la UCO comenzó en julio, cuando pidió a la Fiscalía que investigara a los responsables de una supuesta revelación de secretos sobre él y personas de su entorno como Jésica Rodríguez. Incluso planteó que un juzgado madrileño citara a los agentes que habían realizado los informes incluidos en el sumario del caso Koldo. En su segunda declaración en el Supremo, el 20 de febrero, el exministro volvió a quejarse de las filtraciones después de que este diario desvelara que había escogido a través de un catálogo de prostitutas a Jésica, la joven estudiante de Odontología a la que la trama pagó el alquiler de un lujoso ático en el centro de Madrid.
